Tucumán: un expolicía denunció que dos agentes le pidieron que baleara la casa de la familia de Facundo Ferreira
El caso de Facundo Ferreira, el chico de 12 años que recibió un tiro en la nuca y murió cuando dos efectivos lo perseguían, el 8 de marzo pasado, en la capital de Tucumán, continúa envuelto en suspicacias sobre los movimientos de la policía y las decisiones posteriores de la Justicia. En las últimas horas se supo que habían aparecido imágenes de video que muestran que uno de los agentes señalados como autores del disparo que segó la vida del menor participó del levantamiento de las vainas servidas tras el hecho, algo que está expresamente vedado en cualquier protocolo de intervención criminalística de una escena del crimen.
También se supo que un exoficial denunció ante la fiscal del caso que dos agentes le habían ofrecido "resolverle un problema" para que pudiera retornar a la fuerza a cambio de atentar contra la casa de la familia de Facundo. La familia afirma que desde el día del hecho recibe amenazas -que atribuye a la fuerza policial- para que deje de reclamar ante la Justicia.
En tanto, los dos oficiales que participaron del hecho, que fueron indagados por la fiscal Adriana Giannoni, quien pidió su detención, pero le fue denegada, fueron repuestos en sus funciones tras una escueta resolución de un juez de turno.
Luego de cuatro meses de investigación y de peritajes, la fiscal Giannoni recibió una denuncia que la convenció de pedir la detención de los agentes imputados. La noche del 26 junio aquel denunciante caminaba por Larrea al 1000 mientras cumplía su trabajo de vigilador en un barrio de San Miguel de Tucumán. Según declaró, vio a buena distancia que un patrullero se le acercaba sigilosamente. El móvil (un Chevrolet Prisma con número de identificación TUC-0536), frenó a su lado. El denunciante (expolicía provincial) reconoció al conductor: dijo que era el oficial Walter Alejandro Díaz, del comando radioeléctrico 911, el mismo al que pertenecen los dos agentes imputados en la muerte de Facundo.
"Te la hago corta. No tengas miedo que no venimos por vos. Sé que andás con quilombos y que querés volver a la policía. Para eso tenemos una solución", le propuso el oficial Walter Díaz, según declaró el denunciante (por cuestiones de seguridad, su identidad se mantiene en reserva). "Hablemos a calzón quitado y decime qué querés", dijo que le contestó. Y que, en respuesta, el oficial Díaz sostuvo: "Es por el tema del pendejo este, el que mataron en el Bajo. Mirá, vos nos hacés un favor y mi primo y un tal Virus le tiran a otro el muerto de tu causa".
Es que el vigilador había sido separado de la fuerza tras un hecho durante su servicio, en el que hubo una persona gravemente herida, el "muerto de tu causa" al que se hizo referencia.
El oficial Díaz, según consta en la denuncia a la que accedió LA NACIÓN, continuó: "Te la hago sencilla, los chongos [por los imputados] tienen un quilombo y me pidieron que te diga que te van dar un arma para que vayas a la casa de la familia, dispares y les digas que no se metan con la policía, y vos quedás limpio".
El denunciante pidió a la fiscal protección para su familia; afirmó que si se negaba a hacer su parte en el "apriete" corrían riesgo su vida y las de los suyos.
La fiscal Giannoni pidió inmediatamente las filmaciones de las cámaras de seguridad del lugar donde el denunciante dijo haber tenido ese encuentro y requirió el GPS del móvil identificado para trazar su recorrido. Todo concordaba con el relato que había escuchado.
La fiscal imputó a los agentes por homicidio agravado y los llamó prestar declaración indagatoria.
El 2 de julio le tocó al agente Cáceres. Su declaración duró más de siete horas. Cuando concluyó, el magistrado que llevaba la causa, Facundo Maggio, ya había terminado su turno. Por sorteo, la resolución del pedido de detención de Cáceres recayó sobre el juez subrogante Víctor Rougés. En menos de una hora, y en una resolución de una carilla, desestimó el requerimiento fiscal y lo dejó en libertad.
Al día siguiente fue el turno de Montes de Oca, a quien en el peritaje toxicológico, según fuentes judiciales, se le habían encontrado restos de consumo de cocaína y marihuana. La escena del día anterior se repitió casi como un calco: a la hora salió caminando de los tribunales. Los dos agentes continúan en funciones.
Intimidaciones a la familia
"El hermano de Montes de Oca se nos acercó afuera de los tribunales y nos dijo que había quedado en libertad y que no hiciéramos más quilombo porque lo que le había pasado a Facundo le iba a pasar a mi hijo", le contó a LA NACIÓN Rita Ferreira, tía de Facundo.
Según la familia de la víctima, desde el día de la muerte del chico los episodios intimidatorios en su contra se repiten una y otra vez.
El sábado se cumplirán seis meses del crimen. La familia de Facundo dijo que el 8 de agosto pasado personal del comando 911, fuerza a la que pertenecen los dos efectivos imputados, comenzó a disparar balas de goma y de plomo contra su casa. Denunciaron que les mataron al perro y que lesionaron a Rita Ferreira.
Además, en el expediente se denunció que en diferentes días de marzo, después del hecho, un patrullero se detuvo en la puerta del domicilio de los Ferreira y un uniformado les apuntó con una escopeta e insultó a los familiares. "Vivimos con miedo, queremos justicia. No queremos que estos oficiales estén en la calle. Vamos a pelear", dijo Rita.
"La libertad de ambos imputados con pruebas tan contundentes, que acreditan que pueden entorpecer la causa, es una vergüenza para el Poder Judicial de Tucumán. Sin lugar a dudas estamos ante una Justicia selectiva que, en minutos, libera a policías acusados de homicidio, pero que se hace lenta para el común de la gente", dijo el abogado Emilio Guagnini, abogado de Abogados y Abogadas del NOA en Derechos Humanos y Estudios Sociales (Andhes) y representante de la querella por parte de la familia de Facundo.
La fiscal había apelado la decisión del juez Rougés, ya que cree que, por continuar en funciones y en la calle, los dos policías imputados sí pueden obstruir el curso de la causa.
Los acusados sostuvieron ante la fiscal Giannoni que la noche del hecho habían comenzado a disparar porque Juan, el chico que manejaba la moto en la que iba Facundo de acompañante, les disparó primero.
Pero el peritaje balístico incorporado al expediente detalla que, por el contrario, quienes dispararon primero fueron los uniformados. La moto en la que iban Facundo y su amigo Juan, en tanto, no contaba con ningún pedido de secuestro previo; simplemente habían tomado una avenida de contramano.
La causa quedó envuelta polémicas porque en los ministerios de Seguridad provincial y nacional salieron en defensa de los policías haciendo suyos los argumentos de los oficiales acusados por el Ministerio Público Fiscal tucumano. LA NACIÓN intentó obtener una declaración del Ministerio de Seguridad tucumano al respecto. La respuesta fue: "Comuníquense con la Justicia". Este diario ya lo había hecho y la intención era, precisamente, tener una respuesta oficial ante las constancias judiciales del caso.
El abogado Guagnini confirmó que pedirá la elevación a juicio del caso. Y agregó: "Vamos a insistir con la prisión preventiva ya que la familia está en absoluto riesgo. Hay presiones desde distintos lugares para mantener la libertad de los policías involucrados".
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