Familiares de víctimas. “Las excarcelaciones nos destruyen”
Entre sentimientos como el desamparo y la necesidad de trabajar conjuntamente se encuentran, por estos días, quienes han sido víctimas de criminales en la Argentina. Desde el Observatorio de Víctimas de Delitos confirmaron a LA NACION que en el contexto del operativo de protección civil por el avance del coronavirus distintos juzgados están concediendo excarcelaciones sin informar a las familias que hayan sufrido ataques de violadores, homicidas o ladrones, incumpliendo así un punto clave de la Ley de Víctimas 27.372.
Tal como informó LA NACION, entre el 17 del marzo pasado y el 17 de este mes salieron de las cárceles bonaerenses 2244 presos. La mayoría,1607, fueron liberados por haber cumplido las penas que les fueron impuestas o porque ya estaban en periodo de libertades condicionales. Los otros 637 reclusos recibieron el beneficio del arresto domiciliario. De ese grupo, 439 lo hicieron por pertenecer al grupo de riesgo de contagio de Covid-19.
Matías Bagnato, víctima de la masacre de Flores y miembro del Observatorio, dijo: "En un principio, cuando se dijo que los beneficios iban a ser para personas en situación de riesgo, o con condenas por delitos leves. Pero comenzamos a recibir reportes de víctimas, que nos dicen que violadores y homicidas están saliendo. Esto es lo que más preocupación genera".
Como referente del Observatorio, agregó: "La gran mayoría de las víctimas nos informan que no recibieron notificaciones. No hay recursos para controlar a los presos que salgan con beneficios. No estaban antes, tampoco ahora. Como familiar de víctimas, estas excarcelaciones me destruyen.Antes de la pandemia ya se hablaba de la deplorable situación carcelaria, gestiones y gestiones. El coronavirus es una excusa para descomprimir los penales".
Por otro lado, Viviam Perrone integrante de la organización Madres del Dolor y madre de Kevin Sedano –atropellado y abandonado por el homicida al volante el 1° de mayo de 2002– dijo a LA NACION que sus sentimientos son de desamparo, y se preguntó: "¿Quién nos escucha?". Luego, aseguró que hoy recibió el llamado de una madre que estaba desesperada por conseguir una medida de alejamiento porque un violador estaba viviendo a pocas cuadras de la casa de la joven. A su vez, Perrone agregó: "El valor de la vida de quienes decidimos educar a nuestros hijos por el camino del bien parecería que no vale".
Y dijo: "Mañana es el aniversario de la fecha en que encontré a mi hijo agonizando sobre la avenida del Libertador; y después de estos años de acompañar a tantas víctimas hubiera querido ver algo diferente. Quisiera haber visto que alguien se levantara y dijera que hay que escuchar a las víctimas. Pero, sin embargo, se tiene en cuenta la voz de quienes exigen, destruyen, lastiman y arruinan familias".
"No comprendemos –continuó la madre de Kevin Sedano– cómo se acepta una negociación fruto de actos delictivos y violentos, y se comprometen con los detenidos en el marco de un motín. Durante todo el día de hoy estuve conteniendo a víctimas que están aterradas porque no saben si los abusadores, violadores, homicidas que les causaron tanto daño, van a volver a estar cerca de ellas o ellos. Esto ocurre porque no se está respetando la Ley de Víctimas 27.372, que establece que las víctimas tenemos el derecho a ser informadas y escuchadas ante cualquier resolución".
En esa línea, Matías Bagnato agregó: "No fuimos convocados a las mesas de diálogo. Las negociaciones son con los presos por los motines en los penales. Yo entiendo que tienen que tratar de solucionar el problema. Pero también tienen que comprender que hay víctimas que participan del proceso penal. Por eso, personalmente, propongo buscar un lugar para llevar a los presos, donde no estén expuestos al Covid-19, pero con las medidas de seguridad necesarias; como hospitales de campaña o cuarteles".
Por último, Viviam Perrone concluyó: "Al no considerar a las víctimas, sentimos que nos vuelven a matar a nuestros seres queridos que ya no tienen voz y no la tuvieron cuando perdieron la vida, en manos de quienes hoy solo piensan en sus propios derechos y exigen prisión domiciliaria en lugar de exigir el derecho a la salud".
La asociación de víctimas Usina de Justicia interpuso un recurso de amparo ante la Cámara de Casación Criminal y Correccional para evitar las excarcelaciones. El documento judicial dice: "Se disponga, como medida cautelar, la inmediata suspensión de todos los efectos jurídico procesales emergentes del texto de la Acordada nro. 5/2020", que insta a los magistrados del fuero en Capital Federal "extremen los recaudos para coadyuvar a la más pronta disminución de la sobrepoblación carcelaria", y atender "la situación de los internos que conformen grupos de riesgo".
A su vez, una fuente del Poder Judicial consultada por LA NACION dijeron que "la participación de familiares de víctimas no se está cumpliendo debidamente en los procesos donde se deciden los beneficios, que en realidad son derechos". Sin embargo, dijeron: "Hay un grupo de personas condenadas o procesadas por delitos no violentos, a quienes le restan poco tiempo para cumplir la condena. Hay otro grupo que son población de riesgo".
Y agregó: "Pero la decisión no es inmediata; no hay distinción por el tipo de delito, según lo que resolvieron las casaciones. Estar en riesgo no se discierne por el tipo de delito cometido. Pero hay que saber que no son decisiones automáticas. No por estar en población de riesgo te corresponde de una prisión domiciliaria. Esto se analiza caso por caso, y en este proceso deberían tener participación las víctimas y lamentablemente no la han tenido. Actualmente, en la provincia de Buenos Aires, no hay pulseras electrónicas disponibles".
En otro reportaje con LA NACION, un agente de las tropas especiales de Gendarmería Nacional que lleva una década combatiendo el delito, también analizó las excarcelaciones: "Sentimos mucha impotencia. Nosotros arriesgamos nuestra vida, día a día para proteger a los ciudadanos. Muchos de estos reos se llevaron las vidas de nuestros camaradas; cometieron delitos contra la integridad sexual, contra la vida. Nos sentimos mal".
El largo camino de una víctima
A las 16.45 del 6 de julio de 2006, sobre Cabildo -entre La Pampa y José Hernández-, Martín Ríos sacó su pistola y en calma, según describieron los testigos, comenzó a disparar contra la multitud que a esa hora caminaba por allí. Fueron al menos 13 disparos; tres le arrebataron la vida al joven Alfredo Marcenac, de Necochea. Martín Ríos quedó detenido. La prensa rápidamente lo bautizó " el tirador de Belgrano". Según la Justicia, no comprendió la criminalidad de sus actos; está internado en el penal de Ezeiza.
Los padres de Alfredo, mes a mes, luchan para que Ríos no vuelva a la calle. En un reportaje con LA NACION, también analizaron las excarcelaciones y los largos caminos que las víctimas recorren en la Justicia. Mónica Bouyssede, madre de Freddy, dijo: "Pienso en esta situación con dos palabras, desamparo y fragilidad. Desamparo frente a un sistema judicial que no responde a las demandas de las víctimas. Muchas veces sentimos que la Justicia en este país no existe. Y cuando los procesos terminan, tenemos que actuar como contralores de un sistema ineficiente. Eso nos pone en una situación de fragilidad extrema".
Y agregó: "Parece que no somos parte del sistema judicial, que reclamamos derechos como si eso fuera algo injusto; y ese reclamo no termina nunca. La fragilidad del sistema judicial argentino hace que no podamos confiar, y nunca tener paz respecto de nuestra situación de victimización. Es muy terrible y es necesario revisar los procedimientos y las decisiones que toman los jueces de forma inmediata".
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