Escándalo en Corrientes. Detienen a funcionarios y a directores de Catastro y del Registro de la Propiedad por estafas con terrenos

CORRIENTES. Efectivos de la Prefectura Naval Argentina llevaron adelante una serie de allanamientos en varios domicilios y en oficinas de las direcciones de Catastro y Cartografía y de la Propiedad Inmueble de la provincia. El operativo está relacionado con presuntas estafas con ventas de lotes en terrenos altamente cotizados de la zona de Santa Ana, poblado distante a pocos kilómetros de esta capital. Hasta el momento, según informaron fuentes judiciales, al menos diez personas fueron detenidas, entre ellas, empleados y los directores de aquellos organismos.

“Las acciones generadas en la fecha son consecuencia de las denuncias formuladas por los propios organismos de la provincia y se aguardan nuevas acciones similares hasta la determinación definitiva de responsabilidades en este tipo de procedimiento fraudulento”, se informó oficialmente.

Fuentes judiciales confirmaron a LA NACION que se llevaron a cabo al menos cinco allanamientos en la mañana de este jueves, y que entre la decena de detenidos se encuentran el agrimensor Narciso Santín Toffoletti, titular de la Dirección de Catastro y Cartografía de Corrientes, y la escribana María Eugenia Demetrio, directora del Registro de la Propiedad Inmueble, quien además, desde noviembre pasado, preside el Consejo de Registros de la Propiedad Inmueble de la República Argentina, que reúne a los 24 distritos del país.

Las tareas de inspección, búsqueda y detenciones se llevaron adelante desde esta mañana y en paralelo en el edificio de Catastro ubicado en calle 9 de Julio 1536; en el Registro de la Propiedad Inmueble de Corrientes, ubicado en avenida 3 de Abril 1202 y en otros tres domicilios.

La orden de allanamiento fue tramitada por el jefe de la Fiscalía de Instrucción N°3, Gustavo Roubineau, y constituye la continuidad de un largo proceso iniciado este año por denuncias generadas por las respectivas oficinas de contralor de los mencionados organismos provinciales, que detectaron irregularidades en varios trámites, cambios de sistema, modificaciones de datos, alteración de procedimientos, eliminación de archivos e incluso se denunció la incineración de otras documentaciones.

Lo del incendio fue un dato llamativo: se produjo en un sector que afectó al área de sistemas del Registro de la Propiedad, lo que provocó la pérdida de grandes cantidades de documentación. Por esto, incluso, las oficinas de la institución se mantuvieron cerradas durante dos días. Pero la clave es que ese daño se produjo dos días después de que se informaran cinco detenciones en el marco de esta misma causa, tras un operativo realizado el 12 de febrero pasado.

Fiscal contra fiscal

El hecho que se investiga involucra la actuación de una escribana del ámbito privado, que intentó concretar la inscripción de inmuebles con los títulos de propiedad adulterados, y que aparentemente habían sido comercializados por la profesional. Algunos lotes, incluso, fueron vendidos en más de una oportunidad.

También involucra a empleados y funcionarios de Catastro y Cartografía, del Registro de la Propiedad Inmueble, y a sus directores. Además, a profesionales del derecho y a un fiscal del Poder Judicial de Corrientes: Gustavo Schmidt Breitkreitz, titular de la Fiscalía ante el Tribunal Oral Penal Nº 2 (TOP 2), a quien se lo involucra en una maniobra fraudulenta en la adquisición de terrenos en sucesión que estaban usurpados.

Su nombre fue incluido en la causa por un colega suyo, el propio Roubineau, con quien en 2019 Schmidt logró llevar a juicio al exgoberna­dor Arturo Colombi en una causa por fondos gastados en publicidad.

Roubineau acusa a Schmidt de estafa y falsificación de documen­tos públicos. El acusado ya re­chazó los cargos en su con­tra y aseguró que pidió su desafuero para ser indagado como un ciudadano común.

El mecanismo fraudulento fue detectado por los organismos de control de Catastro y del Registro de la Propiedad, cuyas autoridades oportunamente recurrieron al ámbito judicial para que se proceda a corroborar las infracciones y los posibles delitos que se habrían intentado cometer.

En la causa ya hay varios detenidos e imputados, entre ellos abogados, agrimensores, profesionales que trabajaban con matrículas falsas y funcionarios judiciales. En algunos casos las sospechan alcanzan a familiares directos de los imputados.

Las detenciones de hoy se suman a las de febrero pasado, cuando la Prefectura Naval Argentina detuvo a cinco personas que integraban una banda delictiva dedicada a falsificar instrumentos públicos y a la compra y venta de inmuebles de manera irregular, según informaron desde la fuerza. Ese día se realizaron ocho allanamientos de manera simultánea a domicilios particulares, a una Escribanía y a dos Estudios Jurídicos, donde se detuvo a tres mujeres y dos hombres.

La causa está a cargo de la jueza Josefina González Cabañas, y tiene mucha trascendencia en Corrientes porque desde un primer momento la trama de la historia entrelazó nombres de personajes muy conocidos e intere­ses económicos y políticos.

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