Final del jury. Destituyeron al fiscal Claudio Scapolan por encubrir a una banda de policías y abogados que extorsionaba a narcos

El Jurado de Enjuiciamiento de Funcionarios y Magistrados de la provincia de Buenos Aires destituyó por mayoría de su cargo al fiscal de San Isidro Claudio Scapolan, acusado de brindar cobertura judicial, a través de procedimientos y causas, a una banda integrada por policías y abogados que extorsionaban a narcotraficantes y que, incluso, robaron un enorme cargamento de cocaína en un operativo.

El jurado fue encabezado por la presidenta de la Cámara I en lo Civil y Comercial de La Plata, Ana María Bourimborde, ya que los jueces de la Suprema Corte provincial y de la Cámara de Casación se excusaron por haber intervenido en alguna etapa del proceso. La secundaron los conjueces legisladores Juan Pablo Allan (senador por Juntos), Daniel Lipovetzky (diputado por Juntos), Walter Carusso (diputado por Espacio Abierto Juntos), Sofía Vannelli (senadora por el Frente Renovador-Todos) y María Eugenia Brizzi (diputada por Juntos) y los conjueces abogados Carlos Valdez, Héctor Mendoza Peña, Carlos Garavaglia, José Manuel Del Cerro y Juan Spinelli.

“Con la prueba reunida durante el juicio y con la evidencia incorporada por lectura, considero acreditada las imputaciones formuladas por la acusación contra el agente fiscal Scapolan, en los siguientes términos: se han verificado graves irregularidades en los procedimientos a su cargo, así como también quedó comprobada la incompetencia y negligencia en el ejercicio de sus funciones”, sostuvo en su voto la jueza Bourimborde.

Scapolan había sido suspendido de sus funciones el 22 de diciembre pasado por el Jurado de Enjuiciamiento, por nueve votos contra uno, a partir de la acusación hecha por el procurador general ante la Suprema Corte Bonaerense, Julio Conte Grand, y se dispuso además el embargo del 40% de su sueldo.

El único voto en contra de la destitución de Scapolan fue de la senadora Vannelli (Frente Renovador-Todos), que en diciembre pasado había votado en contra de admitir la acusación contra el fiscal ahora destituido.

Poco después de que el secretario de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios bonaerense, Ulises Giménez, leyera el veredicto, la diputada nacional Mónica Frade (Coalición Cívica-Juntos) escribió en su cuenta de la red social Twitter: “Destituido el fiscal Scapolan por connivencia con el narcotráfico… Denuncia de Elisa Carrió, derrota de Sergio Massa y sus amigos narcos”. El mensaje fue retuiteado por la exlegisladora Elisa Carrió.

Giménez leyó solo la parte resolutiva del fallo. Además de la destitución, el jury decidió, también por mayoría, la inhabilitación para ocupar otro cargo judicial.

La semana pasada, durante su alegato, el fiscal general de Pergamino, Mario Gómez, designado por el procurador General bonaerense, Julio Conte Grand, a cargo de la acusación, había dicho que Scapolan “ha sido incompetente y negligente en el ejercicio de sus funciones y que “cometió graves irregularidades en los procedimientos bajo su dirección”.

Gómez pidió la destitución de Scapolan por mal desempeño. “Acá hay un fiscal que cometió un delito, y ese delito se encuentra objetiva y subjetivamente probado”, sostuvo el acusador ante el jury.

El fiscal general de Pergamino explicó que el acusado “intervino en procesos de competencia federal” y en jurisdicciones que no eran de su competencia. “Se anularon procedimientos en los que participó porque estaban plagados de irregularidades”. Y, con dureza, sostuvo: “Cuando tomó intervención Scapolan se producían aprietes, amenazas, extorsiones, robos, tráfico de estupefacientes, participaban agentes encubiertos que no eran policías y [ocurrían] verdaderos saqueos a las personas allanadas”.

Hasta el 24 de julio de 2020, cuando se hizo pública una investigación judicial que lo tiene bajo sospecha, Scapolan estaba a cargo del Área Ejecutiva de Investigaciones Criminales de la Oficina Fiscal de Distrito Sede Central de San Isidro.

Ese día, tras un pedido del fiscal federal Fernando Domínguez, la jueza Sandra Arroyo Salgado ordenó allanar la oficina de Scapolan en los tribunales de San Isidro.

La jueza Arroyo Salgado procesó a Scapolan como jefe de una asociación ilícita también integrada por policías y abogados, que, entre otros delitos, habría robado cargamentos de cocaína a bandas narco y habría extorsionado a delincuentes vinculados con el narcotráfico.

Actualmente, Scapolan, de 52 años, no está procesado por el grave delito que le atribuyó Arroyo Salgado. En junio pasado, la Sala I de la Cámara Federal de San Martín revocó el procesamiento por asociación ilícita que pesaba sobre él. Sí, confirmó la imputación por presunta falsedad ideológica de documento público en relación con el operativo Leones Blancos, donde se secuestró casi media tonelada de cocaína, mientras que entre 520 o 560 kilos de esa droga fueron robados por los uniformados a cargo del operativo, según definió la acusación.

El fiscal Domínguez y la jueza Arroyo Salgado fueron los dos primeros testigos del jury.

“Tengo la obligación de señalar algunas cuestiones que han ocurrido. El representante de la Procuración [por Gómez] se dejó tentar y leyó [a pesar de] la prohibición de leer memoriales a la que hace referencia el artículo 368 del Código de Procedimientos Penales [sic]. La segunda es que también incurrió en una violación del artículo 366 del Código Procesal Penal, que establece que solo se pueden incorporar al debate actas y dictámenes, que las declaraciones testimoniales solo se pueden incorporar con conformidad de las partes y que si ello se hiciere no se puede suplir la versión oral [lo que ocurrió aquí] por la versión escrita. No se puede utilizar prueba producida fuera de este debate”, sostuvo Scapolan en su alegato.

Después, el fiscal suspendido pasó a analizar la prueba presentada por la parte acusadora. “En este debate la doctora Arroyo Salgado solo se contradijo. Fue contradictoria. Sus dichos no tienen el peso que le ha intentado otorgar la acusación”, dijo. Recordó que los superiores de Arroyo Salgado [la Sala I de la Cámara Federal de San Martín] le revocaron una resolución “porque solo se fundaba en suposiciones”.

Respecto del fiscal Domínguez, Scapolan explicó: “No fue capaz de verter un concepto afirmativo. Es difícil bajo juramento decir verdad lo que fácilmente se firma fuera de control, no solo de las partes, sino de los señores jueces”.

También sostuvo sobre otro testigo, el abogado Damián Odetti: “Solo voy a decir, en este momento, que todo el jurado notó su locuacidad e hiperactividad, típico del consumo de alguna sustancia”.

De otro testigo de la acusación, Carlos Daniel Maidana, que en la causa declaró como “arrepentido” ante el fiscal Domínguez, afirmó: “Durante dos años, sostuvimos que la versión del señor Maidana era mentira y lo acreditamos en la causa. En dos oportunidades la Cámara Federal de San Martín dijo que era falso. Demostró que el teléfono que me pertenecía a mí no estaba en el lugar [del allanamiento conocido como Leones Blancos]”.

“Como señaló la señora presidenta [por Bourimborde], y como ratificó la totalidad del jurado ante alguna presentación formulada por esta defensa, este es el momento de las certezas. El jurado tiene que basarse en aquello que es cierto, en lo que esté debida y suficientemente probado, y la realidad es que la imputación que realizó en algún momento el doctor Domínguez se basaba solo en suposiciones, ninguna certeza”.

Sobre el operativo Leones Blancos, Scapolan sostuvo que ni él ni sus secretarios Maximiliano Jarisch y Gustavo Sanvitale, –que fueron detenidos con prisión preventiva y luego recibieron la falta de mérito y obtuvieron la libertad– estuvieron en el lugar cuando la policía bonaerense interceptó la camioneta donde se secuestró el estupefaciente.

“No participamos de ninguna interceptación. El listado de antenas demuestra que a las 20.34 [del día del procedimiento] cuando la policía ya estaba en el lugar de los hechos, mi teléfono se encontraba a más de 20 kilómetros de ese lugar. Recién a las 21.22 llegué”, recordó Scapolan.

Sobre el supuesto robo de estupefacientes, Scapolan afirmó: “Por tercera vez lo voy a decir: Maidana negó que eso haya ocurrido. La única prueba que existía acerca de un supuesto robo de estupefacientes era la versión de Maidana coaccionada. Es lo que escribió el doctor Domínguez para poder cerrar el paquete de su causa. Sin Maidana no tenía nada. Y Maidana dijo aquí como se produjo el acto”.

El fiscal acusado recordó que no se cumplió la obligación de filmar o grabar el acuerdo al que se llega. “No se hizo, lo único que se grabó en este proceso fue la grabación de Maidana diciendo ‘sí’. Ya dijo Maidana lo que ocurrió entre su presencia en la fiscalía y esa filmación. Por si fuera poco, insisto, la Cámara Federal de Apelaciones dijo que si eso ocurrió [el robo de estupefacientes] ese hecho, se llevó a cabo cuando ningún judicial estaba presente”.

Scapolan, en todo momento, apuntó sus dardos al accionar de la policía. Recordó otro operativo, donde intervino un juzgado federal, y que “el personal policial que fue al lugar negoció libertades y pidió dinero”. Y agregó: “¿La policía roba en los procedimientos? Y, es probable. Pero la policía no roba en presencia del personal judicial, eso nunca ocurrió”.

En la parte final de su alegato, Scapolan dijo: “Nada de lo producido permite sostener, con el grado de certeza que este mismo jurado ha sostenido debía probarse en la audiencia, los hechos que son materia de acusación”.

Sobre la defensa que hizo Scapolan en el juicio, la jueza Bourimborde concluyó que “resultó poco verosímil y más bien rayana a la incredulidad”.

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