Conmoción: se entregó uno de los abogados prófugos y se convirtió en arrepentido del caso de la corrupción judicial en San Isidro
LA NACIONGabriel Di Nicola
El escándalo judicial que sacude los tribunales de San Isidro sumó un nuevo capítulo. Veinticuatro horas después de que la jueza federal de Sandra Arroyo Salgado procesara a 15 sospechosos, se entregó el abogado Francisco García Maañon, uno de los prófugos que tenía la causa, y se convirtió en imputado colaborador.
Así lo informaron a LA NACION fuentes con acceso al expediente. García Maañon es un apellido conocido en los Tribunales de San Isidro: es familiar de la jueza de Ejecución Penal Victoria García Maañon y del vicepresidente de la Sala I de la Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal, Ernesto García Maañon. Un tercer abogado continúa prófugo. Se trata de Gustavo Semorile, un abogado cuyo nombre ha aparecido mezclado en algunos de los casos más turbios de la historia criminal argentina reciente, incluido el atentado contra la AMIA.
"En su declaración confirmó la hipótesis investigativa y habló de la red de ilegalidades de Semorile", dijo una de las fuentes consultadas. El acuerdo entre la defensa del letrado "arrepentido" y el fiscal federal de San Isidro Fernando Domínguez para que García Maañon, defendido por el letrado Luciano Zorrilla, se convierta en imputado colaborador fue homologado por la jueza Arroyo Salgado. Tras firmar su acuerdo, el sospechoso fue excarcelado.
El jueves pasado, después de estar tres semanas prófugo, se había entregado Matías Pedersoli, otro de los abogados acusado de integrar una asociación ilícita. Después de ser indagado se convirtió en imputado colaborador, acuerdo que también fue homologado por Arroyo Salgado.
Según un dictamen del fiscal Domínguez, el jefe de la presunta asociación ilícita sería el fiscal provincial Claudio Scapolan, que hasta el 24 del mes último estaba al frente del Área Ejecutiva de Investigaciones Criminales de San Isidro, aunque la acusación en su contra tiene relación con su trabajo al frente de la ex Unidad Funcional de Instrucción de Investigaciones Complejas de ese departamento judicial.
Ayer, la jueza Arroyo Salgado procesó a dos funcionarios judiciales de San Isidro que se desempeñaban como secretarios de la fiscalía de Scapolan: Maximiliano Jarisch y Gustavo Sanvitale. La magistrada le trabó un embargo millonario: 1000 millones de pesos.
"Se trató, en definitiva, de una red de ilegalidad que involucró abuso de poder y corrupción de funcionarios públicos encargados de hacer cumplir la ley, con altas responsabilidades y amplias facultades, de las que se valieron para estructurar un esquema que administró, gestionó y en alguna medida reguló el tráfico de estupefacientes, constituyéndose en un engranaje más en la cadena de tráfico, y en cuyo marco, se han cometido innumerable cantidad de delitos", se consignó en la resolución firmada por la jueza Arroyo Salgado.
La supuesta asociación ilícita investigada por Domínguez se dedicaba a extorsionar a familiares de personas condenadas en causas por narcotráfico: les exigían dinero a cambio de no detenerlos.
Además, una de las imputaciones que se le adjudica a "la banda del fiscal" es el robo de un cargamento de cocaína en poder de una organización de narcotraficantes. Se habrían quedado con una cantidad estimada entre 520 y 560 kilos de estupefacientes, con un valor cercano a los 2.800.000 dólares.
Se trata de lo que oportunamente se conoció como el operativo Leones Blancos, de diciembre de 2013. Esa vez, oficialmente se informó del secuestro de media tonelada de cocaína. En la presentación del resultado del procedimiento ante los medios de comunicación estuvo presente el por entonces gobernador Daniel Scioli, que se paseó entre los ladrillos de cocaína secuestrados por el fiscal Scapolan y detectives de la policía bonaerense.
Pero, en realidad, lo que aparecía allí era la mitad del cargamento incautado. Los otros 520 o 560 kilos de cocaína robados a la banda de narcotraficantes terminaron en unas cabañas de Santa Clara del Mar. Antes del traslado a la costa, según la declaración de imputados arrepentidos y testigos de identidad reservada, la droga estuvo almacenada en un salón de fiestas de Quilmes que pertenecería a unos de los policías investigados.
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