¿Estafas piramidales? Cositorto suma una preventiva en Corrientes y en Catamarca protestan frente a la casa del dueño de Adhemar

Las causas por presuntas estafas piramidales son el nuevo “brote verde” de la cotidianidad criminal argentina. Hay nombres propios de peso y causas que se mueven, con distinto ritmo, en distintas provincias, aunque todas con el mismo norte. La más conocida, por ahora, es la de Generación Zoe, cuyo líder, Leonardo Cositorto, fue detenido a principios de abril en República Dominicana, después de estar dos meses prófugo, y está imputado en tres provincias y también bajo el radar judicial de Comodoro Py. La que viene en saga, pero con un fuerte avance, es la de Adhemar Capital, con epicentro en Catamarca y con su cabeza, Edgar Bacchiani, como figura estelar.

Cositorto, exCEO del conglomerado Generación Zoe, que a principios de esta semana fue indagado en Villa María por la fiscal Juliana Companys, declaró esta mañana en los tribunales de Goya, donde la Justicia lo investiga por otro centenar de estafas denunciadas por damnificados en esa provincia, que dijeron haber sido engañados por el canto de sirena que les prometía altísimos retornos por sus inversiones, que nunca más volvieron a ver.

El monto estimado de la defraudación, según el abogado querellante Pablo Fleitas, es de US$190.000, y subiendo, en la medida que aparecen nuevos damnificados. Sin embargo, Cositorto, en su indagatoria -a la que llegó protegido con un chaleco antibalas-, dijo que “no tiene un peso en su cuenta”, donde apenas atesora 0,0002 centavos de dólar. Al igual que ante la fiscal Companys, afirmó que su caída en desgracia es fruto de una conspiración en su contra de parte de tuiteros y medios de comunicación. También dijo que, “si estuviera libre, en vez de estar incomunicado, obviamente porque tengo negocios que puedo volver operar, les puedo pagar a las víctimas”.

“Dijo que es víctima de una campaña mediática de difamación que llevó al quiebre de su empresa”, afirmó Fleitas al diario correntino El Litoral. Por la tarde, el juez de Garantías Carlos Balestra dictó la prisión preventiva de Cositorto y ordenó su regreso a Córdoba, luego de que acordara con la Justicia de Villa María la anotación conjunta de la detención. En Corrientes están arrestados tres representantes regionales de Generación Zoe: Lucas Nicolás Camelino y los hermanos Nicolás y Javier Medina, para quienes Cositorto, en su indagatoria, pidió “misericordia”.

El fiscal Patricio Palisá le atribuyó los delitos de asociación ilícita en grado de organizador, en concurso real con estafa en modalidad de delito continuado. Se presentaron los casos de 85 víctimas, con información sobre los montos de las estafas que habría sufrido cada una de ellas, junto con 60 elementos de prueba de cargo.

Ante eso, Cositorto respondió.“En ningún momento generamos una asociación ilícita. Yo no tengo socios… Nos dedicamos específicamente a la educación. Nuestra escuela tiene un promedio de un aporte de 1600 dólares por estudiante. Les damos una educación muy superior a cualquier escuela, les damos oratoria, couching, locución, periodismo, producción audiovisual, marketing, educación emocional”, lanzó, según publicó el diario El Libertador.

Y finalizó: “Acá lo que se busca es atacar a mi persona y a la empresa. Me nombraron como estafador, rey de la estafa, pero lo único que hacíamos desde hace más de cinco años era educar a las personas y cumplirles. Acá en la Argentina hubo un conflicto de intereses… Nosotros habíamos creado una criptomoneda propia, llamada Zoe Cap, la cual sigue cotizando, y teníamos 500 millones de monedas, de las cuales cien millones se habían repartido en la comunidad y los otros 400 millones estaban cotizando a 31 centavos en el mes de diciembre, con lo cual la empresa tenía más de 120 millones de dólares de respaldo de solvencia para sostener cualquier pago de fideicomiso”.

Manifestaciones en Catamarca

A diferencia de Cositorto, que en las siguientes dos semanas también será indagado en Salta y deberá enfrentar nuevamente a la fiscal Companys antes de regresar a su celda en la cárcel de Bouwer, Edgar Bacchiani, detenido hace una semana en Catamarca junto a su segundo y otros dos imputados, acusados de “asociación ilícita, lavado de activos, defraudación y de intermediación financiera no autorizada” en su empresa Adhemar Capital, es, todavía, objeto de fuertes protestas de los damnificados en San Fernando del Valle.

Continúan a diario las manifestaciones de los ahorristas frente a las casas de los imputados e incluso en la residencia del gobernador catamarqueño, Raúl Jalil. Quienes protestan -ya lo hicieron en la clínica donde estuvo internado el empresario y también el día que la Gendarmería lo buscó en su vivienda- reclaman recuperar su dinero.

Adhemar recibía fondos para invertirlos en criptomonedas y, a cambio, ofrecía tasas de interés que llegaban al 50% anual. También daba una suerte de “bonos” a quienes acercaban a otros ahorristas para que también pusieran dinero. Por eso, la operatoria se encuadraría en el esquema piramidal.

La Policía de Catamarca destina agentes a los diferentes puntos de la ciudad donde hay protestas. El enojo de quienes destinaron dinero a Adhemar crece a medida que se suman datos como el que planteó la directora del Registro de la Propiedad, Patricia Valdéz, quien denunció ante la Justicia una presunta adulteración del sistema del organismo, al hacer un relevamiento de los bienes Bacchiani y detectar que hubo una modificación.

Según publicó el diario catamarqueño El Ancasti, al analizar un informe solicitado por la Justicia se vio que “al menos tres bienes que estaban registrados” a nombre del empresario no figuraban en el listado.

Este jueves se reunieron el abogado de Bacchiani, Lucas Retamozo, y Alfredo Aydar, apoderado de más de 400 afectados por la operatoria de Adhemar Capital. Según dijo Aydar a LA NACION, entregó un listado de los 50 primeros clientes que se le acercaron para que haya una “restitución de dinero”.

“En los próximos días se irán entregando los demás pedidos -agregó-. Retamozo se llevó todos los requerimientos para que sean verificados los montos y demás datos de las solicitudes. Una vez que ellos den una respuesta, se hará una contrapropuesta para avanzar y solicitar las audiencias de acuerdo que correspondan”.

El monto estimado de la primera etapa del requerimiento ronda los $1500 millones. El próximo lunes, Bacchiani debería hacer una ampliación de declaración indagatoria. Por su lado, la Justicia provincial de Córdoba -que no entregó la causa a la Justicia Federal de Catamarca- hizo una requisitoria para que declare este viernes.

El secretario Penal del Juzgado Federal de Catamarca, Luis Baracat, habló para “llevar tranquilidad a la comunidad”. Explicó detalles de los procedimientos realizados en la causa y desde dónde se emanaron las directivas. “La detención se llevó a cabo por la Gendarmería Nacional, por orden del juez federal. No participó ninguna autoridad ni personal policial de Córdoba”.

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