“Te estoy sacando de un quilombo”, los audios de las extorsiones a visitantes de una página de citas hot

A. O., D. S. y L. P. tienen entre 23 y 39 años. No se conocen entre sí. Tienen en común que era visitantes de una web hot donde jóvenes mujeres suben fotos desnudas y buscan citas. Los tres cayeron en la misma trampa: les hicieron creer que se habían contactado con una menor de edad víctima de una red de trata, y falsos policías y funcionarios judiciales les exigieron dinero a cambio de no involucrarlos en una supuesta causa penal. Detrás del plan criminal estaba un preso alojado en una cárcel del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), que contó con la colaboración de su hermana, entre otras personas. Con sus extorsiones habría conseguido un botín estimado en $2.500.000.

Así lo informaron a LA NACION calificadas fuentes policiales y judiciales. La investigación, a cargo del Área Ejecutiva de Investigaciones Criminales de San Isidro, conducida por la fiscal Carolina Asprella, y de personal de la Estación Departamental de Policía Vicente López, comenzó en julio pasado tras una serie de denuncias con un “patrón en común”.

Las víctimas comenzaron a ser extorsionados después chatear por WhatsApp con supuestas mujeres con las que habían tomado contacto en una web hot. Pero los perfiles eran falsos. En realidad, la persona que estaba detrás de los chats era R. E. Q. A., un interno de la Unidad Penitencia 32 del SPB, de Florencio Varela, donde cumple una condena por robo.

El plan criminal comenzaba con la llamada de un supuesto policía que les decía a sus interlocutores que sabía que había chateado con una joven que habían conocido en un sitio de citas y les comunicaba que la chica era menor de edad, víctima de trata de personas, y que para evitar quedar involucrados en una investigación judicial debían “arreglar”, es decir, pagar una suma de dinero.

“No te estoy chantajeando. Te estoy sacando de un quilombo con una chica menor. ¿Decime qué abogado te va a sacar de la cárcel por 5000 pesos?”, le llegó a decir el falso policía a una de sus víctimas. Incluso les “garantizaba” que por 4000 pesos los desvincularía de una causa de pedofilia y “trata de menores”.

Las exigencias de dinero no terminaban con el primer pago. Las extorsiones continuaban. En comunicaciones posteriores, las víctimas recibían llamadas de una falsa secretaria de una fiscalía federal de los Tribunales de Comodoro Py. La impostora les decía a los incrédulos hombres que las transferencias que había hecho nunca habían llegado “a manos” del fiscal de la causa.

Según pudieron reconstruir los investigadores judiciales y policiales, las víctimas que cayeron en la trampa (por lo menos tres personas, pero no se descarta que hayan sido más y que no se hayan animado a hacer la denuncia) transfirieron el dinero exigido a billeteras virtuales.

“Una vez que los falsos policías y funcionarios tenían el dinero en sus billeteras virtuales, hacían otras transferencias a cuentas que tenían abiertas en entidades bancarias”, explicó a LA NACION un investigador.

Tras un pedido de la fiscal Asprella, la jueza de Garantías de San Isidro Andrea Rodríguez Mentasty autorizó una serie de intervenciones telefónicas que fueron de suma importancia para avanzar en la investigación.

“Las víctimas caían en la trampa porque el relato del falso policía tenía cierto grado de verosimilitud”, afirmó un detective policial que participó de la investigación.

A partir de las intervenciones telefónicas, la fiscal Asprella y el personal de la policía bonaerense pudo reconstruir el mecanismo de la estafa. En una de las comunicaciones, se detectó cómo el cerebro del plan criminal le explicaba a su hermana “el guion” que debía interpretar para hacerse pasar por “una secretaria de una fiscalía de Comodoro Py”.

Con el avance de la pesquisa, los funcionarios policiales y judiciales pudieron determinar que parte de las llamadas extorsivas las hacía un preso alojado en el pabellón 7 de la Unidad 32 del SPB. Se trata de un interno que está en la cárcel desde junio de 2019, condenado por robo agravado por el empleo de arma y participación de un menor.

“En los casi cuatro meses de investigación se pudo acreditar la existencia de tres víctimas, pero la sospecha es que hubo más personas que cayeron en la trampa, pero por vergüenza no hicieron la denuncia. Por el movimiento de dinero se pudo determinar que los delincuentes se hicieron de un botín de 2.500.000”, explicaron fuentes del caso.

Según fuentes policiales, la semana pasada se hicieron una serie de allanamientos. Uno de los operativos se hizo en la Unidad 32 del SPB, en el calabozo donde está alojado el sindicado cerebro de la organización. También hubo un procedimiento en Lanús, en la casa de la hermana de R. E. Q. A., que quedó detenida.

“En la celda del sospechoso se secuestraron cuatro teléfonos celulares y chips para aparatos móviles”, dijo un investigador. Fuentes con acceso al expediente resaltaron la importancia de haber reconstruido la “trazabilidad del dinero transferido por las víctimas (prueba fundamental de la causa)” y destacaron la colaboración del equipo de investigación informática de la Municipalidad de Vicente López y de las empresas que administran las billeteras virtuales usadas por los delincuentes, que colaboraron con los funcionarios policiales y judiciales.

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