Gatillo fácil: “Buscamos una justa justicia”, dijo la viuda de una de las víctimas de la Masacre de Wilde, antes del inicio del debate

Uno de los episodios más bochornosos de la “maldita policía” bonaerense de la década del ‘90 tuvo este lunes un capítulo clave. En los Tribunales de Lomas de Zamora comenzó el juicio por la llamada Masacre de Wilde”, un emblemático caso de “gatillo fácil” cometido en 1994, en el que cuatro inocentes fueron asesinados por efectivos que los confundieron con delincuentes. Y empezó con planteos de nulidad de las defensas de los siete policías acusados, que, además, pidieron la prescripción de la causa debido al tiempo transcurrido: más de 28 años.

Raquel Gazzanego, viuda de Edgardo Cicutín, una de las víctimas, dijo que espera “una justicia justa”. “Mi expectativa es que salga a la luz lo que realmente pasó, no solamente que se aclare quién mató a Edgardo y a Roberto [Corbo], sino, además, saber por qué salieron a ‘cazar’ gente. Ellos [los policías] desde el primer momento dijeron que era un lamentable error. Bueno, ¿a quién más tenían que matar y por qué?. Básicamente, eso es lo que buscamos: una justa justicia”, expresó.

En la apertura del debate ante Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°3 de Lomas de Zamora, conformado por los jueces Marcelo Hugo Dellature, Luis Miguel Gabián y Claudio Fernández, los defensores realizaron planteos de inconstitucionalidad, nulidad y prescripción por el tiempo transcurrido desde el hecho, cuestiones que, según el abogado Ciro Annicchiarico –que representa a Gazzanego y a los hijos de Cicutín como particulares damnificados–, ya fueron desestimadas oportunamente por estos mismos magistrados antes de llegar a la etapa de juicio oral.

Luego de estas extensas presentaciones preliminares de las defensas de los siete expolicías imputados, las partes acusadoras contestaron los planteos, a los que, obviamente, se opusieron.

Finalmente, el tribunal resolvió pasar a un cuarto intermedio hasta este martes a las 10, cuando dará a conocer a las partes su resolución acerca de estos incidentes procesales.

“Los defensores lo único que están tratando es de que no se celebre el juicio. Lo vienen haciendo desde las audiencias preliminares. Es cansador, aburrido, dilatorio…”, expresó Gazzanego.

Los acusados que están sentados en el banquillo son los excomisarios Roberto Mantel y Eduardo Gómez, los exoficiales Osvaldo Lorenzón, el exsubteniente Pablo Dudek, los exoficiales Julio Gatto y Marcelo Valenga, y el excabo Marcos Rodríguez, todos en libertad.

Rodríguez permaneció prófugo 20 años y luego de ser detenido en 2014 en la provincia de Córdoba tras una investigación de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), estuvo bajo arresto domiciliario y fue excarcelado en marzo pasado. La viuda de Cicutín recordó que el excabo es el único que que desea que se haga el juicio: “Quiero verdad y justicia porque me apena lo que ustedes sufrieron”, le dijo.

Un octavo acusado, el exsubteniente Marciano González, sufrió un ACV hace poco más de un año. Aún resta que se entregue al tribunal un peritaje médico que establezca si está o no en condiciones de afrontar el juicio, según informó la agencia de noticias Télam.

El abogado Annicchiarico manifestó que está “convencido de la responsabilidad criminal de los acusados” y adelantó que de no haber una condena justa, el caso seguirá adelante “ante organismos internacionales”.

”Después de más de 28 años de sucedido este terrible hecho en el que fueron asesinadas cuatro personas y tentado el homicidio de una quinta, vamos a tener un juicio y nuestras expectativas son totalmente positivas. Estoy convencido de la responsabilidad criminal de los policías que quedaron procesados y de los que quedaron, porque fallecieron tres y otro está separado por razones de salud, pero creo en la responsabilidad de ellos como un grupo que intervino con un plan criminal concreto”, añadió el letrado.

Gazzanego estaba citada como una de las primeras testigos junto a Patricia Corbo, viuda de Corbo; Claudio Díaz, el único sobreviviente de la masacre, y los policías que realizaron las actuaciones iniciales en la escena del cuádruple crimen.

Una “ratonera”

La Masacre de Wilde ocurrió el 10 de enero de 1994 y tuvo como víctimas al remisero Corbo, que llevaba como pasajeros en su Peugeot 505 a Enrique Bielsa y Gustavo Mendoza, y a Cicutín, vendedor de libros que se trasladaba en un Dodge 1500 conducido por Díaz, el único que sobrevivió al ataque.

Los cinco fueron atacados a tiros por efectivos de la Brigada de Investigaciones de Lanús, que, al parecer, los confundieron con delincuentes y les dispararon más de 270 tiros con pistolas calibre 9 milímetros y al menos un subfusil Uzi.

La investigación determinó que un grupo de nueve policías vestidos de civil y en autos no identificables fue tras el remise conducido por Corbo, en el que viajaban Bielsa y Mendoza. Los interceptaron en Ramón Franco y Mitre, y abrieron fuego. Advirtieron la presencia de un Dodge 1500 y lo confundieron con un presunto vehículo de apoyo. También les dispararon. En la esquina de Moreno y Bismarck, el Dodge 1500 se detuvo, dañado por 39 balazos. Sus dos ocupantes se bajaron: los policías los acribillaron. Cicutín murió y Díaz se salvó de milagro.

El 16 de septiembre de 2014, el juez de Garantías de Lomas de Zamora Gabriel Vitale había enviado a nueve policías a juicio por este caso de “gatillo fácil”. Los planteos defensistas llevaron a que hubiera que esperar ocho años para llegar al ansiado debate.

En el juicio, que había sido pospuesto por la pandemia del coronavirus, los acusados afrontan cargos por los delitos de cuádruple homicidio simple y un homicidio simple en grado de tentativa, en perjuicio de Díaz, el único sobreviviente.

Además de quienes llegaron a juicio, estaban imputados el comisario César Córdoba, Carlos Saladino y Hugo Reyes (ya fallecidos), todos integrantes de la brigada de Lanús, cuyo subjefe era el excomisario y actual abogado Juan José Ribelli, procesado y luego absuelto por el atentado a la AMIA.

Los policías habían sido inicialmente detenidos, pero la Cámara de Apelaciones y Garantías los sobreseyó, en 2003 y 2007. En 2013, la Suprema Corte de Justicia bonaerense ordenó reabrir el expediente y anular los sobreseimientos al sostener que “aun cuando se considerase que el cuádruple homicidio investigado no configura un delito de lesa humanidad, es indudable que sí constituyó una gravísima violación de los derechos humanos”.

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