Extinción de dominio. Subastan la famosa Ferrari F430 confiscada a uno de los clanes narco más poderosos de la Argentina
Es uno de los vehículos incautados a la organización criminal encabezada por Erwin Loza, que ya fue condenado por lavado de activos
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La Justicia federal en lo Civil y Comercial hizo uso de las potestades otorgadas por el régimen legal de extinción de dominio de bienes producto de la criminalidad organizada y dispuso la venta anticipada dos imponentes camionetas y de una impactante cupé Ferrari secuestradas a uno de los más poderosos clanes narco de la Argentina.
Según informó el Ministerio Público Fiscal, el juez Gonzalo Auguste “ordenó la venta anticipada prevista en el artículo 14 del Régimen Procesal de la Acción Civil de Extinción de Dominio respecto de una Ferrari F430 y de dos camionetas Chevrolet (modelos 3100 y Silverado), vehículos cautelados tanto en el marco de la causa penal como civil seguida contra miembros del denominado Clan Loza”.
Los hermanos Loza y parte de su banda, jugadores principales del narcotráfico transnacional, ya que importaban la cocaína que luego ubicaban en el mercado europeo, fueron condenados en diciembre de 2021 a penas de entre 4 y 10 años de prisión por lavado de activos, asociación ilícita y contrabando de divisas.
La Justicia en lo Penal Económico dio por comprobado, en una causa iniciada en 2017, que el clan comandado por Erwin Raúl Loza traficaba drogas hacia España, y desde allí traía el dinero producto de su actividad ilícita para reinsertarlo en el mercado local a través de compras de bienes muebles e inmuebles y para sostener el funcionamiento de la estructura criminal. Se los acusó de lavar de dinero del tráfico de drogas, más de 800 millones de pesos que habrían usado para adquirir, a través de testaferros, inmuebles, empresas y autos, entre ellos, la famosa Ferrari F40 que manejó Diego Armando Maradona en la década del 90.
En forma subsidiaria a la condena penal, el Tribunal en lo Penal Económico N°3 dispuso el decomiso de inmuebles en los barrios porteños de Recoleta, Caballito y Belgrano, y en San Isidro, Pilar, Mar del Plata, Pinamar y Salta. También, vehículos y camionetas de alta gama de marcas como Mercedes Benz y BMW, entre otras; activos de diferentes empresas, dos relojes Rólex secuestrados en un allanamiento hecho en una propiedad de la localidad de Martínez y electrodomésticos.
Buena parte de ese lote de bienes muebles e inmuebles había quedado en manos del Estado en septiembre de 2019. Fue cuando se aplicó el primer fallo de la Justicia Civil y Comercial dictado bajo el paraguas del decreto de necesidad y urgencia (DNU) con el que el expresidente Mauricio Macri impuso el régimen procesal de la acción civil de extinción de dominio sobre bienes que sean producto de la corrupción y del crimen organizado.
Primer caso
La venta anticipada ordenada en esta ocasión es la primera que se adopta en el país en el marco del régimen de extinción de dominio, dispuesto a través del decreto 62/2019, y fue promovida por el equipo de fiscales creado por el procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, a través de la resolución MP 167/2019, conformado por el fiscal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo Miguel Ángel Gilligan, su par de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) Diego Iglesias, y los fiscales en lo penal económico Pablo Turano y Gabriel Pérez Barberá. En 2019 ellos habían promovido la demanda civil autónoma –prevista en el régimen especial– contra 35 personas por un total de 190 bienes.
En octubre de 2023, según se informó en fiscales.gob.ar, el Ministerio Público Fiscal requirió la disposición anticipada de los bienes, por tratarse de activos cautelados en una causa penal que “no solo presentaban riesgo de desvalorizarse y deteriorarse, sino que, además, dadas sus características, requerían de un mantenimiento oneroso y generan una erogación alta para el erario público”.
El juez Auguste hizo lugar al pedido de los fiscales. “Entiendo que existiría –ahora– un riesgo cierto e inminente de sufrir perjuicios sobre el interés público y el patrimonio estatal”, sostuvo el magistrado en lo Civil. A los fines de apurar el procedimiento, dado que los bienes en cuestión “presentan un ‘riesgo de perecer, deteriorarse, desvalorizarse o cuando su conservación genere erogaciones excesivas para el erario público’”, ya dispuso el sorteo del perito que deberá intervenir y que, una vez que tome el cargo, coordine con la AABE todos los requerimientos pertinentes para realizar la subasta.
“Fijada que fuera la fecha y base de la subasta pertinente, se resolverá la cuestión atinente al destino de las sumas que fueran producto de tal acto”, estipuló el juez Auguste.
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