ADN del Crimen: escándalo en Mendoza por los millones del juez Bento

Para la Justicia, el magistrado tiene propiedades y gastos que no puede justificar y sería el jefe de una asociación ilícita que cobraba sobornos para beneficiar a detenidos

LA NACIONGustavo Carabajal

Al juez federal de Mendoza Walter Bento no le cierran las cuentas. Tiene nueve propiedades distribuidas en cuatro countries, un departamento en un edificio del centro de la capital provincial y cuatro vehículos de alta gama. Desde 2007 a 2017 realizó veinte viajes a Miami, Orlando, Las Vegas, Barcelona, Atenas, Dubai y Chile. Por esos viajes estuvo 761 días fuera de su casa, alojado en hoteles y aparts de lujo, junto a su familia. La Justicia abona la sospecha de que el magistrado más poderoso de Mendoza no pudo solventar semejante nivel de gastos y adquirir el millonario patrimonio con su sueldo de juez federal. Ese suntuoso nivel de vida tampoco podría haberse costeado con los ingresos que su esposa percibe como funcionaria judicial y como una monotributista que únicamente emitió facturas a nombre de una empresa de alojamiento temporal que funciona en el departamento del edificio situado en España 948, que pertenece al matrimonio Bento.

Para la Justicia, el juez Bento es el presunto jefe y organizador de una banda integrada por delincuentes y abogados que se dedicaba a cobrar coimas millonarias a narcotraficantes y contrabandistas, a cambio de beneficiarlos con excarcelaciones y sobreseimientos.

Desde junio pasado, el consejero de Juntos por el Cambio Pablo Tonelli lleva adelante la investigación contra Bento en el Consejo de la Magistratura. Sin embargo, a pesar de que el juez federal de Mendoza Eduardo Puigdéngolas dictó el procesamiento y la detención de su colega, la Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura no dispuso la suspensión y tampoco ordenó la realización de peritajes contables para analizar la situación patrimonial del juez acusado.

Hasta el momento, los consejeros oficialistas no tomaron ninguna medida para avanzar con la investigación contra el magistrado, que sigue en libertad porque sus fueros lo protegen. Además, como juez electoral dictó resoluciones que favorecieron a los candidatos kirchneristas.

Según el informe presentado en el expediente por el Departamento de Seguridad Interna de los Estados Unidos, que figura entre las páginas 498 y 491, Bento se alojó en hoteles y departamentos situados en zonas exclusivas de Miami, en la avenida Collins; en los hoteles Wynn y Caesar’s Palace, en Las Vegas, y en el hotel Grand Floridian, de Orlando. En el caso del hotel Wynn, de Las Vegas, el costo de la habitación por noche no baja de los $159.000.

Estos datos aportados por el Departamento de Investigaciones de la Secretaría de Seguridad Interna de los Estados Unidos echaron por tierra los argumentos expuestos por el juez federal Bento, que en el escrito de 59 páginas que presentó como defensa sostuvo que muchos de sus viajes fueron “realizados por motivos laborales y solventados con viáticos otorgados por el Poder Judicial”.

En su descargo, Bento no especificó cuáles de los viajes fueron realizados por motivos laborales y cuáles por vacaciones. Al revisar la documentación presentada por el magistrado con los comprobantes de viáticos, solo correspondían a dos viajes por año. Pero, según el informe de la Dirección Nacional de Migraciones, desde 2007 hasta 2017 el juez Bento cruzó la frontera en 69 oportunidades y pasó 761 días fuera del país.

De cambista a juez

Antes de asumir en el juzgado federal N°1 de Mendoza, con competencia electoral, Bento, de 56 años, trabajó en una casa de cambios en Buenos Aires. Durante un viaje a Chile conoció a su esposa, Marta. En 1992, el matrimonio decidió radicarse en Mendoza y, a partir de ese momento, comenzó la carrera judicial de Bento. Su vida cambió radicalmente en 2005, cuando durante el gobierno de Néstor Kirchner se hizo cargo del tribunal con jurisdicción en la extensa frontera con Chile.

Los cinco integrantes de la familia Bento trabajan para el Estado. Esta circunstancia hizo más notoria la inconsistencia de los argumentos para justificar las millonarias propiedades, los tres Audi, S3, Q5 y A3 que compraron desde cero kilómetro y la camioneta Amarok.

El magistrado tampoco puede explicar el origen de los 153.000 dólares, 3600 euros y $160.000 en efectivo que le secuestraron en su casa del complejo Palmares, donde tiene tres propiedades. Además de otros tres fideicomisos en distintos emprendimientos inmobiliarios.

“Las pruebas e indicios que llevan a sospechar fundadamente que en las operaciones referidas podrían haber existido maniobras de ocultación de los montos reales para procurar, de esta forma, blanquear ingresos que no tendrían un origen lícitamente comprobable, mediante la minimización de los gastos verdaderamente producidos en las compras y el aumento de los valores documentados en las ventas”, sostuvo el juez Puigdéngolas en los fundamentos del procesamiento.

El informante

La investigación encarada por el fiscal federal de Mendoza Dante Vega sobre el crecimiento patrimonial del juez Bento, se remontó hasta 2008, cuando el juez federal conoció a un personaje clave en su vida: Diego Aliaga, un despachante de aduanas acusado en la causa 11088445/2007, iniciada por un millonario contrabando. En los sumarios policiales, Aliaga figuraba como el “informante 59”: cobraba un sueldo por aportar datos que derivaban en operativos contra bandas de contrabandistas.

En 2010, Bento dictó la falta de mérito de Aliaga en ese expediente y en 2017 lo sobreseyó definitivamente. Durante ese proceso, Aliaga se convirtió en el reclutador de la banda liderada por Bento.

A partir de su relación con el juez, Aliaga sumó a sus ingresos como informante policial los porcentajes de las coimas que recibía la asociación ilícita por arreglar beneficios y excarcelaciones para los imputados.

“Aliaga era el nexo de confianza con el magistrado y enlace con los abogados organizadores y actuantes de imputados que obtendrían los beneficios a cambio de sobornos”, indicó el juez Puigdéngolas en su resolución.

El inicio de la causa

La investigación que terminó con el procesamiento del juez Bento y de otros 22 imputados comenzó hace un año, a partir de la nota 206/20 de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico de la Policía de Mendoza.

Dicha nota corresponde al informe del análisis del celular 2616532510, secuestrado al detenido Walter Bardinella Donoso, procesado en un caso de drogas que se ventilaba en el juzgado del magistrado Bento.

Al revisar los llamados y mensajes, una oficial encontró mensajes de texto en los que se referían a beneficios procesales que recibían los imputados Eugenio Javier Nasi Pereira y Javier Santos Ortega Pérez. Esas comunicaciones eran entre Bardinella y un contacto identificado como “Luciano”, que sería identificado como el abogado Luciano Ortego.

En el mismo teléfono aparecía agendado un apellido muy común: “Fernández” que, en realidad pertenecía al celular de Diego Aliaga. En la reconstrucción de la tarjeta única de identificación de la línea 2616654473, a nombre de Aliaga, se determinó la existencia de 256 llamadas con el juez Bento, entre septiembre de 2018 y el 5 de marzo de 2020.

Según la investigación del Ministerio Público, 11 de esas 256 comunicaciones entre el juez y el “informante 59” se registraron entre el 17 y 19 de septiembre de 2018, cuando el magistrado dictó la falta de mérito y excarcelación del imputado Nasi, acusado en uno de los siete expedientes en los que se habrían encontrado irregularidades en los fallos decretados por Bento.

El crimen que desató todo

En la agenda del teléfono de Aliaga, el celular de Bento figuraba con el nombre “Primo”. “Cuando Aliaga hablaba por teléfono y decía ‘sí, primo’, para que quedara grabado en el celular, significaba que todo se había arreglado en el expediente”, expresó Diego Barrera en su declaración indagatoria, en la que aportó datos cruciales en la causa contra el juez.

Así como Aliaga resultó fundamental en la organización que, según la Justicia, comandaba el juez Bento, su muerte violenta marcó el final de la banda. El cuerpo de Aliaga fue hallado en septiembre de 2020. La autopsia determinó que fue asesinado. El mencionado Barrera fue detenido como presunto responsable del asesinato.

Durante el análisis de los teléfonos, los investigadores encontraron mensajes en los que se hacía referencia al “gran jefe”, “el número uno”, el “gran gran”. Según consta en la causa, con esos términos, el resto de los integrantes de la banda se referían al juez Bento.

Luego de revisar los testimonios sumados al expediente, quedó al descubierto que Ortega Pérez habría pagado 800.000 dólares para ser desvinculado de un caso de contrabando.

Ese dinero, según la declaración del imputado, lo habría abonado de la siguiente manera: US$150.000 en efectivo; una lancha valuada en US$70.000, y la venta de dos departamentos de US$480.000 y US$100.000 a los 30 días. Ese dinero habría sido entregado al abogado Alejandro Aramayo, que después se convirtió en imputado colaborador, junto con su colega Martín Leopoldo Ríos.

En el escrito que presentó como descargo, Bento afirmó que la acusación en su contra era falsa e inventada. En esta oportunidad, como en 2012, cuando le pidieron el juicio político por primera vez, sus fueros evitaron que quedara preso. Queda por saber si, como hace nueve años, sus aliados en el kirchnerismo, lo volverán a salvar.

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