Escándalo judicial: “Acá hay un fiscal que cometió un delito”: piden la destitución de Claudio Scapolan
El funcionario de San Isidro había sido procesado por la jueza federal Sandra Arroyo Salgado como jefe de una asociación ilícita también integrada por policías y abogados, que, entre otros delitos, habría robado cargamentos de cocaína a bandas narco; el acusado se defendió, anunció que denunció a sus acusadores y
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LA NACIONGabriel Di Nicola
“¿Qué le cabe a la sociedad si quienes tienen la obligación de velar por el cumplimiento de la ley y de perseguir el delito son los que lo cometen? No solo eso, lo planifican, lo organizan y lo ejecutan”. Así, el fiscal general de Pergamino, Mario Gómez, designado por el procurador General bonaerense, Julio Conte Grand, a cargo de la acusación, comenzó su alegato en el juicio político contra Claudio Scapolan, el fiscal de San Isidro que había sido procesado por la jueza federal Sandra Arroyo Salgado como jefe de una asociación ilícita también integrada por policías y abogados, que, entre otros delitos, habría robado cargamentos de cocaína a bandas narco.
Gómez pidió la destitución de Scapolan por mal desempeño. “Acá hay un fiscal que cometió un delito, y ese delito se encuentra objetiva y subjetivamente probado”, sostuvo el acusador ante el jury.
El juicio político se realiza en el Anexo del Senado bonaerense, en La Plata, y se transmite en vivo por el canal de YouTube de la Secretaría Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios bonaerense.
Gómez afirmó que Scapolan “ha sido incompetente y negligente en el ejercicio de sus funciones y que “cometió graves irregularidades en los procedimientos bajo su dirección”.
El fiscal general de Pergamino explicó que el acusado “intervino en procesos de competencia federal” y en jurisdicciones que no eran de su competencia. “Se anularon procedimientos en los que participó porque estaban plagados de irregularidades”. Y, con dureza, sostuvo: “Cuando tomó intervención Scapolan se producían aprietes, amenazas, extorsiones, robos, tráfico de estupefacientes, participaban agentes encubiertos que no eran policías y [ocurrían] verdaderos saqueos a las personas allanadas”.
Actualmente, Scapolan, de 52 años, no está procesado por el grave delito que le enrostró Arroyo Salgado. En junio pasado, la Sala I de la Cámara Federal de San Martín revocó el procesamiento por asociación ilícita que pesaba sobre él. Sí, confirmó la imputación por presunta falsedad ideológica de documento público en relación con el operativo Leones Blancos, donde se secuestró casi media tonelada de cocaína, mientras que entre 520 o 560 kilos de esa droga fueron robados por los uniformados a cargo del operativo, según definió la acusación.
Hasta el 24 de julio de 2020, cuando se hizo pública la investigación, delegada en el fiscal federal Fernando Domínguez y se allanó su oficina, Scapolan estaba a cargo del Área Ejecutiva de Investigaciones Criminales de la Oficina Fiscal de Distrito Sede Central de San Isidro.
Domínguez y Arroyo Salgado fueron los dos primeros testigos del jury.
El jurado es presidido por la presidenta de la Cámara I en lo Civil y Comercial de La Plata, Ana María Bourimborde, porque los jueces de la Suprema Corte y de Casación se excusaron por haber intervenido en alguna etapa del proceso. La secundan los conjueces legisladores Juan Pablo Allan (senador por Juntos), Daniel Lipovetzky (diputado por Juntos), Walter Carusso (diputado por Espacio Abierto Juntos), Sofía Vannelli (senadora del Frente Renovador e integrante del Frente de Todos) y María Eugenia Brizzi (diputada por Juntos) y los conjueces abogados Carlos Valdez, Héctor Mendoza Peña, Carlos Garavaglia, José Manuel Del Cerro y Juan Emilio Spinelli.
“Por todo lo expuesto, señores jueces, considero que el doctor Scapolan merece ser destituido y así lo solicito”, les dijo el fiscal a cargo de la acusación al final su alegato.
La defensa del fiscal
Tras un cuarto intermedio, comenzó el alegato de la defensa. “Tengo la obligación de señalar algunas cuestiones que han ocurrido. El representante de la Procuración [por Gómez] se dejó tentar y leyó la prohibición de leer memoriales a la que hace referencia el artículo 368 del Código de Procedimientos Penales [sic]. La segunda, es que también incurrió en una violación del artículo 366 del Código Procesal Penal que establece que solo se pueden incorporar al debate actas y dictámenes, que las declaraciones testimoniales solo se pueden incorporar con conformidad de las partes y que si ello se hiciere no se puede suplir la versión oral [lo que ocurrió aquí] por la versión escrita. No se puede utilizar prueba producida fuera de este debate”, sostuvo Scapolan al comenzar su alocución.
Después, el fiscal suspendido pasó a analizar la prueba presentada por la parte acusadora. “En este debate la doctora Arroyo Salgado solo se contradijo. Fue contradictoria. Sus dichos no tienen el peso que le ha intentado otorgar la acusación”, dijo. Recordó que los superiores de Arroyo Salgado [la Sala I de la Cámara Federal de San Martín] le revocaron una resolución “porque solo se fundaba en suposiciones”.
Respecto del fiscal Domínguez, Scapolan explicó: “No fue capaz de verter un concepto afirmativo. Es difícil bajo juramento decir verdad lo que fácilmente se firma fuera de control, no solo de las partes, sino de los señores jueces”.
También sostuvo sobre otro testigo, el abogado Damián Odetti: “Solo voy a decir, en este momento, que todo el jurado notó su locuacidad e hiperactividad, típico del consumo de alguna sustancia”.
De otro testigo de la acusación, Carlos Daniel Maidana, que en la causa declaró como “arrepentido” ante el fiscal Domínguez, afirmó: “Durante dos años, sostuvimos que la versión del señor Maidana era mentira y lo acreditamos en la causa. En dos oportunidades la Cámara Federal de San Martín dijo que era falso. Demostró que el teléfono que me pertenecía a mí no estaba en el lugar [del allanamiento conocido como Leones Blancos]”.
En medio de su alegato, Scapolan anunció que denunció por coacción a la jueza Arroyo Salgado y al fiscal Domínguez, y que la causa se tramita en el Juzgado Federal N°3 de La Plata. “El señor Maidana dijo aquí que sus acuerdos como arrepentido no plasmaban lo que él había dicho”.
“Como señaló la señora presidenta [por Bourimborde], y como ratificó la totalidad del jurado ante alguna presentación formulada por esta defensa, este es el momento de las certezas. El jurado tiene que basarse en aquello que es cierto, en lo que esté debida y suficientemente probado, y la realidad es que la imputación que realizó en algún momento el doctor Domínguez se basaba solo en suposiciones, ninguna certeza”.
Sobre el operativo Leones Blancos, Scapolan sostuvo que ni él ni sus secretarios Maximiliano Jarisch y Gustavo Sanvitale, –que fueron detenidos con prisión preventiva y luego recibieron la falta de mérito y obtuvieron la libertad– estuvieron en el lugar cuando la policía bonaerense interceptó la camioneta donde se secuestró el estupefaciente.
“No participamos de ninguna interceptación. El listado de antenas demuestra que a las 20.34 [del día del procedimiento] cuando la policía ya estaba en el lugar de los hechos, mi teléfono se encontraba a más de 20 kilómetros de ese lugar. Recién a las 21.22 llegué”, recordó Scapolan.
Sobre el supuesto robo de estupefacientes, Scapolan afirmó: “Por tercera vez lo voy a decir: Maidana negó que eso haya ocurrido. La única prueba que existía acerca de un supuesto robo de estupefacientes era la versión de Maidana coaccionada. Es lo que escribió el doctor Domínguez para poder cerrar el paquete de su causa. Sin Maidana no tenía nada. Y Maidana dijo aquí como se produjo el acto”.
El fiscal acusado recordó que no se cumplió la obligación de filmar o grabar el acuerdo al que se llega. “No se hizo, lo único que se grabó en este proceso fue la grabación de Maidana diciendo ‘sí’. Ya dijo Maidana lo que ocurrió entre su presencia en la fiscalía y esa filmación. Por si fuera poco, insisto, la Cámara Federal de Apelaciones dijo que si eso ocurrió [el robo de estupefacientes] ese hecho, se llevó a cabo cuando ningún judicial estaba presente”.
Scapolan, en todo momento, apuntó sus dardos al accionar de la policía. Recordó otro operativo, donde intervino un juzgado federal, y que “el personal policial que fue al lugar negoció libertades y pidió dinero”. Y agregó: “¿La policía roba en los procedimientos? Y, es probable. Pero la policía no roba en presencia del personal judicial, eso nunca ocurrió”.
Para finalizar, Scapolan dijo: “Nada de lo producido permite sostener, con el grado de certeza que este mismo jurado ha sostenido debía probarse en la audiencia, los hechos que son materia de acusación. Muchas gracias”.
Tras las palabras del fiscal acusado, el alegato finalizó con la presentación de su abogado defensor, Luciano Locatelli. “Del análisis que hizo el doctor Scapolan, ha surgido algo: la inexistencia de los hechos que se le imputan. La verdad es que no hay hechos probados”.
Tras el alegato de la defensa, a las 19, se cerró el debate. La presidenta del jury decretó el cuarto intermedio hasta el próximo lunes, a las 17, hora del veredicto que definirá el futuro del fiscal Scapolan.
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