Familia narco. La Corte Suprema puso punto final y dejó firmes las condenas contra “El Rey de la cocaína”, su esposa y su hijo
Delfín Zacarías, detenido hace casi diez años en la llamada Operación Flipper, administraba una cocina de drogas que funcionaba en una lujosa casa en un country de Funes, en la periferia de Rosario
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LA NACION
Después de casi una década de periplo judicial, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la condena a 16 años de prisión para David Delfín Zacarías, “el Rey de la Cocaína” y detenido en septiembre de 2013 con 300 kilos de cocaína y 2000 litros de precursores químicos con los que producía hasta media tonelada de droga en una “cocina” instalada en una mansión de un country de las afueras de Rosario.
El máximo tribunal del país rechazó un recurso extraordinario interpuesto por la defensa del acusado, con lo que confirmó, de hecho, la sentencia dictada por el Tribunal Oral Federal (TOF) N°1 de Rosario, que también alcanzó a la esposa de Zacarías, Sandra Inés Marín, que recibió una pena de 14 años de prisión, y a Joel Zacarías, hijo de ambos, condenado a 7 años de cárcel.
En el mismo juicio oral, realizado en 2018, fueron condenados otros miembros de la banda de Zacarías y dos policías, uno de ellos, quien era el jefe de la Brigada Departamental de Drogas Peligrosas de Rosario, Diego Comini, señalado como protector del líder de la banda narco.
El TOF1 de Rosario condenó a Zacarías como organizador del tráfico de estupefacientes y coautor del delito de tráfico de drogas ilícitas en las modalidades de guarda de elementos y materias primas para producir y fabricar estupefacientes; producción, fabricación y preparación de estupefacientes.
También, por el delito de tenencia con fines de comercialización, agravada por la intervención en forma organizada de tres o más personas.
La investigación que permitió el arresto de Zacarías y su organización narcocriminal se inició en 2012 y permitió, en septiembre del año siguiente, realizar un allanamiento en una casa de fin de semana de la localidad santafesina de Funes, lindera a Rosario, en la que la Policía Federal secuestró 300 kilos de cocaína y 2 mil litros de precursores químicos.
El entonces secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, quien participó del llamado Operativo Flipper, consideró que Zacarías administraba “una de las cocinas más grandes de cocaína del interior del país”.
Señalado periodísticamente en aquel momento como “El Rey de la cocaína”, Zacarías era titular, oficialmente, de una agencia de remises llamada “Frecuencia Urbana” ubicada en la localidad de Granadero Baigorria, al norte de Rosario.
Según la investigación, su zona de influencia para la comercialización de estupefacientes era, justamente, el cordón norte del Gran Rosario hasta la ciudad de San Lorenzo, en la que había conseguido una excepción al código urbano para levantar un gimnasio de tres pisos en una zona rural. A cambio, Zacarías donó los recursos para una plaza en San Lorenzo.
De acuerdo a la investigación, el objetivo del condenado era montar un laboratorio de drogas en el edificio que simularía un gimnasio, para lo cual tuvo que llevar 9 cuadras de tendido eléctrico y afrontar la obra del cordón cuneta.
Un informe de la entonces Subsecretaría de Delitos Económicos del gobierno de Santa Fe determinó que Zacarías había adquirido 36 inmuebles en un año y 24 autos y camionetas, algunos de alta gama.
Por esa investigación fue procesado junto a su esposa, su hijo Joel y su hija Flavia por lavado de activos, en una causa elevada a juicio oral.
En la causa por narcotráfico, la defensa cuestionó la cadena de custodia del material secuestrado, la idoneidad de los precursores químicos secuestrados y el incumplimiento de los protocolos de actuación para la preservación, traslado y custodia de estupefacientes, según informó la Corte Suprema.
La Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal abordó esos planteos y rechazó los recursos de casación deducidos.Frente a dicha decisión, la defensa particular en representación de Zacarías, su esposa y su hijo Joel presentó un recurso extraordinario federal, que fue desestimado por el máximo tribunal del país, dejando firme las condenas dictadas en 2018.
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