Femicidios: la otra pandemia que agobia a la Argentina

El 24 de marzo de 2017, la expareja de Olga del Rosario Díaz le clavó un cuchillo en el cuello, el brazo y el pecho. Aquel día de nada sirvieron las denuncias que ella había hecho ante la Justicia por las reiteradas agresiones y amenazas que había recibido. La primera, en 2002. Sobrevivió de milagro y cuatro años después, el pasado 15 de abril, el Estado argentino, por primera vez en la historia, pidió disculpas y asumió su responsabilidad internacional por no haber tomado ninguna medida para protegerla. Se comprometió a llevar adelante una reparación integral para ella y su familia y a tomar “acciones destinadas a mejorar el acceso a la Justicia de mujeres víctimas de violencia”. Ella consiguió esa simbólica reparación, en vida. Pero otras que se animaron a alzar la voz no lo consiguieron. Úrsula Bahillo, Guadalupe Curual y tantas otras mujeres murieron a manos de hombres violentos que, a pesar de haber sido denunciados, fueron capaces de eludir las restricciones, favorecidos por la inacción del Estado.

El asesinato de cada una de estas mujeres no es un número más en una dramática estadística: sus vidas segadas son la confirmación de que hay otra pandemia que no cede: la de la violencia machista y su expresión última y extrema, los femicidios.

Solo en las últimas horas, Fernanda Natalia Ruiz Díaz, de 28 años, fue apuñalada en el abdomen por su expareja, en Pilar, y Roxana Romina Olivera sufrió graves quemaduras en la cara y en el cuello tras una discusión con el padre de sus hijos, a quien ya había denunciado por hechos de violencia. En los tres primeros meses del año se produjeron 70 femicidios, dos transfemicidios y seis femicidios vinculados de varones, según el relevamiento del Observatorio de Femicidios Adriana Marisel Zambrano, de La Casa del Encuentro. Una cifra que, coinciden quienes trabajan en la protección de los derechos de las víctimas, difícilmente descienda si a la valentía del acto de denunciar se le opone un Estado que no utiliza los dispositivos y protocolos de actuación con los que cuenta para dar una respuesta eficaz. Mientras, aseguran los especialistas, la lentitud de los procesos y la falta de articulación interinstitucional dejan despejado el camino a los potenciales femicidas.

“Es tan crítica la situación y alta la desconfianza que nosotras nos encontramos todos los días con el desafío de trasmitirles a las víctimas que igual tienen que denunciar”, remarca Silvia Ferreira, coordinadora de la mesa federal de MuMaLa (Mujeres de la Matria Latinoamericana). Además, explica, no solo mueren esas mujeres a las que el Estado les ha fallado, sino que sus historias inciden en el otro 80% de víctimas que, en su mayoría, nunca denunciaron sus padecimientos porque creen que eso no mejorará su situación.

Es allí, aclara Ferreira, donde radica la importancia de mejorar la atención en el primer contacto que tienen las víctimas que buscan alertar sobre el martirio que están viviendo, porque los femicidios son el último eslabón de una cadena de varios hechos violentos previos.

Ausencia de protocolos de actuación

María Delia Castañares y Analía Monferrer, responsables de la Oficina de la Mujer y de Violencia Doméstica, respectivamente, ambas dependencias de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), coinciden con Ferreira en que una de las cuestiones a mejorar es “la falta de estandarización en los criterios de la evaluación de riesgo en todas las dependencias que intervienen en la toma de denuncias”.

Un reflejo de ello es el caso de Guadalupe Curual, la joven de 21 años que fue asesinada de una puñalada en el centro de Villa La Angostura, el 23 de febrero. Se trata de otra muerte que se podría haber evitado; la chica, además de haber denunciado a su agresor al menos tres veces en el último año y medio, además había alertado que estaba siendo amenazada de muerte en forma reiterada.

En opinión de Castañares y Monferrer, si no existe un consenso en la valoración del riesgo “la evolución de la denuncia dependerá de la buena voluntad y de la capacitación individual que tenga la persona que la toma”. Por dicha razón, aclaran, en septiembre de 2020, la OVD de la CSJN puso a disposición de las agencias ejecutivas el instrumento de evaluación de riesgo con el que trabaja. Además, enfatizaron que es necesario que efectivamente se implemente el patrocinio jurídico gratuito, garantizado por ley desde 2015.

“Es lamentable porque, a pesar de que está la ley, las víctimas nos plantean que hacen la denuncia, pero como no cuentan con recursos económicos suficientes como para pagar un abogado no pueden continuar con la causa y todo queda en la nada”, coincide Ada Rico, presidenta de la Asociación Civil La Casa de Encuentro.

El caso de Úrsula Bahillo, asesinada de al menos 15 puñaladas por su expareja, un policía bonaerense que enfrentaba más de 18 denuncias por violencia de género de parte de la joven y de otras mujeres, puso sobre la mesa otra de las falencias que padecen las víctimas: la falta de articulación entre los agentes del Estado. Carolina Varsky, subsecretaria de Programas Especiales contra la Violencia por Razones de Género señala a LA NACION que eso “es algo que no puede pasar más”.

La funcionaria explica que trabajan “fuertemente” en el marco del Programa Interministerial de Abordaje Integral de las Violencias Extremas por Motivos de Género para identificar situaciones en cuyo tratamiento no hubo perspectiva de género y buscar incentivar buenas prácticas entre los operadores judiciales y las fuerzas policiales de cada provincia y municipio. “No puede recaer en manos de la persona en situación de violencia tener que ocuparse de ir a llevar los papeles o avisar que su agresor tiene una denuncia en otro juzgado. Ese es un trabajo que es propio del Poder Judicial, y lo tiene que hacer”.

El martes de la semana pasada se supo de la aparición del cuerpo de Analía Maldonado, de 40 años, que fue encontrado calcinado a la vera de un camino rural en Los Toldos. Por el hecho fue detenido Samuel Llanos, acusado de haber asesinado a su pareja. Ella nunca lo había denunciado por violencia, pero él tenía acumuladas once denuncias en su contra por haberles pegado a tres exparejas, a sus hijos y a un vecino.

“No puede ser que cuando ya ocurrió el femicidio, siempre salga recién entonces a la luz, por los medios de prensa, que el agresor tenía un montón de denuncias”, reclama Rico. Ella se muestra desilusionada porque, asegura, no se está utilizando el Sistema Único de Registro de Denuncias de Violencia de Género (URGE). Está vigente en el país desde fines del año pasado y tiene como objetivo la unificación de la totalidad de denuncias por violencia de género formuladas en dependencias policiales.

“Nosotras no queremos nuevos sistemas o medidas, necesitamos que se pongan en marcha las que ya están, porque si se implementaran, yo no digo que se van a erradicar los femicidios, pero seguro disminuirían los índices”, plantea Rico.

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