"La banda del fiscal". Un arrepentido "hundió" a un abogado prófugo
LA NACIONGabriel Di Nicola
"Hoy me doy cuenta de que la presentación de Semorile como abogado no tendía a ejercer el pleno ejercicio del derecho de defensa, sino a lograr un equilibro en la resolución de ese proceso –independientemente de la inocencia o culpabilidad– para no perjudicar a sus amigos policías".
Así, un imputado colaborador se refirió a Gustavo Semorile, un abogado que está prófugo desde el 24 de julio pasado acusado de integrar una asociación ilícita con funcionarios judiciales y policías dedicada a extorsionar a personas presuntamente vinculadas con el negocio ilegal de las drogas, e incluso al "gerenciamiento" mismo del narcotráfico, al vender estupefacientes robados de procedimientos.
Según la investigación, a cargo del fiscal federal de San Isidro Fernando Domínguez, la organización criminal estaba integrada por al menos un fiscal, dos secretarios penales, abogados y comisarios, oficiales y suboficiales de la policía bonaerense.
El presunto jefe de la asociación ilícita, según el expediente judicial, era el fiscal Claudio Scapolan, que hasta que estalló el escándalo, hace casi tres meses, estaba al frente del Área Ejecutiva de Investigaciones Criminales de San Isidro.
Scapolan, que aún debe ser indagado, no fue detenido porque, como fiscal, tiene fueros e inmunidad de arresto. Su declaración indagatoria fue postergada en dos oportunidades. El 1° de agosto pasado, la Suprema Corte de Justicia bonaerense, en atención a una solicitud del procurador general, Julio Conte-Grand, le dio a Scapolan una licencia de 90 días sin goce de sueldo.
La afirmación de aquel imputado colaborador sobre Semorile surge de una reciente resolución de la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado en la que procesó sin prisión preventiva a una veintena de uniformados de la policía bonaerense y al abogado Francisco García Maañón.
García Maañón estuvo casi un mes prófugo. Se entregó el 19 de agosto pasado y se convirtió en imputado colaborador.
Una semana antes se había entregado otro abogado imputado, Matías Pedersoli, también acusado de integrar una asociación ilícita. Después de ser indagado él también se convirtió en imputado colaborador, acuerdo que fue homologado por Arroyo Salgado.
"Concretamente, a lo largo de estos años tuve otros episodios que, analizados al día de hoy, con todo el conocimiento que hoy tengo, me llevan a la sospecha de que si Semorile tenía el dato de que un cliente suyo estaba haciendo dinero de manera legal o que algún cliente hacía plata de manera ilegal, en el primer caso iba a [haber] lo que se denomina 'venta de humo' y en el otro, una extorsión. Y de esta manera, independientemente de cuál fuera el caso, en una investigación legítima con procedimientos legítimos se intenta mejorar algo –la situación de sus defendidos con un supuesto 'arreglo'–, o bien el armado de una causa a personas totalmente inocente", afirmó el imputado colaborador.
Dos de los secretarios de Scapolan, Gustavo Sanvitale y Maximiliano Jarisch, están detenidos desde el 24 del mes pasado, cuando se conoció públicamente el escándalo judicial que involucra a funcionarios judiciales de San Isidro, policías bonaerenses y abogados.
Sospechosos
Según un dictamen del fiscal Domínguez, la asociación ilícita supuestamente liderada por Scapolan se dedicaba a extorsionar a familiares de personas condenadas en causas por narcotráfico: les exigían dinero a cambio de no detenerlos.
Además, una de las imputaciones que se le adjudica a "la banda del fiscal" es el robo de un cargamento de cocaína que estaba en poder de una organización de narcotraficantes. Se habrían quedado con una cantidad estimada entre 520 y 560 kilos de droga, con un valor cercano a los US$ 2.800.000.
Oficialmente solo se informó del secuestro de media tonelada de cocaína. El operativo, que se dio a conocer en diciembre de 2013, fue bautizado como Leones Blancos y en la presentación ante los medios de comunicación estuvo presente el por entonces gobernador Daniel Scioli, que se paseó entre los ladrillos de cocaína secuestrados por el fiscal Scapolan y los detectives de la policía bonaerense.
Los otros 520 o 560 kilos de cocaína robados a la banda de narcotraficantes terminaron en unas cabañas de Santa Clara del Mar. Antes del traslado a la costa, según la declaración de imputados arrepentidos y testigos de identidad reservada, la droga estuvo almacenada en un salón de fiestas de Quilmes que pertenecería a unos de los policías investigados y que se encuentra prófugo: Adrián Baeta.
En la resolución donde procesó a una veintena de policías y a García Maañón, Arroyo Salgado definió a Baeta como "uno de los engranajes fundamentales en la maquinaria ilegal aquí descripta".
De la costa a Europa
La media tonelada de cocaína robada, según consta en el expediente judicial, terminó en unas cabañas de Santa Clara del Mar, propiedad de un amigo de la infancia de Baeta.
"Tengo la idea, pero no lo puedo afirmar, de que parte de la droga robada se llevó a Mar del Plata y otra parte se envió a Brasil y desde allí hacia Europa, pero esto son solo rumores...", dijo una persona que declaró bajo identidad reservada en el inicio de la investigación, en junio de 2016.
En el contrabando internacional del estupefaciente robado aparece en escena un contador que el año fue ejecutado por sicarios en Quilmes: Diego Xavier Guastini, que se encargaba de ingresar a la Argentina valijas llenas de dólares y euros que se pagaban en Europa por valiosos cargamentos de cocaína. Él cobraba un porcentaje por sus servicios.
Guastini y Batea tenían una aceitada relación. Es más, el policía bonaerense, hoy prófugo de la Justicia, fue el primero en llegar a la escena del homicidio del financista, ocurrido el 28 de octubre del año pasado.
A Guastini, que declaró como arrepentido en varias causas por narcotráfico, lo acribillaron a metros de la Municipalidad de Quilmes cuando iba en su Audi A4 gris. Llevaba a la cintura una pistola Glock calibre .40 que tenía para defenderse. No llegó a usarla: lo ejecutaron de tres tiros.
"Se ve robustecida la hipótesis respecto de que una parte del material estupefaciente sustraído de los procedimientos fue entregado a la organización liderada por Guastini, y que luego podría haber sido contrabandeada fuera del país, dadas las probadas vinculaciones e influencia de Guastini en el ámbito portuario", se explicó en la resolución de Arroyo Salgado a la que tuvo acceso LA NACION.
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