Femicidio en Rojas: “Ordené que le entregaran un botón antipánico”, dijo el juez

“Recibí tres denuncias por hechos de violencia que sufrió Úrsula y ordené que le entregaran un botón antipánico. Desde mi función como juez de Paz no puedo disponer ninguna detención”.

La frase pertenece al magistrado de Paz de Rojas, Luciano Callegari, foco de las críticas de Patricia, madre de Úrsula Bahillo, la joven de 19 años asesinada en esa ciudad por su exnovio, un efectivo de la policía bonaerense.

Indignada, la madre de la víctima había cuestionado al juez por no haber tomado ninguna medida a raíz de las 17 denuncias que había radicado su hija con el policía bonaerense Matías Martínez.

“En mi caso en particular intervine en tres denuncias. La primera, fue presentada por la madre de Úrsula, el 9 de enero. En su declaración, manifestó que se enteró por la abuela de la víctima que la pareja ejercía violencia sobre su hija. En ese momento, ordené una medida de restricción perimetral en la que se prohibía que el acusado se acercara a menos de doscientos metros de Úrsula y la prohibición de que mantuviera contacto por otros medios. Además, dispuse que se hiciera un peritaje psicológico a la joven debido a que era mayor de edad, pero la denuncia fue radicada por su madre”, explicó Callegari, en diálogo telefónico con LA NACION.

Actualmente, el magistrado tiene custodia policial. La madrugada que un grupo de manifestantes atacó la comisaría de Rojas para tratar de agredir al femicida Martínez, también fueron arrojadas piedras contra su vivienda.

“El sábado, Úrsula concurrió a la comisaría de la Mujer y radicó una denuncia contra Martínez. Debido a que soy el único juez de Paz de Rojas tengo el teléfono prendido las 24 horas y ese día, la oficial que escuchó el relato de Úrsula me consultó sobre cuáles eran las medidas a aplicar. Entonces, ordené ampliar la restricción perimetral por 90 días, dispuse que se realicen rondas periódicas de vigilancia policial para ella y su grupo familiar, dispuse que se derive el caso a la Ayudantía fiscal ante la posible existencia del delito de desobediencia por parte de Martínez y que se comunique sobre la situación de violencia denuncia por la adolescente al área de Mujer, Género y Diversidad de la municipalidad”, manifestó el magistrado.

Con respecto a la responsabilidad de la entrega del botón antipánico, el magistrado sostuvo que el juzgado de Paz no dispone de esos dispositivos y que el organismo que facilita dicho elemento a una víctima de violencia es la secretaría de Seguridad del municipio.

Además, el juez Callegari explicó que si Úrsula hubiera sufrido alguna lesión, la denuncia tendría que haber sido investigada por la Ayudantía fiscal.

“Por ley, no tengo facultades para ordenar una detención. Solo tengo autoridad para ordenar medidas preventivas”, concluyó, conmovido, el magistrado.

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