Femicidios: el único delito que no se redujo durante la pandemia

En un año de pandemia signado por el aislamiento social y las medidas de prevención frente al Covid-19, los organismos sociales y el Gobierno coinciden en que los femicidios fueron el único delito que en la Argentina no bajó. El año pasado, 300 mujeres, niñas y trans fueron asesinadas por violencia machista. Una muerte cada 29 horas. Fue un caso más que en 2019, cuando se contabilizaron 299, según el relevamiento del Observatorio de Femicidios Adriana Marisel Zambrano, de La Casa del Encuentro.

En lo que va del año, según conteos provisionales, se mantiene la tendencia: en los dos primeros meses de 2021 hubo 47 homicidios motivados por el género, uno cada 30 horas. Los nombres de Úrsula Bahillo y Guadalupe Curual son algunos de los más recientes y que resaltan una preocupante realidad: el de las mujeres que se animaron a vencer el temor y denunciar a sus agresores, pero que igualmente fueron asesinadas porque los distintos sectores del Estado que debieron ocuparse de atender sus demandas o realizar prevenciones efectivas no lo hicieron.

Si bien desde el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad remarcaron que “hay conciencia de que el número de femicidios es elevado”, aclararon que aún no pueden afirmar que hubo un incremento de casos porque no cuentan con los datos estadísticos oficiales parametrizados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Al respecto, Carolina Varsky, subsecretaria de Programas Especiales contra la Violencia por Razones de Género, afirmó a LA NACION: “Sí tuvimos, en lo que va de la pandemia, un aumento de un 25% en las consultas a las líneas 144”. No obstante, aclaró: “No es una línea de denuncia, sino que es de asesoramiento y asistencia. Por supuesto que las consultas pueden deberse a que hay más violencia, pero hay un montón de factores que pueden incidir en ese porcentaje. Aunque sí hay información, sobre todo de los observatorios de los organismos sociales y de los medios de comunicación, de que el delito de violencia de género es el único que no bajó”.

El 20 de marzo se cumplirá un año de que el presidente Alberto Fernández decretó el inicio del aislamiento social preventivo y obligatorio, que hizo, sobre todo en las primeras semanas de cuarentena, que los ciudadanos permanecieran mayormente en sus hogares. Pero la proclama preventiva de “quedate en casa” no resultó lo más seguro para las víctimas de violencia de género, que se vieron obligadas a convivir con sus agresores y a permanecer en lo que para ellas termina siendo el espacio más peligroso: su propia vivienda.

Silvia Ferreira, coordinadora de la mesa federal de MuMaLa (Mujeres de la Matria Latinoamericana), que cuenta con el observatorio “Mujeres, Disidencias y Derechos”, explicó a LA NACION: “Desde antes de la pandemia, con nuestra organización veníamos alertando sobre algunos elementos sensibles e importantes que debían ser atendidos de manera urgente. Uno de ellos era que más de la mitad de las víctimas de femicidio, entre 60 y 70%, habían sido asesinadas por su pareja o expareja, y en igual porcentaje en sus hogares o lugares donde convivían con el agresor”.

Ferreira aseguró: “Desde antes de la pandemia notamos que las oficinas de género tenían un déficit bastante importante para poder llevar adelante la asistencia y el acompañamiento, porque las víctimas venían a las organizaciones en lugar de acudir al Estado”. Dijo que esa situación “empeoró porque además de la crisis de los dispositivos de alerta temprana se dificultó el contacto con las otras redes de contención como son las organizaciones y los amigos y familiares de las víctimas”.

A las dificultades que muchas mujeres tienen para poder denunciar y romper el círculo de violencia, por falta de recursos, información y herramientas, se les sumaron las restricciones a la circulación y el aislamiento. “Nosotros trabajamos para que las mujeres no estén aisladas. Uno de los aumentos que tuvimos fue el llamado de los familiares de las víctimas preocupados por la situación en que se encontrabas sus familiares” en relación con la violencia doméstica y de género, remarcó Ada Beatriz Rico, presidenta de La Casa de Encuentro.

Al comienzo de la cuarentena se instrumentaron políticas para que las víctimas fueran exceptuadas de las medidas de aislamiento en casos de fuerza mayor. Al respecto, explicó Varsky: “El riesgo que genera la convivencia de una persona en situación de violencia con su agresor claramente presentaba un escenario que nos obligó a pensar en nuevas líneas de trabajo”. Es por ello que se habilitaron lugares de alojamiento donde las víctimas pudieran quedar aisladas y se reforzó la línea de comunicación 144, con la incorporación de una línea de WhatsApp y correo electrónico, entre otras medidas que se llevaron a cabo dentro del Plan Nacional de Acción Contra las Violencias.

Sin embargo, desde las organizaciones remarcaron la dificultad que hubo para adaptar algunas de las políticas que estaban establecidas o estaban en proceso de establecerse a la coyuntura de la pandemia y a la situación real en que se encontraban las mujeres. Ferreira afirmó: “Una parte importante de quienes estaban atravesando estas situaciones no tenían conexión virtual, y no solo eso, sino que también teníamos muchas mujeres que cuando las llamaban desde programas vinculados a la violencia, quien atendía era el agresor”.

Algo similar cuenta Rico: “Nosotras nos comunicamos por teléfono, pero nos decían ‘te corto porque ahí viene’” el agresor.

Con el tiempo se fueron habilitando oficinas con modalidad presencial. Pero las organizaciones dedicadas a la protección de las mujeres afirman que aún no es suficiente. Rico subrayó: “Se necesita una mirada federal de la cuestión y todavía, en algunas provincias hay áreas de la mujer que están sin atención presencial o los servicios de transporte están disminuidos”.

Desde La Casa del Encuentro informaron que con la cuarentena no solo aumentaron los casos, sino que también se registraron cambios en la modalidad con la que es ejercida la violencia contra las mujeres: “Históricamente, las mujeres eran asesinadas, en primer lugar, con armas de fuego; en segundo, con puñaladas, y en tercero, a golpes. En cambio, el año pasado la utilización de las manos por parte del agresor (golpes, ahorcamientos) fue la segunda causal de femicidios”, explicó Rico. Durante 2020, 63 mujeres murieron baleadas; 55, golpeadas, y 54, acuchilladas.

Otra variación percibida fue el cambio en la edad de las mujeres que pedían ayuda: “Recibimos más llamados de mujeres adultas que otros años; estimo que se debe a que los jóvenes por el aislamiento se les dificulta el contacto”, comentó Rico.

Si bien desde las organizaciones plantearon que el punto de partida para la reducción de la violencia machista es el cambio cultural, la presidenta de La Casa del Encuentro reclamó: “Hasta que eso llegue, hay que extremar las medidas de protección hacia las mujeres que son víctimas y la medidas que son anunciadas se deben hacer efectivas, porque las anuncian, pero después no se llevan a cabo”.

Ferreira coincide: “Hay una brecha enorme entre las cuestiones que se disponen en las normas y lo que realmente se instrumenta. La mayoría de las cosas que hay que hacer, te aseguro que ya están escritas, pero faltan los recursos materiales, humanos y económicos para que se lleven a cabo”.

En los últimos días el país se conmocionó con la seguidilla de casos de mujeres que habían logrado romper el círculo de violencia y hacer las denuncias, pero igual fueron asesinadas, desamparadas por la falta de suficiente atención de sus demandas ante el peligro por parte del Estado. En 2020, del total de casos, 36 femicidas tenían acusaciones previas de violencia de género o prohibiciones de acercamiento a sus víctimas y 12 femicidas tenían dictadas exclusiones del hogar o prohibiciones de acercamiento.

Al respecto, Varsky subrayó: “Claramente se requiere una reforma judicial, porque la Justicia tiene un gran déficit en la actuación de los operadores judiciales que muchas veces impacta o se vincula con la violencia por motivos de género”. En la misma línea, Rico remarcó: “Las mujeres no se animan a denunciar porque no sienten protección de la Justicia. Hay que capacitar a los efectores de la Justicia para que sepan detectar el nivel de riesgo que tiene una mujer, porque no es una denuncia más, sino que puede estar en juego su vida”.

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