Escándalo en Corrientes. Lo ascendieron a la cúpula policial y a los tres días lo echaron: estaba procesado por abuso sexual

CORRIENTES. Apenas tres días después de haber asumido como director general de Personal y Formación Policial, el comisario general Sergio Rubén Sánchez fue echado del cargo y pasado a disponibilidad como producto de una fuerte presión social que se ejerció en la provincia al conocerse su designación, dado que el oficial superior está procesado por el abuso sexual de una subordinada, hecho ocurrido hace cinco años en una dependencia del interior provincial.

Si bien la reacción llegó después de un ascenso y de la designación en la cúpula policial, el Poder Ejecutivo provincial se hizo eco del reclamo y exoneró a Sánchez. En su reemplazo asumió el comisario general Emilio Jorge Rodríguez.

El nombramiento de Sánchez se informó hace seis días, y hace tres se produjo su asunción, en el marco de un recambio completo de la cúpula policial, que ya fue una respuesta oficial a las demandas sociales de una política más activa en materia de seguridad.

Fue así que el pasado jueves 9 de junio, en un acto encabezado por el ministro de Seguridad, Buenaventura Duarte, tomaron posesión del cargo las nuevas autoridades de la Policía de Corrientes. Se trata de los comisarios generales Alberto Arnaldo Molina y Jorge Cristaldo, que desde entonces ejercen como jefe y subjefe, respectivamente.

En ese mismo acto, Sánchez asumió como director general de Personal y Formación Policial. Sin embargo, debido a la polémica que se desató al conocerse que fue procesado por abuso sexual simple y acoso de una suboficial con la que trabajaba en Villa Olivari, el gobierno dio marcha atrás con la designación y, mediante un comunicado de prensa emitido el domingo a la noche, informó que el funcionario pasó a disponibilidad.

Clamor popular

Varias fueron las voces que se manifestaron en contra, primero de la promoción y luego de la asunción de Sánchez. El Centro de Ayuda a la Familia de Ituzaingó (una organización sin fines de lucro de ayuda y acompañamiento en problemáticas de violencia, abuso y otros hechos que afectan a las familias y personas vulnerables), fue la primera institución en expresarse. Emitió un comunicado con el que rechazó “de manera enérgica que personas que tengan procesamiento por abuso sexual ocupen cargos en funciones de protección a la comunidad”. El comunicado lleva la firma de María Valoy, directora de la institución.

“El ascenso en la Policía de Corrientes del señor Sergio Rubén Sánchez, que tiene procesamiento por abuso sexual simple de una cabo que era su subordinada en el ejercicio de sus funciones en el año 2015, es repudiable. Este tipo de antecedentes ponen en riesgo no solo a las mujeres, sino a la comunidad en general”, agrega el texto que se hizo público hace unos días.

La investigación se disparó en 2017 con la denuncia que hizo la cabo Liliana I., que era subordinada de Sánchez cuando él era jefe de la comisaría de Villa Olivari, una pequeña localidad de unos 1500 habitantes ubicada sobre la Ruta Nacional 12, en la zona norte de la provincia, a 215 kilómetros de la capital provincial.

La mujer contó que Sánchez se le había insinuado varias veces, hasta que el abuso se concretó. La joven policía contó que el comisario la había tocado. “Me manoseó, me besó a la fuerza, me tocó los pechos y me quiso levantar la chomba”. Luego de ese episodio, incluso, según relató la víctima y denunciante, ella amenazó con quitarse la vida porque no podía procesar psicológicamente lo sucedido. Y luego de meses de silencio y de tratamientos psicológicos, decidió radicar la denuncia penal.

En 2020, Sánchez fue procesado por abuso sexual simple, pero el expediente todavía espera por movimientos que, dada la situación, podrían darse los próximos días.

Ahora la lupa también está puesta puertas adentro de la institución policial y ministerial, porque cuando se conoció la tacha pública del comisario general, el subsecretario de Seguridad de Corrientes, Osvaldo de los Santos García, indicó en declaraciones radiales que “su situación fue informada al gobernador”, aunque dijo que “la denuncia fue realizada hace cinco años por una suboficial que trabajaba con él”, en la que “se lo acusa de acoso y no de abuso ni violación, como dicen algunos medios”. Y fue más allá todavía para trasladar la responsabilidad a la Justicia, ya que, según entiende, “la causa se investiga desde hace cinco años y aún no hay sentencia”.

Dada la controversia, el gobernador Gustavo Valdés tomó la decisión de quitar a Sánchez del cargo y pasarlo a disponibilidad, e inmediatamente puso en funciones en su lugar al comisario general Emilio Jorge Rodríguez, quien cuenta con una extensa carrera en el área de formación profesional.

Rodríguez es licenciado en Seguridad Pública Ciudadana, y además tiene estudios superiores en la Facultad de Ciencias Criminalísticas de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE). Hasta su nueva designación, prestaba servicio como director general de Grupos Especiales. Ingresó a la fuerza en marzo de 1990. Ascendió a comisario general en el 2018.

Conocida la decisión del Gobierno, el Centro de Ayuda a la Familia emitió un nuevo comunicado. “Desde el Centro agradecemos profundamente a los medios de comunicación por difundir la situación del comisario Sánchez y a las autoridades gubernamentales por tomar las medidas pertinentes, y a través de esto devolver la esperanza de justicia para quienes diariamente luchamos contra la violencia. Hoy podemos decir que la unión de las voces hace la fuerza. [...] Seguiremos luchando por los vulnerables e indefensos”.

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