Escándalo en Córdoba: un psicólogo fue detenido por coerción y denunciado por trata de personas
CÓRDOBA. "Era impresionante ver cómo, de a poco, iban rompiendo la cabeza de cualquier sujeto que fuera paciente o persona que trabajaba para él, para que siguiera en ese lugar". El testimonio parece parte de "El país salvaje", la serie documental de Netflix que cuenta parte de la historia de Osho y sus seguidores en Oregon, Estados Unidos. Pero no; es la declaración de una empleada de la fundación Dolto, dirigida por el psicólogo Marcelo Bazán, que está detenido y acusado, entre otras cosas, de amenazas y extorsión agravada. Se le endilga haber manipulado a personas vulnerables para separarlas de su entorno familiar y captarlas al punto de llegar a pedirles la cesión de sus bienes. Además, se le increpa impartir enseñanzas contrarias a la diversidad en la orientación sexual; en sus cursos calificaba a la homosexualidad como una "enfermedad".
Bazán está preso desde hace 12 días por orden de la fiscal de Río Segundo Patricia Baulíes. En la última semana se sumaron tres de sus colaboradores. Las causas de la detención del psicólogo fueron supuestas extorsiones y amenazas. Pero se fueron agregando más denuncias (hay unas 25) y testimonios que desde la misma Justicia calificaron de "estremecedores" a LA NACIÓN. La Justicia Federal analiza presunta trata de personas y abusos sexuales.
Bazán, matriculado en el Colegio de Psicólogos de Córdoba (MP. 2235), es director de la Fundación Dolto, que se presenta como "academia de psicoanálisis". Hasta hace dos meses, a través de las redes sociales, convocaba a profesionales para el área clínica y anunciaba cursos online. Su sede central estaba en el barrio de Nueva Córdoba, pero tenía "franquicias" en esta ciudad, en Villa Carlos Paz y en Salta; en total eran ocho.
En Dolto –asumió ese nombre hace unos años, después de la separación de Bazán de su esposa; antes de eso se llamaba Doxa- ofrecían tratamientos para adictos, pacientes psiquiátricos, personas con problemas de alimentación e incluso para integración escolar.
Las denuncias abarcan también a la primera entidad. De hecho, hay un posteo en Facebook del 6 de setiembre de 2016 –con videos de 2013 incluidos- en el que se muestra que Bazán "'enseña' violando los derechos de la niña trans Luana, el trato digno, la autopercepción, el trabajo de las militantes trans en la ley de identidad de género y su perspectiva despatologizante". En ese mensaje se indica que Doxa cerró, pero "sólo cambió de nombre". Y se agrega: "Esta persona es formador de formadores. ¿Podemos dejar que este tipo de personas sigan teniendo voz en un aula?".
La investigación de la fiscal Baulíes comenzó por una denuncia de amenazas. A medida que avanzó en los allanamientos y en la toma de testimonios se agregaron otros hechos. Incluso, según las denuncias, hubo uso de armas en el amedrentamiento de los colaboradores de Bazán ante los pacientes o familiares.
Las declaraciones coinciden con que la fundación era una suerte de "secta" que iba separando a quienes acudían de sus familias y amigos y que incluso se los obligaba a ceder bienes. Entre los testimonios aparecen los de dos mujeres que cuentan que Bazán impulsaba "prácticas sexuales colectivas" con supuestos fines terapéuticos.
También señalaron que Bazán las inducía a consumir "cocaína, marihuana, alcohol y psicofármacos". Los dichos están documentados en fotos y videos que ya están en manos de la fiscal federal Graciela López de Filoñuk, en los que se ve al psicólogo.
Pablo Salum, fundador de la Red LibreMentes de ayuda a víctimas y familiares de organizaciones coercitivas, es denunciante en la causa federal y viene colaborando con algunas de las familias desde hace tiempo. "Bazán estudiaba a sus víctimas y aprovechaba los puntos débiles para manipularlas; hay jóvenes a los que iban endeudando con cursos y después los hacían tomar préstamos personales o pedirles plata o bienes a sus padres; otros adoptaron el apellido del psicólogo y lo llaman ‘padre’ mientras él les dice ‘discípulos’", contó Salum a LA NACIÓN.
Salum reclamó que en Córdoba se aplique la ley de asistencia a la víctima para que la querella la asuma la defensa pública. "Hay consenso de los familiares en ese punto", dijo.
Cesión de bienes
Entre los testimonios recabados por la fiscal Baulíes hay varios de familiares de pacientes de Bazán que sostienen que los obligaba a transferir dinero y bienes a la fundación. Dos personas de Laguna Larga fueron la clave del inicio de la investigación: sus casas fueron baleadas cuando se negaron a entregar unos autos.
En los allanamientos realizados se secuestraron un Audi y otro coche de alta gama que usaban en la fundación; armas de fuego y municiones. Los testimonios dan cuenta de que Bazán los acusaba de "traición" si querían abandonar la organización y empujaba a pacientes y empleados a "rendirle idolatría". Para fundamentar sus órdenes de alejarse de las familias, decía que el padre o la madre querían abusar de ellos (usaba un término más vulgar).
Salum explica que la fundación no era una "comunidad cerrada", pero que el común denominador era el aislamiento de los pacientes. "Hay algunos que ahora se están reencontrando con sus familias después de un año y medio. "Toda la organización usaba como fachada los consultorios para captar personas en situación de vulnerabilidad y ponerlas al servicio de las metas personales del líder, que se caracteriza por denigrar a las mujeres y ser homofóbico; en sus consultorios se aplicaba la doctrina de que la homosexualidad es una enfermedad".
En medio del escándalo que generó la causa, está cuestionado también el rol del Colegio de Psicólogos, que aunque –según señalan familiares- recibió consultas y denuncias durante estos años, no tomó medidas. Su presidenta, Gabriela Treber, afirmó a LA NACIÓN que es el Tribunal de Ética el que debe tomar cartas en el asunto y que se está "analizando" el tema. "Después de su detención hubo denuncias; antes eran mails anónimos y la presentación de unas profesionales que querían desvincularse de Bazán", agregó Treber.
El psicólogo detenido fue sancionado con una multa por expresiones vertidas contra la presidenta del Colegio de Psicólogos.
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