Escándalo: ordenan detener a funcionarios judiciales, abogados y policías
LA NACIONGabriel Di Nicola
Una investigación de presunto armado de causas destapó un escándalo que involucra a funcionarios judiciales de San Isidro, policías bonaerenses y abogados de la zona norte del Gran Buenos Aires. El avance de la pesquisa derivó en la imputación de un fiscal y la detención de dos de sus secretarios.
Así lo informaron a LA NACION calificadas fuentes judiciales. Según los informantes el fiscal imputado es Claudio Scapolan, quien tiene un pedido de desafuero para que una vez destituido pueda ser detenido.
Dos de los secretarios de Scapolan, según fuentes judiciales, fueron detenidos, al igual que uniformados de la policía bonaerense. Hay dos abogados con pedido de captura que hasta el momento no pudieron ser capturados.
Scapolan hasta hoy estaba a cargo del Área Ejecutiva de Investigaciones Criminales de San Isidro, aunque la acusación por presunto armado de causas junto a policías tiene relación a su trabajo al frente de la ex Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Investigaciones Complejas de ese departamento judicial, disuelta desde diciembre de 2016 por decisión de los por entonces fiscales generales interinos Beatriz Molinelli y John Broyad.
Según pudo saber LA NACION de fuentes oficiales, la decisión de disolver la fiscalía de investigaciones complejas, que investigaba causas de narcotráfico y delitos en los que estaban imputados funcionarios públicos, se tomó para darle un marco de mayor transparencia a la gestión.
Las órdenes de detención fueron firmadas por la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado. El Ministerio Público está representado por el fiscal federal Fernando Domínguez. Los allanamientos estuvieron a cargo de la Superintendencia de Drogas Peligrosas de la Policía Federal Argentina (PFA).
Los detalles de causa se manejan con absoluta reserva por parte de los funcionarios judiciales y policiales que participan de la investigación. LA NACION pudo saber que personal de la PFA hizo un allanamiento donde funcionó hasta diciembre de 2016 la UFI de Investigaciones Complejas en Ituzaingó 340, en el edificio central de los Tribunales de San Isidro.
"Uno de los secretario de Scapolan fue detenido en su casa y el otro en el edificio de los Tribunales, donde fue convocado por sus superiores cuando llegó el personal de la PFA con las órdenes de detención", sostuvo una fuente consultada. Los dos funcionarios judiciales apresados fueron identificados por fuentes oficiales como Gustavo Sanvitale y Maximiliano Jarisch.
Hasta el momento, según fuentes con acceso al expediente, son 12 los detenidos. Además de los dos funcionarios judiciales fueron apresados dos comisarios, dos subcomisarios, dos oficiales principales, un oficial ayudante, un oficial ayudante y un subteniente primero (todos integrantes de la policía bonaerense). El duodécimo imputado tras las rejas es un civil.
Además del allanamiento en el edificio de Tribunales, por orden de Arroyo Salgado se hizo un allanamiento en la Delegación San Isidro de la Superintendencia de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas y Crimen Organizado de la policía bonaerense, ubicada en la avenida Del Libertador 14243 de Martínez.
La comisaría 4a. de Tigre, situada en Benavídez, fue otro de los objetivos allanados, pero las fuentes aclararon que solo fueron a buscar los libros de guardia y los registros de visitas vinculados a un preso que estuvo allí alojado en 2015 y que estaba detenido en una causa llevada por los policías de Drogas Ilícitas de San Isidro.
También fueron allanados dos estudios jurídicos que tenían como objetivo la detención de dos abogados que por el momento no pudieron ser ubicados y están prófugos. Uno de letrados imputados en la causa es familiar de dos jueces de renombre en el departamento judicial San Isidro y el otro es un profesional que defendió integrantes de una mítica superbanda que robaba bancos y camiones de caudales, además de representar ante tribunales a capos narcos.
Denuncia de Carrió
Como informó LA NACION en noviembre de 2016, la por entonces diputada nacional Elisa Carrió denunció al fiscal Scapolan ante la Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento del Senado bonaerense
Luego de hacer la denuncia, Carrió acusó a Scapolan de ser parte de una asociación ilícita junto con el exfiscal general de San Isidro, Julio Novo, dedicada a "proteger los delitos de los intendentes de Tigre, Vicente López y San Isidro".
Novo renunció a su cargo en julio de 2017, después de que la jueza Arroyo Salgado lo acusase por el delito de "encubrimiento agravado" en el marco de una causa en la que se le atribuye haber entorpecido la investigación de una serie de asesinatos ligados al narcotráfico. Por esta acusación deberá enfrentar un juicio oral y público ante el Tribunal Oral Federal (TOF) N° 3 de San Martín.
"Scapolan extendía su competencia para tomar procesos de narcotráfico y después se repartía el dinero de la droga o la misma droga con policías bonaerenses", sostuvo Carrio el día que presentó la denuncia.
Leones blancos y causa armada
Según la agencia de noticias Télam, al menos dos son las causas por narcotráfico iniciadas por Scapolan en las que se detectaron las irregularidades y, al quedar nulas, motivaron la investigación federal sobre el funcionamiento de su fiscalía.
Una de ellas, según las fuentes, es una causa de 2015 en la que un detenido denunció que el propio fiscal Scapolan y los policías de Drogas Ilícitas de San Isidro, le "plantaron" un kilo de cocaína en el baúl de su auto, le exigieron 20.000 dólares de coima a su mujer y le "armaron" una causa.
En ese expediente, los abogados involucrados le habrían dicho al detenido que firmara un juicio abreviado, pero ante las irregularidades detectadas, el juez del TOF de San Martín que debía homologarlo, no lo aceptó y la causa fue declarada nula.
"Hay un video de una cámara de seguridad de un estacionamiento que compromete al fiscal Scapolan", dijo a Télam un abogado que conoce el expediente.
Otra de las supuestas causas irregulares de la fiscalía es la que se conoció el 29 de diciembre de 2013 como la operación Leones Blancos, en la que se secuestraron casi 500 kilos de cocaína en una camioneta interceptada en Boulogne y en un allanamiento en una quinta del partido de Moreno.
En el juicio oral, el Tribunal Oral Federal (TOF) 5 de San Martín declaró nula la causa y absolvió a los cuatro imputados, luego de establecer que la llamada anónima a la Delegación Quilmes de Drogas Ilícitas de la policía bonaerense, que supuestamente había dado origen al procedimiento, nunca existió, y en cambio sí se detectaron antes de ese supuesto llamado, cruces telefónicos sospechosos entre el fiscal y el jefe de operaciones de esa dependencia.
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