Escándalo judicial: por quinta vez citan a indagatoria a un fiscal acusado de ser el jefe de una banda que robaba cargamentos de droga
Se trata de Claudio Scapolan; la primera citación había sido dispuesta para fines de julio pasado, pero logró eludir la presentación ante la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado después de una serie de planteos de nulidades y recusaciones
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El fiscal Claudio Scapolan está acusado de liderar una organización criminal que robaba cargamentos de droga y de extorsionar a familiares de narcotraficantes. Hasta el 24 de julio pasado estuvo al frente del Área Ejecutiva de Investigaciones Criminales de San Isidro. Ese día, se hizo pública la citación del representante del Ministerio Público a prestar declaración indagatoria. Pero pasaron los meses y el suspendido funcionario judicial nunca se sentó frente a la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, a cargo de la causa, para ejercer su derecho de defensa. Con recusaciones y planteos de nulidad logró cuatro suspensiones de la audiencia. Lo volvieron a citar para mañana, a las 10, pero en tribunales nadie puede asegurar que la diligencia se concrete.
Si Scapolan no se presenta a declarar podrían fijar una nueva fecha o declararlo en rebeldía y pedir su desafuero. Hasta el momento no fue detenido porque como fiscal, tiene fueros e inmunidad de arresto, según explicaron a LA NACION fuentes judiciales.
La última citación a prestar declaración indagatoria había sido dispuesta para el miércoles de la semana pasada, pero la defensa logró suspenderla al explicar que quiere acceder a unos audios que uno de los procesados que tiene la causa presentaría en el expediente.
“Se trata de una maniobra dilatoria más de Scapolan. Los 44 procesados declararon sin presentar excusas. En cambio, el fiscal siempre encontró un motivo para no evitar la indagatoria”, dijeron en los pasillos de los tribunales.
Anteriormente, la defensa de Scapolan logró posponer la declaración indagatoria con recusaciones a los funcionarios judiciales a cargo de la investigación y con el pedido de suspensión de la audiencia ordenada por la jueza Arroyo Salgado.
En enero pasado, la magistrada rechazó el planteo de nulidad presentado por el imputado. “Entiendo que el proveído mediante el cual dispuse –por tercera vez– citar a prestar declaración indagatoria a Scapolan no ocasiona un agravio concreto que permita considerar que no se ajusta a derecho, no resultando –de momento– atendible la pretensión de la defensa”, explicó Arroyo Salgado en su resolución del 22 de enero pasado y fijó una nueva audiencia para el 24 de febrero último, que también se suspendió.
Como se dijo, hasta el 24 de julio pasado, Scapolan estuvo al frente del Área Ejecutiva de Investigaciones Criminales de San Isidro. Ese día, por pedido del fiscal federal Fernando Domínguez, la jueza Arroyo Salgado ordenó una serie de allanamientos y detenciones en el marco de la investigación de una presunta asociación ilícita.
“La recepción de la declaración indagatoria, lejos de vulnerar los derechos del imputado, justamente se erige como el acto de defensa por excelencia, pues constituye la primera oportunidad que tiene la persona de que se trate para realizar las aclaraciones que considere pertinentes, ofrecer los elementos que hagan a su defensa o, en su caso, negarse a declarar”, explicó Arroyo Salgado en esa resolución de enero pasado.
La investigación
Según la investigación del fiscal Domínguez, la organización criminal era liderada por Scapolan e integrada por abogados y comisarios, oficiales y suboficiales bonaerenses.
Uno de los abogados imputados, Gustavo Semorile, que desde hace años defendía a connotados narcos, está prófugo desde aquel 24 de julio.
A fines de enero pasado, Arroyo Salgado procesó con prisión preventiva a un eslabón esencial de la organización supuestamente liderada por Scapolan: el sargento de la policía bonaerense Adrián Baeta. Fue considerado como organizador de la banda. Estuvo más de cinco meses prófugo, hasta que fue atrapado a principios de año, en un complejo de departamentos de Rincón de Milberg, Tigre.
Una de las imputaciones contra denominada “banda del fiscal” es el robo de parte del cargamento de cocaína del operativo conocido como Leones Blancos, de fines de diciembre de 2013. En la presentación de ese golpe contra el narcotráfico ante los medios de comunicación estuvo presente el por entonces gobernador Daniel Scioli, que se paseó entre los ladrillos de cocaína secuestrados por el fiscal Scapolan y los detectives de la policía bonaerense.
Esa vez se informó de la incautación de 600 kilos de cocaína. Pero eran más... Una parte de los 520 o 560 kilos de droga robados a la banda narco terminó en unas cabañas de Santa Clara del Mar. Antes del traslado a la costa, según la declaración de imputados arrepentidos y de testigos de identidad reservada, la sustancia estuvo almacenada en un local de Quilmes que funcionaba como concesionaria de autos y salón de fiestas y que pertenecería a Baeta.
Según informaron fuentes judiciales, las cabañas donde habría sido escondido el lote de estupefacientes pertenecían a Luis Tourn, alias El Polaco, amigo de Baeta. Consta en el expediente que, además de haber recibido la cocaína robada durante el procedimiento policial, el Polaco Tourn habría tenido la misión de comercializar la droga en la costa atlántica durante el verano de 2014.
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