“Fiebre trader” en San Pedro. Un juez federal ordenó el bloqueo de las plataformas digitales en las que “invirtieron” 20.000 vecinos

Pocos días después de la apertura de un expediente para investigar el manejo irregular de capital financiero en San Pedro, una decisión judicial puso fin a la extraña burbuja que prometía exorbitantes ganancias diarias por inversiones en dólares, que luego se procesaban mediante un mecanismo de compra-venta de criptomonedas que ahora está bajo investigación. El magistrado federal de San Nicolás, Carlos Villafuerte Ruzo, “le ordenó al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) que bloquee de manera urgente el acceso a los sitios web de la plataforma de trading financiero denominada RainbowEX y/o Knight Consortium, que está siendo investigada, en el fuero federal, por el posible delito de intermediación financiera no autorizada y, en el fuero penal provincial, por eventuales estafas de tipo piramidal, en la ciudad bonaerense de San Pedro”, según detalló el Ministerio Público Fiscal en su portal de noticias.

Esa medida había sido pedida por el fiscal federal Matías Felipe Di Lello, a cargo de la fiscalía descentralizada de San Nicolás, y el fiscal general Horacio Azzolin, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia de la Procuración General de la Nación. La investigación inicial de Di Lello derivó esta semana en el allanamiento de la financiera Over Cash, ubicada en San Pedro y supuestamente vinculada con Rainbow Exchange.

El juez Villafuerte Ruzo consideró que el bloqueo del sitio web que coordinaba el movimiento financiero de unos 20.000 “inversores” de San Pedro era un paso necesario frente a la sospecha de que la firma digital Rainbow Exchange buscaba expandir sus irregulares actividades a otros lugares del país.

Una de las primeras medidas que había solicitado el fiscal Di Lello permitió configurar un primer delito que habría cometido los responsables de esa firma: la Comisión Nacional de Valores informó que ese grupo no tienen autorización para posicionarse como intermediario financiero. A partir de ese dato, los representantes judiciales empezaron a rastrear los movimientos de Rainbow Exchange con la hipótesis de que otros delitos estarían detrás de esa propuesta de maximizar ganancias de una manera que resulta imposible de conseguir en el mercado formal.

Algunas horas antes de que se concretasen los allanamientos y el secuestro en San Pedro de elementos que pueden aportar pruebas sobre las actividades de Rainbow Exchange, esa firma envió un mensaje de WhatsApp a sus cerca de 20.000 inversores en el que se advirtió sobre la suspensión de pagos y retiro de dinero durante 14 días hábiles. Fue el primer indicio de que la burbuja financiera estaba por estallar. Ahora, por orden judicial no se podrá acceder a la plataforma de la firma que también está bajo investigación en la Justicia bonaerense, donde se sospecha de la existencia de una estafa piramidal.

Al fundamentar su solicitud, los fiscales Di Lello y Azzolin recordaron que “la Comisión Nacional de Valores (CNV) informó que las empresas mencionadas ‘no se encuentran registradas en el Registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales -Personas Jurídicas- y tampoco han presentado una solicitud de inscripción en el mismo. Pese a ello, los servicios siguen ofrecidos al público en general, principalmente a través de dos sitios”, advirtieron, de acuerdo con la información aportada por la página de noticias del Ministerio Público Fiscal (www.fiscales.gob.ar).

Se indicó, además, que al avalar el planteo de los fiscales, el juez Villafuerte Ruzzo señaló en su resolución que “conforme surge de la incipiente investigación, y de acuerdo a las estimaciones realizadas por el Municipio de San Pedro, las maniobras investigadas habrían importado la captación de fondos de aproximadamente el 20% de la población de esa localidad, en una plataforma que no cuenta con autorización de la CNV para operar en cambios en la República Argentina […], habiéndose incluso celebrado recientemente un evento en el Hotel ‘Emperador’ de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo que hace presumir la intención de sus ejecutores de expandir la maniobra a lo largo y ancho del país”.

“Frente a este panorama -agregó el magistrado federal en su resolución-, coincido con los representantes fiscales que se impone, al menos en estas primeras instancias, tomar las medidas necesarias destinadas a evitar que el posible delito investigado llegue a consecuencias ulteriores.”

Más allá del informe de la CNV que expone el manejo no autorizado de capitales de terceros, la firma digital que prometía alcanzar el Paraíso en San Pedro ya había sido señalada por una situación por demás anormal: la supuesta gurú en criptomonedas que asesoraba cada día a los inversores es en realidad una actriz de Indonesia.

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