Faltaron cuatro de los jurados populares y la madre de Blas Correas está preocupada por la continuidad del juicio

CÓRDOBA.- No pudo reanudarse este miércoles el juicio oral y público contra 13 policías por el asesinato del joven Blas Correas en la ciudad de Córdoba. La audiencia -la primera después de la feria judicial- fue suspendida por la Cámara 8a. del Crimen, ya que tres de los ocho jurados populares (dos hombres y una mujer) presentaron certificados médicos para no concurrir al debate. Al no alcanzarse el cupo mínimo para conformar el tribunal, la audiencia pasó para el próximo viernes.

El abogado de la familia del adolescente asesinado, Alejandro Pérez Moreno, explicó: “Hoy estamos ante la posibilidad cierta de que nos quedemos sin jurados populares. Sí o sí deben ser ocho”. Los camaristas tiene previsto realizar seis audiencias este mes y un número igual en marzo, para dictar sentencia los primeros días de abril.

Soledad Laciar, la madre del adolescente, pidió a los jurados que sigan asistiendo. “Aguanten, nosotros hace dos años que venimos peleando por justicia y esto me da mucho miedo. Les pido que me acompañen un poquito más”, dijo a El Doce.Tv. Su temor es que el juicio sea declarado nulo y se inicie uno nuevo.

El defensor de uno de los policías acusados, Justiniano Martínez, planteó que si se agotan los jurados “se genera la imposibilidad de terminar el debate”. El jurado está integrado por diez personas, cinco mujeres y cinco hombres, y hay seis suplentes.

Fuentes de la Cámara 8a. indicaron a LA NACION que no se requiere que haya paridad de género en el tribunal, por lo que puede seguir funcionando con más mujeres que hombres en el caso de tener que reemplazar a algunos de los que se ausentaron.

En la madrugada del 6 de agosto del 2020, Blas Correas circulaba con cuatros amigos cuando evadieron un control policial –”por temor” según explicaron los adolescentes en el juicio- y dos efectivos dispararon contra el auto.

Una de las balas le dio en la espalda a Correas, de 17 años, quien murió poco después en la calle. En una clínica privada no lo quisieron atender cuando fue llevado por sus amigos, lo enviaron al hospital de Urgencias, pero la policía los detuvo antes de llegar y el joven falleció.

Por el homicidio están acusados el cabo primero Lucas Damián Gómez quien está imputado por haber hecho cuatro disparos con su arma reglamentaria, y el cabo primero Javier Catriel Alarcón, que disparó dos veces.

Están imputados como “coautores de homicidio calificado por haber sido cometido en abuso de su función y homicidio agravado por el empleo de armas de fuego, homicidio calificado por abuso de su función en grado de tentativa reiterado, en cuatro hecho, y homicidio agravado por el empleo de armas de fuego en grado de tentativa reiterado, en cuatro hechos”.

Los policías Sergio González, Wanda Esquivel, Yamila Martínez, Walter Soria, Enzo Quiroga, Jorge Galleguillo, Leonardo Martínez, Rodrigo Toloza, Ezequiel Vélez, Leandro Quevedo y Juan Gatica están imputados por falso testimonio, encubrimiento por favorecimiento personal agravado por la calidad funcional y omisión de deberes de funcionario público.

Entre las acusaciones figura haber “plantado” un arma para simular un enfrentamiento con los jóvenes que venían en el auto.

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