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Expulsaron del país a tres colombianos que robaron un departamento en Caballito

Los tres hombres habían ingresado al territorio nacional menos de un mes antes de asaltar el inmueble; tras ser deportados, la Justicia les prohibió el reingreso a la Argentina

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Tres hombres de nacionalidad colombiana entraron a robar a un departamento de Caballito, los detuvieron y los expulsaron del país
Tres hombres de nacionalidad colombiana entraron a robar a un departamento de Caballito, los detuvieron y los expulsaron del paísPFA

Tres ladrones de nacionalidad colombiana que habían robado en un departamento del barrio porteño de Caballito a fines de enero y quedaron detenidos, finalmente fueron expulsados del país por la Dirección Nacional de Migraciones (DNM), organismo dependiente del Ministerio del Interior de Nación. Desde hace tiempo, el jefe de Gobierno de la Ciudad, Jorge Macri, insiste en la necesidad de que vuelva a estar habilitado el punto de la Ley de Migraciones donde se imponían controles más estrictos para evitar que delincuentes extranjeros permanecieran en la Argentina.

Estos delincuentes fueron detenidos luego de que ingresaran a robar a un departamento en Caballito y la Justicia los había condenado a tres años de prisión en suspenso por el delito de robo agravado por haber sido cometido en poblado y en banda, con efracción y escalamiento, según el fallo del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 10 de la ciudad, según pudo saber LA NACION.

Dos hombres de nacionalidad colombiana entraron a robar a un departamento de Caballito, los detuvieron y los expulsaron del país
Dos hombres de nacionalidad colombiana entraron a robar a un departamento de Caballito, los detuvieron y los expulsaron del país

En el operativo de deportación, realizado en conjunto con el Gobierno porteño, se dispuso además la prohibición de ingreso a la Argentina, de forma permanente, de los tres condenados, quienes fueron trasladados por la División de Asuntos Migratorios de la Policía Federal Argentina (PFA) al Aeroparque Internacional Jorge Newbery con el fin de efectuar la expulsión del territorio nacional.

El caso

A fines de enero último, personal de la Comisaría Vecinal 6B de la Policía de la Ciudad fue desplazado por un llamado al 911 a la calle Thompson al 500 porque delincuentes habían trepado al balcón de un segundo piso para ingresar a un departamento aparentemente vacío con fines de robo.

Al llegar, los efectivos se entrevistaron con vecinos del lugar, quienes indicaron que habían escuchado ruidos y luego visto una soga colgando de un balcón, y que un sospechoso se había fugado por la avenida Pedro Goyena en monopatín. Inmediatamente, se implementó un operativo cerrojo en la zona y un móvil policial logró dar con el buscado en Goyena al 700, junto a otros dos hombres que lo esperaban en un Ford Focus gris con el motor en marcha, indicaron a LA NACION desde la Policía de la Ciudad.

Los hombres fueron identificados por testigos. Eran tres ciudadanos colombianos que tenían en su poder $75.520, 22 dólares y seis celulares que habían sustraído del departamento, al igual que el monopatín. Los detenidos fueron trasladados a la comisaría y puestos a disposición del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 2, a cargo del Dr. Gorostiaga, imputados por el delito de robo, agravado por escalamiento, y en poblado y en banda.

“Estos delincuentes habían ingresado al país hacía menos de un mes, y uno de ellos lo hizo de forma irregular. Pediremos a la Nación su expulsión de forma inmediata. En la Ciudad, uno de cada cuatro detenidos por entraderas tiene nacionalidad extranjera. Vamos a trabajar para que los extranjeros que delinquen sean expulsados”, afirmó entonces el ministro de Seguridad, Waldo Wolff.

En 2017, el Poder Ejecutivo de la Nación, entonces a cargo de Mauricio Macri, publicó el decreto 70 con el cual modificaba la Ley de Migraciones. Se imponían allí controles más estrictos para evitar que delincuentes extranjeros permanecieran en la Argentina. Sin embargo, en marzo de 2021, el entonces presidente Alberto Fernández derogó ese decreto sobre la ley migratoria por considerar que esos cambios eran “irreconciliables con la Constitución Nacional y con el sistema internacional de protección de los derechos humanos”.

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