Gatillo fácil en Entre Ríos: el jurado no se puso de acuerdo y habrá otro juicio
Se requería unanimidad para arribar a un veredicto y tras la deliberación se declaró estancado el debate; deberán convocar a otros 12 ciudadanos para definir, en un nuevo y definitivo proceso oral y público, la responsabilidad del policía Mauricio Gómez en el asesinato del ladrón Iván Pérez
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PARA LA NACIONPaola Robles Duarte
El primer juicio por jurados en Gualeguaychú se convirtió en el primero en la provincia de Entre Ríos en terminar sin una sentencia. Ahora será necesaria una nueva convocatoria para elegir otros 12 ciudadanos que, en un próximo debate, resuelvan el caso de presunto gatillo fácil que ayer, al no lograrse consenso pleno, quedó en suspenso.
La cuarta y última audiencia del juicio por jurados que buscaba establecer la responsabilidad del sargento Mauricio Gómez en el crimen de Iván Pérez, cometido en octubre de 2019, comenzó a las 8.30 y se prolongó hasta las 19 de ayer. Luego de escuchar los alegatos de clausura de las partes, los 12 vecinos de Gualeguaychú que integraban el jurado popular se reunieron a deliberar. Pero no lograron arribar a unanimidad en el veredicto, requisito que marca la norma vigente para dar por resuelta la disputa judicial.
Pese a la manifestación del jurado, el Ministerio Público Fiscal -encabezado por el fiscal Lisandro Beherán-, en acuerdo con el abogado querellante Pablo Di Lollo, sostuvo la acusación contra Gómez: homicidio calificado por el abuso de la función, y por el quebrantamiento flagrante del reglamento de la policía. En este contexto deberá realizarse un nuevo juicio popular sujeto a la agenda de la Oficia de Gestión de Audiencias (OGA) de Gualeguaychú.
Elvio Garzón, coordinador de los juicio por jurados en la provincia de Entre Ríos, explicó a LA NACION: “Al no lograrse un veredicto unánime, ya sea por la culpabilidad o la inocencia del imputado, y luego que la jueza Alicia Vivian convocara al jurado en presencia de las partes y pusiera a disposición la posibilidad de escuchar nuevamente a alguno de los testigos o la valoración de alguna de las pruebas exhibidas durante el debate, el jurado continuó en la misma posición, quedando estancado”.
“Al disolverse el jurado se tiene que realizar un nuevo sorteo, tanto de jurados como de juez. Luego se hará la audiencia de voir dire y después, el juicio. Si en esta nueva oportunidad el jurado se estanca, automáticamente el juez debe de absolver al imputado, concluyó Garzón.
Las partes no lograron convencer al jurado
La falta de unanimidad en el veredicto no tiene antecedentes en los juicios por jurados realizados hasta el momento en Entre Ríos, aunque integra una de las posibilidades previstas por la ley. La fiscalía y la querella sostuvieron que “los hechos fueron sobradamente probados” durante el debate, a la vez que denunciaron la estrategia de la defensa técnica en cuanto a la “demonización de la víctima” por su consumo problemático y sus antecedentes penales: “Acá no estamos juzgando a Iván Perez”, advirtió el querellante, a la vez que señaló al sargento Gómez como autor del crimen “bajo la total comprensión de sus actos”.
¿Cuáles fueron los puntos señalados por la parte acusatoria? Gómez tuvo que desactivar los seguros del arma reglamentaria que efectuó el disparo, ejercer la fuerza suficiente sobre el gatillo para accionar el mecanismo del arma para poder disparar; los testigos señalaron que no dio aviso previo, a la vez que quedó comprobado que fue solo uno el disparo efectuado a una distancia estimada de 90 metros -en una zona despejada, sin vegetación y con buena visibilidad- mientras la víctima huía dándole la espalda al sargento.
Del otro lado, la Defensa Técnica a cargo de Alfredo Vitale sentaba a Gómez en el estrado sin admitir preguntas, sosteniendo la hipótesis del disparo involuntario.
Pero de todas maneras, los testigos y los peritajes no convencieron a los jurados para establecer la culpabilidad o la inocencia con relación a los cargos que se le imputan a Gómez, y el juicio naufragó ante el espejo proyectado en la mirada dividida de la opinión pública de Gualeguaychú.
Por disposición de la jueza Vivian, Gómez llegará en libertad al próximo juicio por jurados, aunque con algunas restricciones:
- No podrá acercarse al barrio donde reside la familia de la víctima.
- No podrá tomar contacto – ni personalmente ni mediante redes sociales u otros medios- con el núcleo familiar de Pérez ni con los testigos de identidad reservada que brindaron testimonio en el marco de la causa.
- Tendrá que fijar domicilio.
- Deberá presentarse en Fiscalía a firmar cada 10 días.
Durante las audiencias, organismos de Derechos Humanos de Entre Ríos acompañaron el planteo de la familia de Perez. En el juicio declaró el titular del área de Derechos Humanos de la Municipalidad de Gualeguaychú, Matías Ayastuy, a la vez que se hizo presente en la última audiencia Mariano Przybylski, director nacional de Políticas contra la Violencia Institucional de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que consideró esta causa como un caso testigo.
“Acá no está en debate que un policía mató a una persona desarmada por detrás mientras iba corriendo, a 90 metros de distancia. Lo que se está discutiendo es si como sociedad estamos de acuerdo con que eso pase, si nos parece bien, si nos parece justo, o si vamos a poner un límite, a establecer que esto no está bien y que entonces le corresponde una pena a la persona responsable”, dijo el funcionario a R2820 Radio al aire de CNN Gualeguaychú.
La causa
El hecho ocurrió cerca de las 11 del 9 de octubre de 2019. Tras una denuncia por un robo en una vivienda del sur de Gualeguaychú, el móvil N°647 de comisaría 8a., ocupado por el sargento ayudante Juan Alberto Zapata y el sargento Javier Mauricio Gómez, fue hasta el lugar del asalto y, después de las indicaciones de los vecinos, comenzaron con la persecución del sospechoso, Iván Pérez.
En un determinado momento los policías detuvieron la marcha del vehículo y el sargento Gómez se bajó empuñando un arma de fuego: su pistola calibre nueve milímetros, arma reglamentaria asignada al funcionario por la Policía de Entre Ríos.
Según intentaron demostrar el Ministerio Público Fiscal y la querella durante los cuatro días de juicio, Gómez abusó del cargo policial –de manera injustificada y antirreglamentaria– efectuando el disparo que mató a Pérez. El sospechoso del robo tenía 24 años y estaba desarmado.
"Acá no está en debate que un policía mató a una persona desarmada por detrás mientras iba corriendo, a 90 metros de distancia. Lo que se está discutiendo es si como sociedad estamos de acuerdo con que eso pase, si nos parece bien, si nos parece justo, o si vamos a poner un límite, a establecer que esto no está bien y que entonces le corresponde una pena a la persona responsable"
Mariano Przybylski, director nacional de Políticas contra la Violencia Institucional de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación
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