Gatillo fácil en Córdoba. Comienza la investigación de las responsabilidades políticas por el crimen de Blas Correas

CÓRDOBA.- Después del juicio y las condenas a los 11 policías que participaron en el crimen del adolescente Blas Correas en Córdoba –perpetua para los dos que dispararon y penas de entre 2 y casi 5 años para otros 9 efectivos, por encubrimiento–, comienza una nueva etapa: la investigación de eventuales responsabilidades de los funcionarios del Ministerio de Seguridad y de las autoridades de la Policía de la provincia. El fiscal que estará a cargo del expediente, por sorteo, es José Mana, el mismo que instruyó la causa contra los policías.

La investigación de las responsabilidades políticas fue ordenada por los jueces de la Cámara Octava del Crimen durante el juicio que terminó hace un mes. El exministro de Seguridad Alfonso Mosquera, que será investigado por posible “abuso de autoridad y/o malversación de caudales públicos”, presentó un escrito ante el fiscal.

Mosquera, que ahora es legislador provincial por el oficialismo, pidió licencia en el cargo para afrontar la investigación. Había dejado el Ministerio en septiembre pasado, después de numerosos cuestionamientos a los resultados de su gestión, en la que, por ejemplo, hubo otros dos casos de “gatillo fácil” además del de Blas: los de Joaquín Paredes y Jonathan Romo.

En el texto presentado Mosquera afirmó “no haber incurrido jamás en una falta ética, moral o jurídicamente reprochable” en el ejercicio de su cargo. Se manifestó “a entera disposición del Ministerio Público Fiscal a fines de colaborar con todo aquello que sea necesario”.

Además de Mosquera, la Cámara del Crimen solicitó que se investigue a la actual jefa de Policía de Córdoba, Liliana Zárate Belletti, quien, al momento del crimen, era directora de Recursos Humanos de la fuerza. Es señalada por la posible omisión de sus deberes a su cargo, por fallar en la supervisión de las aptitudes del personal a su cargo.

Mana investigará también al excomisario mayor Gonzalo Cumplido por presunta omisión de deberes de funcionario público y encubrimiento. Cumplido recibió –por orden de Mosquera y de quien fuera su segundo como secretario de Seguridad, Lucas Mezzano (también investigado)– un Toyota Corolla y el reconocimiento de los gastos derivados de su uso.

El otro investigado es el comisario mayor Víctor Di Steffano, por el posible delito de abuso de autoridad, por acceder al control de cámaras de videovigilancia en la noche del crimen de Correas.

El fiscal también pidió abrir una causa por probable omisión de deberes de funcionario público de quienes integraban el Tribunal de Conducta Policial.

En la sentencia contra los policías, la Cámara del Crimen exhortó al Poder Ejecutivo provincial a que mejore “en forma urgente” la capacitación policial en el manejo de armas de fuego, la preservación de escenas del crimen y el trato con las víctimas.

Después de la sentencia, Mosquera dijo a La Voz del Interior que se había producido “un hecho inédito en el país, con 11 efectivos policiales condenados” y que “distinto hubiera sido si se hubiera procedido de esta forma con el crimen de [Mario] Sargiotti, el de Regino Maders, o con la matanza del banco Popular Financiero en Río Cuarto, cuyas verdaderas motivaciones jamás se investigaron ni se esclarecieron, ni tuvieron otros la valentía para admitir, en el caso Sargiotti, un claro hecho de violencia institucional, y hoy hacen politiquería repugnante con este crimen atroz, que no ha quedado impune”. También pidió que lo investiguen “sin dilaciones y a fondo”.

El hecho

Blas Correas fue asesinado el 6 de agosto de 2020 cuando, con unos amigos, volvían de comer una pizza en la zona de sur de la ciudad de Córdoba. Tuvieron un altercado con una moto, en la que iban dos hombres, y minutos después no frenaron en un control policial de dos patrulleros y varios agentes. En el retén habían recibido un alerta sobre la presencia de “seis sierras” (sospechosos). Los policías aseguraron que los motociclistas les habían contado de un presunto intento de robo. En el juicio, ambos desmintieron esa versión.

Los condenados a perpetua en el juicio, los policías Lucas Gómez y Javier Alarcón, declararon que cuando vieron acercarse el Fiat Argo le hicieron señas para que bajara la velocidad. Gómez, con una mano, le indicó al conductor que frenara y, con la otra, desenfundó el arma reglamentaria.

El joven que conducía aminoró la velocidad, pero después aceleró y siguió la marcha. En su declaración, afirmó que se “asustó” cuando vio al policía con el arma. Cuando el auto se alejaba, Gómez disparó y luego hizo lo mismo Alarcón.

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