Decreto del Gobierno. Habilitan a las fuerzas de seguridad a utilizar las armas decomisadas al crimen organizado
Se trata de arsenales que forman parte de investigaciones penales cuyo uso será dispuesto por el Ministerio de Seguridad Nacional al terminar los trámites judiciales
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LA NACIONDaniel Gallo
El Ministerio de Seguridad de la Nación reutilizará pistolas decomisadas al crimen organizado y a bandas narco para reforzar la dotación de armamento de las fuerzas de seguridad. La facultad que tendrá la ministra Patricia Bullrich de disponer de armas incautadas quedó establecida en un decreto que, con la firma del presidente Javier Milei, fue publicado en el Boletín Oficial.
Para hacer efectiva una medida de esas características se esperará en cada caso la autorización judicial; hasta ahora, la ley 25.938 dispone que, una vez concluidas las diligencias procesales que requieran físicamente de las armas y los peritajes pertinentes en cada expediente, los tribunales deben remitir esos arsenales a la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac) para su destrucción definitiva.
Cuando se concluya la causa judicial que motivó el decomiso o en el momento en que ese trámite lo permita, de acuerdo con el criterio de cada magistrado, se activará la orden de depósito final de las armas secuestradas y, en ese sentido, a partir del nuevo decreto se activará la modificación del artículo 5 de la ley 25.938, que con la redacción que entró en vigencia con la publicación en el Boletín Oficial de la decisión del Gobierno plantea que “el Ministerio de Seguridad Nacional resolverá el destino de los materiales, el cual solo podrá ser utilizado por las fuerzas policiales y de seguridad federales, así como reglas de trazabilidad del armamento y toda medida de seguridad necesaria para ordenar el traspaso”.
Si bien en las incautaciones de armas se encuentran piezas en toda clase de estado, hay investigaciones sobre el origen mismo del desvío de armamento desde el mercado legal a la comercialización en negro que derivaron en el secuestro de pistolas nuevas.
En el Ministerio de Seguridad Nacional piensan, por ejemplo, en los allanamientos realizados en octubre pasado en armerías rosarinas y en propiedades de aquellos que están bajo investigación por irregularidades en las compras. En esa oportunidad, y en un solo operativo, fueron decomisadas más de 200 pistolas calibre 9mm sin uso que, si se hubiese seguido con el protocolo que fue modificado hoy, deberían ir a destrucción.
“La reutilización de las armas decomisadas por parte de las fuerzas policiales y de seguridad federales no solo incrementa sus capacidades operativas, sino que permite evitar un gasto innecesario en la compra de nuevo armamento”, contaron en las cercanías de la ministra Bullrich.
Esa idea de ahorro de recursos estatales figura entre los fundamentos del decreto. Se afirmó, entre los argumentos de la decisión, que “resulta ineludible e impostergable que el Estado Nacional adopte medidas que racionalicen sus gastos, permitiendo que ciertos bienes que se encuentran en óptimas condiciones se utilicen para reforzar la lucha contra el crimen, sin generar mayores dispendios presupuestarios”.
Más allá de ese aspecto económico, el impulso de esta modificación en la norma sobre el depósito y destino de las armas judicializadas tiene un elemento intangible y fuertemente simbólico: la apropiación, por parte del Estado, de la herramienta que el crimen utiliza para generar temor y su aplicación en un sentido inverso, como parte de los recursos visibles para frenar a los delincuentes.
Una situación similar se había observado tiempo atrás, cuando se avanzó en la recuperación por parte del Estado de bienes y dinero de organizaciones criminales. La intención en ese momento no solo fue concretar el efectivo y real decomiso de propiedades y fondos, sino también enviar un mensaje a las bandas sobre la decisión política de enfrentarlas. Por eso, muchos vehículos de alta gama -también embarcaciones- fueron entregados a fuerzas de seguridad federales y utilizados con logos en sus carrocerías que marcaban a ese auto como quitado a una asociación ilícita.
Con las armas se procura transmitir un mensaje parecido, más allá de que en cientos de casos esas pistolas incautadas están en condiciones de uso para ser incorporadas a las armerías policiales. El estado de cada material secuestrado será seguido de cerca por las autoridades para tener un panorama concreto de cuántas armas cumplen con los requisitos y en qué estado se encuentra la causa judicial que motivo su decomiso.
“Durante años se han acumulado o destruido miles de armas en perfectas condiciones de utilización, muchas de ellas compatibles con las utilizadas por las fuerzas policiales y de seguridad federales”, se agregó en la fundamentación del decreto.
Se procurará, además, solidificar los sistemas de control de las armas bajo custodia del Estado para evitar su desvío al circuito ilegal, que siempre busca abastecerse incluso de piezas y municiones.
Por Daniel Gallo
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