Escándalo en Mendoza: avanza en el Consejo de la Magistratura la investigación contra el juez Walter Bento
Por sorteo, fue designado como instructor del caso el diputado Pablo Tonelli (Pro); analizan si es posible suspenderlo mientras se resuelve si hay o no motivos para un jury
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LA NACIONPaz Rodríguez Niell
La Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura designó por sorteo al diputado y consejero Pablo Tonelli (Pro) como instructor de la denuncia contra el juez federal de Mendoza Walter Bento, acusado de ser el líder de una asociación ilícita que cobraba sobornos a imputados.
Tonelli será ahora el responsable de investigar desde el Consejo el desempeño de Bento, que tiene ordenada la detención, pero no puede ser arrestado mientras conserve sus fueros como juez. “Empezaremos por pedir el auto de imputación del fiscal [donde describe los presuntos delitos de Bento] y veremos qué otra prueba hace falta para avanzar”, dijo a Tonelli a LA NACION. “Lo vamos a investigar con toda la premura y seriedad que el tema requiere”, afirmó.
Bento está imputado por cuatro delitos: asociación ilícita –como presunto líder-, cohecho, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Según el fiscal federal Dante Vega, hay pruebas para sostener que el juez era el jefe de una banda “de abogados y presos que cobraba coimas a cambio de favores judiciales a procesados en casos de contrabando y narcotráfico”. El presunto intermediario entre el juez y los abogados de los acusados era, según la fiscalía, Diego Aliaga, un empresario que el año pasado apareció muerto por un aparente ajuste de cuentas, que intercambiaba mensajes en los que les decía a los abogados cómo debían actuar en las causas y les pedía sobornos con la promesa de que Bento les mejoraría su situación judicial. Según el fiscal, Aliaga y Bento trabajaron coordinados. Una prueba clave en la causa es la constancia de que cruzaron en siete meses 265 llamadas.
La justicia federal de Mendoza intentó hacerse, hasta ahora sin éxito, del teléfono celular de Bento. No lo encontraron en ninguno de los allanamientos y el juez informó formalmente que no va a entregarlo. Alegó que así se lo había recomendado su defensa, que está encabezada por el abogado Mariano Cuneo Libarona. El argumento es que el teléfono es de él -no del Consejo de la Magistratura, como creían los investigadores-, pero sobre todo que ningún acusado puede ser intimado a entregar un elemento de prueba destinado a ser usado en su contra.
Además de juez penal, Bento es el único juez federal de Mendoza con competencia electoral y, por ende, quien deberá organizar y controlar las próximas elecciones nacionales en la provincia. Por eso, todos los sectores del Consejo de la Magistratura -incluidos oficialistas y opositores- son conscientes de que este caso no admite demoras.
El reglamento del Consejo no prevé la posibilidad de suspender a un magistrado antes de aprobar el dictamen acusatorio en su contra; es decir, antes de haber terminado la investigación y enviarlo a juicio político. En estos momentos, en el Consejo están analizando si es posible, en caso de que un primer análisis de las pruebas lo complique, promover una suspensión mientras se tramita el expediente. No hay antecedentes de una medida semejante, advierten.
Mientras tanto, en Mendoza Bento está citado a indagatoria. La cita era este jueves, pero el juez pidió que se postergara, informaron desde la provincia fuentes que conocen la marcha de la investigación. Su defensa alegó que no le dieron el tiempo suficiente para analizar el expediente. Todo indica que la indagatoria se concretará el jueves próximo.
Cúneo Libarona adelantó que Bento se presentará y aportará pruebas. En declaraciones a Canal 7 de Mendoza, afirmó que el juez “está indignado por esta situación que está atravesando” y que no hay “razón jurídica” que justifique el avance de la Justicia en su contra. Según la defensa del juez, en la causa se cometieron irregularidades y no hay pruebas directas que lo comprometan.
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