Escándalo judicial en San Isidro: se entregó uno de los abogados prófugos, se convirtió en imputado colaborador y fue excarcelado
LA NACIONGabriel Di Nicola
Después de estar casi tres semanas prófugo, Matías Pedersoli, uno de los tres abogados acusados de integrar una asociación ilícita supuestamente liderada por el fiscal de San Isidro Claudio Scapolan, se puso a derecho, se convirtió en imputado colaborador y fue excarcelado.
Así lo informaron a LA NACION fuentes con acceso al expediente. Pedersoli se puso a derecho después de que los abogados Ana Laura Palmucci y Gabriel Iezzi asumieran su defensa.
Según las fuentes consultadas, Pedersoli y el fiscal federal de San Isidro Fernando Domínguez llegaron a un acuerdo para que el letrado se convirtiera en imputado colaborador. Según pudo reconstruir LA NACION, el acusado descargó responsabilidades en su jefe, el abogado Gustavo Semorile, que está prófugo desde el 24 del mes pasado.
El acuerdo entre Domínguez y la defensa de Pedersoli fue homologada por la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado. La magistrada después ordenó la excarcelación del imputado colaborador, según explicaron las fuentes consultadas. La causa continúa en secreto de sumario.
"Pedersoli era empleado de Semorile. Era su colaborador y cumplía los pedidos que le hacía su jefe", dijeron los informantes consultados.
El otro abogado imputado y con pedido de captura es Francisco García Maañon, quien también trabajó con Semorile.
Dos de los secretarios de Scapolan, Gustavo Sanvitale y Maximiliano Jarisch, están detenidos desde el 24 del mes pasado, cuando se conoció públicamente el escándalo judicial que involucra a funcionarios judiciales de San Isidro, policías bonaerenses y abogados.
Según un dictamen del fiscal Domínguez, la asociación ilícita supuestamente liderada por Scapolan se dedicaba a extorsionar a familiares de personas condenadas en causas por narcotráfico: les exigían dinero a cambio de no detenerlos.
Además, una de las imputaciones que se le adjudica a "la banda del fiscal" es el robo de un cargamento de cocaína en poder de una organización de narcotraficantes. Se habrían quedado con una cantidad estimada entre 520 y 560 kilos de estupefacientes, con un valor cercano a los US$ 2.800.000.
Oficialmente solo se informó el secuestro de media tonelada de cocaína. El operativo, que se dio a conocer en diciembre de 2013, fue conocido como Leones Blancos y en la presentación ante los medios de comunicación estuvo presente el por entonces gobernador Daniel Scioli, que se paseó entre los ladrillos de cocaína secuestrados por el fiscal Scapolan y detectives de la policía bonaerense.
Los otros 520 o 560 kilos de cocaína robados a la banda de narcotraficantes terminaron en unas cabañas de Santa Clara del Mar. Antes del traslado a la costa, según la declaración de imputados arrepentidos y testigos de identidad reservada, la droga estuvo almacenada en un salón de fiestas de Quilmes, que pertenecería a unos de los policías investigados.
Ese uniformado, según la investigación del fiscal Domínguez, es el oficial Adrián Baeta, que en la actualidad se encuentra prófugo.
En el operativo Leones Blancos hubo un sinfín de irregularidades, desde una falsa llamada anónima que dio origen a la causa hasta testigos del procedimiento que usaron identidades falsas.
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