Escándalo judicial: otro revés para el fiscal acusado de ser jefe de una banda que robaba cargamentos de droga
LA NACIONGabriel Di Nicola
La estrategia de defensa del suspendido fiscal de San Isidro Claudio Scapolan, acusado de ser el jefe de una banda que robaba cargamentos de cocaína y extorsionaba a familiares de narcotraficantes, sufrió un nuevo revés judicial: la jueza federal Sandra Arroyo Salgado rechazó el planteo de nulidad del llamado a prestar declaración indagatoria y fijó una nueva fecha para la audiencia, que por distintas razones se posterga desde fines de julio del año pasado.
Según informaron a LA NACION fuentes judiciales, en la resolución con la que rechazó el planteo de nulidad, la magistrada decidió que Scapolansea indagado el 24 de febrero.
"Entiendo que el proveído mediante el cual dispuse –por tercera vez– citar a prestar declaración indagatoria a Scapolan no ocasiona un agravio concreto que permita considerar que no se ajusta a derecho, no resultando –de momento– atendible la pretensión de la defensa", dijo Arroyo Salgado en su resolución, que tiene fecha del 22 de enero, pero que se conoció hoy, según pudo reconstruir LA NACION de fuentes judiciales.
Hasta el 24 de julio pasado, Scapolan estuvo al frente del Área Ejecutiva de Investigaciones Criminales de San Isidro. Ese día, por pedido del fiscal federal Fernando Domínguez, la jueza Arroyo Salgado ordenó una serie de allanamientos y detenciones en el marco de la investigación de una presunta asociación ilícita. Scapolan no fue detenido porque, como fiscal, tiene fueros e inmunidad de arresto.
"La recepción de la declaración indagatoria, lejos de vulnerar los derechos del imputado, justamente se erige como el acto de defensa por excelencia, pues constituye la primera oportunidad que tiene la persona de que se trate para realizar las aclaraciones que considere pertinentes, ofrecer los elementos que hagan a su defensa o, en su caso, negarse a declarar", explicó Arroyo Salgado.
Policías y abogados
Según la investigación del fiscal Domínguez, la organización criminal era liderada por Scapolan e integrada por abogados y comisarios, oficiales y suboficiales bonaerenses.
Uno de los abogados imputados, Gustavo Semorile, que desde hace años defendía a connotados narcos, está prófugo desde aquel 24 de julio.
La semana pasada, la magistrada procesó con prisión preventiva a un eslabón esencial de la organización supuestamente liderada por Scapolan: el sargento de la policía bonaerense Adrián Baeta. Fue considerado como organizador de la banda. Estuvo más de cinco meses prófugo, hasta que fue atrapado a principios de enero, en un complejo de departamentos de Rincón de Milberg, Tigre.
Una de las imputaciones contra denominada "banda del fiscal" es el robo de parte del cargamento de cocaína del operativo conocido como Leones Blancos, de fines de diciembre de 2013. En la presentación de ese golpe contra el narcotráfico ante los medios de comunicación estuvo presente el por entonces gobernador Daniel Scioli, que se paseó entre los ladrillos de cocaína secuestrados por el fiscal Scapolan y los detectives de la policía bonaerense.
Esa vez se informó de la incautación de 600 kilos de cocaína. Pero eran más... Una parte de los 520 o 560 kilos de droga robados a la banda narco terminó en unas cabañas de Santa Clara del Mar. Antes del traslado a la costa, según la declaración de imputados arrepentidos y de testigos de identidad reservada, la sustancia estuvo almacenada en un local de Quilmes que funcionaba como concesionaria de autos y salón de fiestas y que pertenecería a Baeta.
Según informaron fuentes judiciales, las cabañas donde habría sido escondido el lote de estupefacientes pertenecían a Luis Tourn, alias El Polaco, amigo de Baeta. Consta en el expediente que, además de haber recibido la cocaína robada durante el procedimiento policial, el Polaco Tourn habría tenido la misión de comercializar la droga en la costa atlántica durante el verano de 2014.
"Tengo la idea, pero no lo puedo afirmar, de que parte de la droga robada se llevó a Mar del Plata y otra parte se envió a Brasil y, desde allí, a Europa; pero esto son solo rumores...", dijo una persona que declaró bajo identidad reservada en el inicio de la investigación, en junio de 2016.
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