Fracasó la estrategia de Cositorto, los fiscales no aceptan el acuerdo económico y seguirá el juicio por estafas
El CEO de Generación Zoe había ofrecido 340 mil dólares para compensar a las 98 víctimas
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LA NACIONGustavo Carabajal
El juicio oral contra Leonardo Cositorto y los otros cinco acusados de haber formado una asociación ilícita destinada a cometer estafas en la ciudad correntina de Goya seguirá adelante, a pesar del acuerdo por una compensación económica al que llegaron los imputados y las 98 víctimas.
La decisión de continuar con el debate se conoció después de un cuarto intermedio realizado durante la audiencia de hoy, en el que los fiscales Juan Carlos Castillo y Guillermo Barry analizaron el acuerdo presentado por las víctimas y los seis acusados.
En el denominado convenio de reparación patrimonial que se conoció el viernes pasado, Cositorto habría ofrecido 340.000 dólares para compensar a los denunciantes. Sin embargo, según el Ministerio Público de Corrientes, dicho acuerdo deberá ser rechazado debido a que, además del interés particular de cada damnificado, el líder de Generación Zoe y sus cómplices habrían afectado otros bienes jurídicos protegidos por la ley: el orden público y la seguridad jurídica.
Al requerir que Cositorto y sus cómplices sean sometidos a juicio oral, los fiscales consideraron que los acusados crearon una asociación ilícita para cometer estafas en Goya, Corrientes.
Luego de analizar el acuerdo presentado en el juicio oral que comenzó hace una semana, en el que se habría establecido que las 98 víctimas serían compensadas económicamente, los fiscales solicitaron que el juicio siga por los mismos delitos por los que el líder de Generación Zoe y otros llegaron acusados al debate.
Cositorto, Miguel Ángel Echegaray y Maximiliano Batista fueron imputados como presuntos organizadores de la asociación ilícita y coautores de estafas. Mientras que Lucas Camelino, Nicolás Medina y Javier Medina llegaron al juicio imputados como presuntos miembros de la asociación ilícita y coautores de estafas.
La decisión de los fiscales tendrá como consecuencia que, a pesar del acuerdo económico ofrecido, el juicio contra los seis imputados seguirá. Una vez finalizada las audiencias de presentación de pruebas y de analizar todos los elementos expuestos y las declaraciones de los testigos, los integrantes del tribunal oral deberán decidir si Cositorto y sus cómplices son culpables o inocentes de los delitos por los que fueron acusados.
Esto significa que 98 víctimas deberán declarar a pesar de llegar al acuerdo económico y en caso no se presenten se tendrán en cuenta los testimonios que aportaron en la etapa de instrucción.
Para el Ministerio Público Fiscal, además del interés particular de cada víctima, las maniobras y acciones desarrolladas por Cositorto y sus cómplices, afectaron la seguridad jurídica y el orden público.
Entre los fundamentos del rechazo al acuerdo entre Cositorto y las víctimas, los fiscales tuvieron en cuenta que la compleja actividad delictiva de los acusados atentó contra otros bienes jurídicos protegidos por la ley.
En el acuerdo entre las víctimas y Cositorto, la parte acusadora exigió que se mantenga la confidencialidad sobre el origen del dinero con el que se concretaron las compensaciones económicas. Esta cláusula de confidencialidad fue rechazada por los fiscales debido a que se trataría de un blanqueo encubierto de dinero.
Otro de los elementos que el Ministerio Público tuvo en cuenta para seguir adelante con el juicio fue que el acuerdo violaría el principio de igualdad ante la ley debido a que Cositorto ofreció una solución económica conveniente para él y sus cómplices ante personas que perdieron todo lo que tenían cuando invirtieron en la empresa que había armado en Corrientes.
El juicio contra Cositorto en Goya es el primero que llega a esta etapa de una serie de procesos que el líder de Generación Zoe enfrenta en diferentes jurisdicciones del país.
Dichos procesos se iniciaron entre fines de 2021 y principios de 2022, cuando el esquema piramidal que había pergeñado comenzó a mostrar las primeras señales de que estaba a punto de colapsar. Se iniciaron causas penales por denuncias presentadas en Corrientes, Córdoba, Salta y Rosario y la ciudad de Buenos Aires.
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