Escándalo: Imputan al juez más poderoso de Mendoza por liderar una banda que cobraba coimas

Coimas, crímenes, narcotráfico, lavado de dinero... Piezas de una trama que está a punto de desatar un escándalo judicial y político en Mendoza. El juez federal con competencia electoral de esa provincia, Walter Bento, fue imputado hoy formalmente como presunto jefe de una asociación ilícita y acusado de haber redactado, a cambio de dinero, fallos favorables a personas en problemas con la ley.

Según informaron fuentes judiciales, el juez federal de San Rafael, Eduardo Puigdéngolas, notificó a Bento de la acusación. Los otros imputados son la esposa del juez, María Isabel Boiza, y los abogados Luciano Ortego, Martín Ríos y Matías Aramayo. Desde esta mañana se realizan allanamientos en los domicilios particulares y los estudios de todos los supuestos implicados en las maniobras ilegales tipificadas como asociación ilícita, cohecho y lavado de activos.

A partir de las tareas de investigación que inició el fiscal de la Cámara Federal de Apelaciones, Dante Vega, se ordenó la detención de la esposa del juez y de los letrados presuntamente implicados en la maniobra ilegal. Se pidió lo mismo para Bento, que está protegido al arresto por sus fueros. A él se le endilgan seis hechos de cohecho pasivo, lavado de activos y enriquecimiento ilícito, además de haberlo situado a la cabeza de la asociación ilícita. La Justicia realizó además análisis de datos patrimoniales de la familia del juez, y se habrían detectado sospechosas inconsistencias.

La mira judicial apunta a una red supuestamente comandada por el poderoso juez en lo penal y electoral para otorgar beneficios a presos a cambio de dinero, además de investigar otros delitos de gravedad.

“Los tribunales federales están que arden. Ha sido una verdadera bomba. Ahora, habrá que probar todo lo que se denuncia”, contó a LA NACION una calificada fuente de la Justicia federal, sorprendida por la decisión de Puigdéngolas, pero reconociendo que hay sospechas sobre Bento desde hace años. “Se habla mucho, pero hay que probarlo. De igual forma, ahora todo indica que las pruebas son contundentes”, indicó a este diario aquel informante, tras observar las tareas de los pesquisas en los despachos, en busca de material sustancial para la causa.

Mientras la Gendarmería realizó los procedimientos en la sede de los tribunales federales mendocinos, la Policía Federal allanó el estudio de Ortego en el barrio Bombal y la casa de sus padres, en Chacras de Coria, Luján, en busca de documentación sobre el caso y de dinero en efectivo, ya que -según trascendió- se estarían manejando cifras millonarias.

Según surge de la investigación, los abogados habrían sido los encargados de cobrar abultadas cifras de dinero de quienes, en medio de graves causas judiciales, necesitaban “ayuda”, para luego entregar la parte correspondiente al magistrado, quien podía disponer incluso la liberación de un detenido. Los delitos por los que se acusa al titular del Juzgado Federal N°1 suponen penas que van de los cinco a los 40 años de cárcel. Por el momento, no hay otros magistrados involucrados en esta causa.

Dos mojones en la investigación

El origen de este caso puntual que conmociona a la política y a la Justicia local por la figura del imputado se puede ubicar en una serie de detenciones en causas por narcotráfico y en un resonante crimen de un despachante de aduanas que también habría tenido asiduo contacto con la Justicia federal.

La causa tiene dos hitos. El primero, la detención, en marzo del año pasado, de Walter Bardinella Donoso, un “narcofinancista” de 40 años que estaba prófugo en una causa en la que se lo acusaba del transporte de 400 kilos de marihuana. Los investigadores detectaron, con el análisis del celular del imputado, que Bardinella mantenía comunicaciones con el empresario Diego Aliaga, quien le decía que tenía contactos en la Justicia Federal que le podían otorgar la prisión domiciliaria a cambio de un pago.

El segundo hito, precisamente, lo marcó el trágico final de Aliaga. Visto por última vez el 28 de julio de 2020, cuando se dirigía a una reunión en Guaymallén, fue secuestrado y asesinado. El 11 de septiembre, su cuerpo fue encontrado, enterrado, en un campo de la localidad de Costa de Araujo, a más de 50 kilómetros de la capital de la provincia.

Por ese crimen fueron detenidos el socio de Aliaga, Diego Barrera; su pareja, Bibiana Sacolle, y los hijos de la mujer, Lucas y Gastón Curi. Se cree que uno de ellos es quien realizó la llamada extorsiva a Gonzalo Aliaga, hermano de Diego, para exigirle un millón de dólares de rescate.

Barrera prestó una extensa declaración ante el fiscal federal Dante Vega. Según trascendió, dijo que Aliaga tenía contactos en las tribunales federales que le permitían sostener un millonario y turbio negocio: beneficios para acusados en causas penales a cambio de importantes cuotas de dinero en dólares.

En los teléfonos celulares de algunas de las personas implicadas en estas causas se detectó que en llamados y conversaciones de WhatsApp se repetía el nombre de Walter Bento y el modus operandi con los letrados acusados de recibir primero el dinero. En este sentido, la principal hipótesis que manejan el magistrado Puigdéngolas y el fiscal Vega es que se habrían modificado expedientes para otorgar beneficios exclusivos a los detenidos; incluso aparecerían casos de personas que lograron la libertad condicional.

Lo más llamativo del caso es que Bento, al enterarse de la investigación que se había iniciado y que podía tenerlo como protagonista, decidió, semanas atrás, presentarse en la Justicia a través del abogado Mariano Cúneo Libarona para conseguir de alguna oficina provincial la confirmación de que la pesquisa penal estaba también detrás de él.

LA NACION intento contactarse con el juez Walter Bento en reiteradas oportunidades, pero no obtuvo respuestas.

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