Fiscales que investigan secuestros alertan sobre la penetración en la Argentina de un fenómeno delictivo más complejo y peligroso

En agosto pasado se registró un secuestro extraño y complejo. Una familia colombiana fue secuestrada en uno de los más tradicionales countries bonaerenses. Y no fue un evento con un par de horas de duración, sino un episodio planificado que transcurrió durante ocho días y que incluyó hasta viajes a Colombia de uno de los cautivos para dar pruebas personales de las exigencias de los captores. Las víctimas, un ciudadano colombiano de pasado al menos vidrioso, su esposa, hija, su suegra y un custodio, fueron sorprendidas en el Golf Club Argentino, en una casa lindera con uno de los mejores 18 hoyos de la Argentina. Los secuestradores también eran colombianos. La mayoría, al menos. Luego serían capturados dos expolicías bonaerenses como cómplices. El guardaespaldas del blanco central fue enviado a su país por los delincuentes con un mensaje: se pedían US$10.000.000 por la libertad de la familia. No se trató de un hecho aislado, sino que el caso -que terminó con el rescate de las víctimas y el arresto de 11 sospechosos- representa una incipiente modalidad delictiva: los secuestros vinculados con ajustes de cuentas.

Si bien en los últimos ocho años disminuyeron en forma constante los secuestros, de manera paralela creció el uso de la privación ilegítima de la libertad como recurso criminal para resolver disputas. Así lo expuso la Unidad Fiscal Especializada en Secuestros Extorsivos (Ufese) en un documento oficial.

“En los últimos tiempos, se han incrementado alarmantemente los hechos de secuestro extorsivo vinculados al crimen organizado y esta proliferación ha tomado un cariz que merece ser atendido con prontitud, ya que resulta ser una tendencia instalada que se continúa profundizando al día de hoy. Incluso si tomamos en cuenta las experiencias de otros países que han transitado por situaciones similares es sumamente peligroso no adoptar una actitud proactiva para frenar el avance de esta modalidad delictiva en nuestro país y las consecuencias que podría generar un aumento o proliferación mayor al registrado de casos de esta índole”, definió la Ufese en el análisis de la evolución de los secuestros.

Algo similar ocurrió en un secuestro en enero del años pasado. En esa ocasión el golpe lo dio la mafia china. La víctima, radicada en la Argentina hace varios años y presunto dueño de un casino clandestino, fue retenida durante seis días. Sus captores exigieron US$300.000. Y descifrar lo sucedido fue por demás complicado para los investigadores, ya que las llamadas extorsivas se emitían desde China y el pago del rescate debía concretarse también en ese país. La agregaduría policial de la embajada China en Buenos Aires colaboró en el caso y, finalmente, la víctima fue rescatada en Núñez.

Si bien en ese caso el resultado fue favorable para los detectives, la actividad local de secuestradores con apoyo de una red en el extranjero encienden las alarmas oficiales.

“Se han registrados casos de secuestros extorsivos transnacionales. En algunos de ellos la víctima activa fue sustraída en nuestro país para ser trasladada a estados vecinos de manera encubierta donde la mantuvieron en cautiverio y en otros las extorsiones se realizaban desde países como la República de Colombia o la República Popular China estando la víctima activa secuestrada en la República Argentina. La complejidad de este tipo de casos radica también en que las víctimas suelen ser poco colaborativas, siendo que, en algunos casos, no desean prestar ningún tipo de cooperación con la Justicia toda vez que ellos mismos también pertenecen o pertenecieron al mundo del hampa y conocen y temen a la organización a la que pertenecen sus victimarios”, se detalló en el informe de la Ufese.

Desafío inminente

Con solo 24 secuestros denunciados este año (fueron 294 casos en 2015), el desafío directo que presentan estos casos es la posible instalación local de un sistema de recaudación ilegal cuyos protagonistas, en momentos en que los secuestros extorsivos caen año tras año, encuentren atractivo pasar a la captura de víctimas fuera del submundo criminal. Algo de eso ya pasó en octubre de 2020. Por entonces fue secuestrado en Villa Devoto el propietario de un supermercado en Quilmes.

El pago del rescate alcanzó los US$ 60.000, en su equivalente en bitcoins. El comerciante nada tenía que ver con el mundo ilegal, pero uno de sus exempleados de nacionalidad venezolana -que había ocultado su pasado como policía en su país-si estaba relacionado con esa clase de delitos y preparó una trampa para su exjefe. Las negociaciones se hicieron mediante celulares activados en Venezuela y Colombia. Al final, el expolicía fue atrapado en su país. Ese caso expone el peligro de la nueva tendencia de secuestros, ya que se trata de bandas bien organizadas que pueden retener a la víctima durante varios días.

Y ese aspecto, las bandas narco tienen al secuestro como herramienta para generar temor. Así lo expuso Guille Cantero, el líder de Los Monos, que apeló a comandar desde prisión a una franquicia de secuestradores. “Nos interesa destacar aquí es la marcada concurrencia de estos hechos que permite colegir que ya no nos encontramos frente a un fenómeno aislado y circunstancial, sino que se evidencia una tendencia asentada cuyas derivaciones no deben ser subestimadas”, planteó la Ufese.

También se advirtió sobre casos de policías en actividad que aprovecharon su uniforme para liderar redes de secuestradores locales, como ocurrió en Tucumán este año. En esos casos, las víctimas son, en general, delincuentes. “En cuanto al perfil del damnificado, generalmente se trata de una persona de género masculino, de escasos recursos socioeconómicos, ligado a algún tipo de actividad ilícita como por ejemplo el tráfico de estupefacientes y/o delitos contra la propiedad. Este motivo torna dificultoso que este tipo de hechos sean rápidamente puestos en conocimiento ante las autoridades judiciales, ya que los criminales se valen de los conflictos que previamente pudiera haber tenido la víctima con la ley penal y se benefician con el miedo y la incertidumbre lógicas que estas experiencias previas pudieran causar en la persona secuestrada, sumado al temor por represalias dada la condición policial que revisten los autores del hecho, que en muchas oportunidades la llevan a no efectuar la denuncia inmediatamente o a no realizar denuncia alguna”, definió la Ufese.

Y agregó: “La duración de la privación de la libertad se prolonga durante horas, ya sea dentro de un destacamento policial o bien en un vehículo automotor, y se suele aprovechar la situación fáctica creada por la privación de libertad para golpear o amedrentar a la víctima”.

Con varios actores locales y redes internacionales que exploran el territorio, se advirtió así sobre la penetración en la Argentina de un fenómeno delictivo más complejo y peligroso que el secuestro exprés, modalidad que en estos días no tiene el peso que había alcanzado hace una década.

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