“Ese camión tiene que seguir”: escándalo judicial, pidieron detener a un magistrado federal y a gendarmes por proteger a narcos

Pruebas de protección de un clan narco de Chaco y negocios espurios con integrantes de la Gendarmería Nacional fueron los motivos que llevaron a cuatro fiscales federales a pedir la detención de Miguel Aranda, un abogado que había sido designado conjuez de la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña.

Así lo informaron a LA NACION fuentes judiciales. “La operatoria criminal fue realizada por medio de personas claves para concretar las maniobras delictivas con el fin de obtener ganancias y beneficios espurios”, sostuvieron el fiscal general Federico Carniel, el fiscal federal de Presidencia Roque Sáenz Peña, Carlos Amad; el fiscal federal de Resistencia, Patricio Sabadini, y Diego Iglesias, a cargo de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), al solicitar la detención de Aranda, a cargo del juzgado federal de Roque Sáenz Pena, y otros tres sospechosos.

“No entiendo. No le encuentro razón a esto. Estoy absolutamente tranquilo”, afirmó Aranda en declaraciones a Canal 9 de Chaco.

Tras el dictamen de los fiscales, presentado ante la jueza federal Zunilda Niremperger, la Cámara Federal de Resistencia dejó sin efecto la designación de Aranda como juez subrogante de Presidencia Roque Saénz Peña, función que cumplía desde 2019.

”Existía una organización criminal donde Aranda era el jefe de la banda. Había gendarmes que trabajaban para él y el conjuez le daba protección. Se fraguaban procedimientos. Era un relación de ida y vuelta”, explicó a LA NACION una fuente que participa de la investigación.

Según fuentes judiciales, en las últimas horas, personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) hizo un allanamiento en la casa de Aranda, en Resistencia, donde se secuestraron $1.000.000, 16.000 dólares, reales y libras esterlinas.

“Si bien el dinero secuestrado no es una cantidad que no pueda justificar con sueldo de magistrado, lo importante es que los fajos de billetes estaban junto con anotaciones de referencia de causas en trámite”, afirmó un investigador del caso.

Los representantes del Ministerio Público Fiscal no solo solicitaron la detención de Aranda, también pidieron que sean apresados Cristián Marangón y Alberto Farías, dos comandantes principales de la Gendarmería Nacional, y Walter Ayala, al que las fuentes consultadas definieron como “un operador”.

Arangón falleció hoy. Estaba internado por una grave enfermedad, dijeron las fuentes consultadas. La búsqueda de Farías y Ayala continúa.

“Lo cierto es que para cometer los ilícitos, Aranda se valdría de su condición de conjuez a cargo nada menos que del Juzgado Federal de Presidencia Sáenz Peña, en el marco del cual lo denominan ‘el Jefe’ y desde tal posición de jerarquía y poder, articularía las conductas desplegadas por los demás imputados que bajo sus directivas y en lugares que serían funcionales a los objetivos de la empresa delictiva montada, lo que permitiría la actuación indiscriminada de aquéllos para el desarrollo de las maniobras ilícitas por las que fueron investigados y, también, se avalaría la concreción de otras que tendrían lugar por la falta de cumplimiento de su labor como único magistrado de instrucción con competencia federal en la ciudad”, sostuvieron los fiscales en su dictamen.

Uno de los hechos que se le adjudica a los sospechosos es la supuesta protección a una banda narco de Chaco conocida como el clan Sosa.

“Se puso en conocimiento- entre otras irregularidades- que el comandante principal Farías contaba con información sensible respecto del trámite de causas penales proveniente desde el Juzgado Federal de Presidencia Roque Sáenz Peña, incluso tomando conocimiento antes que el Jefe de la Unidad, como así que el mismo posee contactos con integrantes de organizaciones presuntamente delictivas, circunstancias que podrían encontrarse relacionadas a irregularidades y presunta fuga de información que frustró el resultado de números allanamientos librados respecto del llamado ‘clan Sosa’”, se explicó el dictamen firmado por los fiscales Carniel, Amad, Iglesias y Sabadini.

Sobre el clan Sosa, los fiscales explicaron que “los imputados contaron con información privilegiada que les permitió sustraerse de la acción de la Justicia antes de concretarse los allanamientos”.

Fuentes judiciales explicaron que se buscó proteger a Lucas Sosa, uno de los integrantes de la supuesta organización narco.

“Si bien en la resolución judicial estaba ordenada la detención de Lucas Sosa, en la órdenes remitidas a la fuerza [por la Gendarmería Nacional] por error no se encontraba incluido el sospechoso y el oficio tuvo que ser remitido después. Ante tal situación, se solicitó por oficio las filmaciones del local Blue Moon que se encuentra en frente de uno de los domicilios allanados en el cual residían los principales investigados de la causa, informe del cual surge que las personas que vivían en ese domicilio se retiraron un día antes de los allanamientos”, se afirmó en el dictamen.

Y se agregó: “El único que permaneció el su domicilio fue Lucas Sosa, circunstancia que permite inferir- en consonancia con lo narrado supra- que tenía conocimiento de que se habían efectuado los libramientos sin ordenarse su detención. En tal punto, y abonando esta hipótesis, surge que al momento de su detención y traslado el mismo se encontraba ‘sorprendido’ manifestando que tenía conocimiento de que no estaba ordenada su detención”.

Actas fraguadas

Los investigadores judiciales no solo sospechan de la protección a presuntos narcos que operaban en Chaco, sino que la connivencia entre el juez Aranda y los gendarmes imputados también consistía en “fraguar actas” de operativos de control.

Particularmente, en el dictamen donde solicitaron los allanamientos y las detenciones, los fiscales hicieron hincapié en un control vehicular donde habían detectado que un camión debía ser secuestrado y no podía continuar por una serie de infracciones.

“Ese camión debe seguir”, fue la orden que recibieron los gendarmes que participaban del operativo.

Según el expediente la decisión se tomó para beneficiar a la familia del juez Aranda. ”Toda vez que la titularidad del camión en infracción era de una empresa de la que forma parte una cuñada del magistrado”, explicaron los informantes consultados.

Ahora, la jueza Niremperger debe resolver si hace o no lugar al pedido de detención hecho por los fiscales.

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