Gatillo fácil en Barracas: investigan a una abogada de la Policía de la Ciudad que estuvo en la escena de un crimen

El 17 de noviembre pasado, a media mañana, dos de los amigos de Lucas González, el joven futbolista de Barracas Central asesinado por oficiales de la Policía de la Ciudad, todavía estaban esposados en el suelo cuando una mujer rubia “iba y venía todo el tiempo” y “daba vueltas alrededor del auto” donde viajaban la víctima y sus acompañantes cuando fueron atacados a balazos. Se trata de Verónica Andraca, abogada de División de Asuntos Penales y Contenciosos de la fuerza de seguridad porteña. Para el fiscal Leonel Gómez Barbella, que tiene delegada la investigación de los hechos, la presencia de la letrada en la escena del crimen tuvo la finalidad de “ayudar o asesorar legalmente” a los uniformados involucrados.

Así lo sostuvo el representante del Ministerio Público Fiscal en un dictamen en el que solicitó la detención de Andraca y su llamado a prestar declaración indagatoria. El pedido fue provisionalmente rechazado por el juez de instrucción en lo criminal y correccional porteño Martín del Viso, informaron a LA NACION fuentes judiciales. Para el magistrado el requerimiento es “prematuro”, a la luz de las pruebas actuales.

En tanto, desde el Ministerio de Justicia y Seguridad porteño destacaron que la asistencia de los letrados en este tipo de casos “es habitual” y que los abogados no forman parte de los procedimientos policiales, sino que concurren al lugar de los hechos para analizar si es plausible asesorar a los efectivos policiales en función de su actuación.

“No se entiende la causa por la cual una funcionaria de la División de Asuntos Internos y Contenciosos de la Policía de la Ciudad, con una experiencia de casi cuatro años y medio, tal como surge del Sistema Integrado de Recursos Humanos [de la fuerza de seguridad] y avezada en leyes del Derecho, específicamente en materia del Derecho Penal, se presente en el lugar y permanezca durante el tiempo que lo hizo durante la serie de conductas ilícitas que se llevaban a cabo allí. Su presencia únicamente se justifica en haberles brindado ‘ayuda o asesoramiento legal’ al resto de los encausados policías para poder realizar los hechos ilícitos, ocultando cualquier extremo que permitiera que fuesen descubiertos, y ante su amparo se permitieron semejantes sucesos”, sostuvo el fiscal Gómez Barbella en su dictamen, al que tuvo acceso LA NACION.

En su dictamen, el fiscal Gómez Barbella resaltó que mientras la abogada de la Policía de la Ciudad estaba en la escena de los hechos, no solo dos de los amigos de Lucas [que estuvieron detenidos hasta que se ordenó su liberación tras ser sobreseídos] estaban esposados en el suelo, sino que también “les fue ‘plantada’ el arma de cotillón [sic]” en el auto.

“Frente a ello, fácil es concluir que el rodado en cuestión no se encontraba resguardado de cualquier otra persona ajena al procedimiento, porque, claro está, la abogada referenciada se trataba de una funcionaria que, justamente por sus propias actividades, no debería permanecer en el sitio”, sostuvo el representante del Ministerio Público.

Si bien en el dictamen, a partir del testimonio de testigos, el fiscal sostuvo que la abogada vestía una pollera, las imágenes difundidas por el noticiero de canal 9 (elnueve) se la pudo observar que llevaba puesto un pantalón largo oscuro y una camisa de color claro.

Desde el Ministerio de Justicia y Seguridad porteño destacaron que la asistencia de los letrados en este tipo de casos “es habitual” y que los abogados no forman parte de los procedimientos policiales

Tras el rechazo del dictamen, el representante del Ministerio Público intentará encontrar nuevas pruebas de su hipótesis criminal para convencer al magistrado, dijeron los voceros consultados.

La respuesta del Ministerio

El pedido de detención e indagatoria fue una noticia inesperada en el Ministerio de Justicia y Seguridad porteño, donde están convencidos de que detrás del dictamen del fiscal Gómez Barbella existe una intencionalidad política.

“En Patricios [la sede del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad está situado en la avenida Patricios 1142, en Barracas] no tienen dudas de que el fiscal Gómez Barbella politizó la causa por el homicidio del joven futbolista con la intención de hacer ‘mérito’ para ganar el concurso para juez federal en Comodoro Py”, sostuvieron las fuentes consultadas.

Y agregaron: “La abogada cuya detención pidió el fiscal Gómez Barbella y que el juez Del Viso rechazó no es personal del Ministerio de Justicia y Seguridad porteño. Es personal civil de la Policía de la Ciudad y depende de la División Asuntos Penales y Contenciosos de la fuerza de seguridad, que cuenta con numerosos abogados. Esta División depende de la Dirección Autónoma de Asuntos Jurídicos de la Policía de la Ciudad. Este cuerpo interviene cuando un efectivo policial se ve involucrado en un hecho. Tiene como función el asesoramiento legal del uniformado, que puede optar por usarlo o no. La Dirección Autónoma de Asuntos Jurídicos, a través de la División Asuntos Penales y Contenciosos, asume la defensa técnica del personal afectado a causas judiciales radicadas en el fuero penal por hechos relacionados con el servicio y el ejercicio de la función policial. Según las normas de la Dirección Autónoma de Asuntos Jurídicos, se requiere que ante la ocurrencia de un suceso que amerite la urgente intervención de los profesionales destacados se dé inmediato aviso a los mismos a fin de que concurran al lugar del hecho en tiempo y forma, para lograr el eficaz asesoramiento del personal. Para ello se determinan guardias de los abogados, para cubrir las 24 horas. Es importante destacar que la asistencia de los letrados en estos casos es habitual y que los abogados no forman parte de los procedimientos, sino que concurren al lugar para asesorar a los efectivos policiales”.

González fue baleado el 17 de noviembre pasado por personal de la Brigada de Investigaciones de la Comisaría Vecinal 4D de la Policía de la Ciudad. El joven y tres amigos, después salir de entrenar en el club Barracas Central, volvía a su casa, en Florencio Varela. Viajaban en un automóvil VW Suran cuando comenzaron a ser seguidos por móvil no identificable ocupado por los oficiales Juan José Nieva, Fabián López y Gabriel Issasi, procesados con prisión preventiva por los delitos de homicidio doblemente agravado por haber sido perpetrado con alevosía y por haber sido cometido por miembros de las fuerzas policiales abusando de sus funciones (por el asesinato de González), en concurso ideal con tentativa de homicidio doblemente agravado por haber sido perpetrado con alevosía y cometido por miembros de las fuerzas policiales abusando de sus funciones (por los tres sobrevivientes, todos de 17 años), en concurso real con el tipo penal de falsedad ideológica y de privación ilegal de la libertad.

“Los encausados [por los policías], bajo el justificativo o explicación de sospechosos, emboscaron a cuatro adolescentes a quienes ya desde el inicio de su seguimiento describieron como ‘masculinos menores’ y les propiciaron una significativa cantidad de balazos con armas de fuego que pegaron en distintas partes del automóvil tanto en la parte delantera del parabrisas como en sus costados en ventanilla y guardabarros (pese a que se encontraron cinco vainas habrían sido varios disparos más) y terminaron con la vida de uno de ellos pretendiendo acabar también con la del resto del grupo de amigos si no era porque lograran escapar”, explicó el fiscal Gómez Barbella en su dictamen acusatorio contra los policías.

Además de los tres policías detenidos como coautores del homicidio hay otros 11 integrantes de la Policía de la Ciudad presos por el delito de encubrimiento. Pero el fiscal Gómez Barbella continúa investigando otras presuntas responsabilidades de integrantes de la fuerza de seguridad porteña.

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