Escándalo judicial: el fiscal acusado de narco habló de “causa montada” y de que es víctima de una “cacería”
Se trata de Claudio Scapolan, imputado de ser el jefe de una asociación ilícita que robaba cargamentos de droga y que extorsionaba a familiares de delincuentes detenidos
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LA NACIONGabriel Di Nicola
Finalmente la quinta fue la vencida. Después de lograr suspender cuatro veces su declaración indagatoria en el expediente donde está imputado como supuesto jefe de una asociación ilícita dedicada a robar cargamentos de estupefacientes y de extorsionar a familiares de presuntos narcotraficantes, el suspendido fiscal Claudio Scapolan presentó un escrito donde sostuvo que la causa en su contra fue “montada desde su origen, en forma absolutamente ilícita” con el único objetivo de su persecución “por intereses espurios y designios siniestros” que todavía no pudo descubrir.
Así lo pudo reconstruir LA NACION de fuentes con acceso al expediente. En el escrito donde esgrimió su defensa, Scapolan, representado por los abogados Marcelo D’Angelo y Félix Linfante, pidió una serie de medidas de prueba y requirió que, entre tanto, se le dicte la falta de mérito.
En su estrategia de defensa, Scapolan acusó a la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado y al fiscal federal Fernando Domínguez de haber desatado una “cacería” en su contra. Además, sostuvo que es inocente y negó todos “los cargos” que se le hicieron.
Hasta el 24 de julio del año pasado, Scapolan estuvo al frente del Área Ejecutiva de Investigaciones Criminales de San Isidro. Ese día se hizo pública la citación del representante del Ministerio Público a prestar declaración indagatoria, pero por una serie de recusaciones y de planteos de nulidad logró cuatro suspensiones de la audiencia.
Finalmente, el jueves pasado, cuando en despachos oficiales se analizaba declararlo en rebeldía, Scapolan cumplió con la diligencia ante la jueza Arroyo Salgado.
Se trata de una causa que comenzó en junio de 2016 con la declaración de un testigo de identidad reservada ante el fiscal federal Domínguez. Según Scapolan, esa persona fue un “reconocido delincuente” que él había investigado.
En su escrito de defensa, el suspendido fiscal adjuntó una serie de notas periodísticas publicadas por LA NACION y Clarín, entre otros medios, “con información sobre el contenido de la causas en momentos en que se encontraba en secreto de sumario”.
Las acusaciones
Según lo explicado por el fiscal Domínguez en el expediente judicial, la organización criminal era liderada por Scapolan e integrada por abogados y comisarios, oficiales y suboficiales bonaerenses.
Uno de los abogados imputados, Gustavo Semorile, que desde hace años defendía a connotados narcos, está prófugo desde aquel 24 de julio.
A fines de enero pasado, Arroyo Salgado procesó con prisión preventiva a un eslabón esencial de la organización supuestamente liderada por Scapolan: el sargento de la policía bonaerense Adrián Baeta. Fue considerado como organizador de la banda. Estuvo más de cinco meses prófugo hasta que fue atrapado, a principios de este año, en un complejo de departamentos de Rincón de Milberg, Tigre.
Una de las imputaciones contra la denominada “banda del fiscal” es el robo de parte del cargamento de cocaína del operativo Leones Blancos, de fines de diciembre de 2013. En la presentación de ese golpe contra el narcotráfico ante los medios de comunicación estuvo presente el por entonces gobernador Daniel Scioli, que se paseó entre los ladrillos de cocaína secuestrados por el fiscal Scapolan y los detectives de la policía bonaerense.
Esa vez se informó de la incautación de 600 kilos de cocaína. Pero eran más... Una parte de los 520 o 560 kilos de droga robados a la banda narco terminó en unas cabañas de Santa Clara del Mar. Antes del traslado a la costa, según la declaración de imputados arrepentidos y de testigos de identidad reservada, la sustancia estuvo almacenada en un local de Quilmes que funcionaba como concesionaria de autos y salón de fiestas, y que pertenecería a Baeta.
Según informaron fuentes judiciales, las cabañas de Santa Clara del Mar donde habría sido escondido el lote de estupefacientes pertenecían a Luis Tourn, alias El Polaco, amigo de Baeta. Consta en el expediente que, además de haber recibido la cocaína robada durante el procedimiento policial, el Polaco Tourn habría tenido la misión de comercializar la droga en la costa atlántica durante el verano de 2014.
Baeta era amigo y hombre de confianza de Diego Xavier Guastini, el contador asesinado en Quilmes en 2019, que era el cerebro financiero detrás de las grandes bandas narco que operaban en el país. Según la Justicia, gracias a esa relación obtuvo el dato clave para diseñar un operativo policial que, tal como creen los detectives del caso, derivó en el robo de entre 520 y 560 kilos de cocaína del operativo Leones Blancos. Se presume que una parte de ese cargamento, valuado en US$2.800.000, se vendió en la costa atlántica y que otra fue enviada a Brasil y a Europa.
Medidas de prueba
Según pudo saber LA NACION de fuentes al tanto de la causa, entre las medidas de prueba solicitadas por Scapolan figura una serie de pedidos de informes a la Procuración General bonaerense, al Ministerio de Seguridad bonaerense y a la Policía de la provincia de Buenos Aires.
Entre otras cuestiones, la defensa del fiscal imputado solicitó a las “organismos pertinentes” los antecedentes penales y las causas en trámite del testigo de identidad reservada que dio origen a la causa (que ya falleció) y de un imputado que se acogió a la figura del arrepentido y que se trataría de un expolicía.
También solicitó que los investigadores pidan a la Procuración General bonaerense un informe desde 2006 a la fecha respecto a las causas ingresadas en la fiscalía que estuvo a cargo de Scapolan, el número de allanamientos hechos en el mismo período de tiempo y la cantidad de expedientes judiciales en los que intervino el abogado Semorile o algún integrante de su estudio.
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