Escándalo en Córdoba. La tragedia de Traslasierra destapó el caos con que se gestionan los autos “judicializados”

CÓRDOBA. El choque por el que está imputado por homicidio culposo agravado y lesiones culposas agravadas el legislador oficialista de Córdoba Oscar González, y en el que murió una mujer y hay dos adolescentes graves, destapó una serie de irregularidades en el manejo de los autos judicializados. El expresidente provisional de la Unicameral manejaba una BMW X1 negra “melliza”. Los expertos consultados por LA NACION aseguran que ese vehículo “nunca debería haber pisado el pavimento” y admiten que son muchas las unidades en todo el país que circulan en esas condiciones.

El auto que manejaba González –quien estará de licencia seis meses como legislador, mientras el abogado de las víctimas pidió que la Justicia le dicte prisión preventiva– era uno de los que el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba entrega a diferentes organismos. Este jueves, González se presentó en los tribunales de Villa Cura Brochero para la indagatoria; en la puerta del edificio hubo una vigilia de vecinos pidiendo “justicia”.

González, según dijo su abogado defensor, negó los hechos y se abstuvo de declarar. “Va a declarar cuando lo creamos conveniente”, afirmó el letrado.

El dominio original de la BMW X1 es de la esposa de Gabriel Kohan, un ciudadano bonaerense, quien se la compró. Después se la entregó al exarquero Gastón Sessa como para de pago de una operación inmobiliaria; el exfutbolista se la devolvió porque recibía multas desde Córdoba por infracciones que él no había cometido. Kohan se enteró de lo que pasaba cuando lo contactaron, ya que en la transferencia de la BMW X1 negra se supo que la tarjeta estaba a nombre de la esposa de Kohan. Tanto la patente como ese documento eran “clonados”.

La camioneta negra era de un hombre de Quilmes, al que se la habían robado. La Justicia cordobesa la retuvo en Traslasierra a fines de 2018 en el marco de otra causa y, después quedó “en depósito judicial”. En agosto de 2019 el TSJ la entregó a la Unicameral.

Un año después, el juez de Control de Villa Dolores declaró la incompetencia de la Justicia provincial para investigar la adulteración de los documentos. En marzo de este año, la causa se giró a la Cámara Federal, que la derivó al Tribunal Federal N°2, donde no hubo nuevas medidas al respecto.

Desde el TSJ explicaron que cuando la causa “se pone bajo órbita federal se da a conocer que el auto está judicializado y quién lo tiene”, y que es ese fuero el que tiene que determinar si sigue o no en esas condiciones. Desde la Justicia Federal admiten que es una práctica frecuente, pero que lo “correcto” es que se diera de baja todo antes de girar la causa.

En Córdoba, los autos “judicializados” se gestionan conforme a la ley provincial 8550, de 1996. En su artículo 1, esa norma establece que las unidades deben ser entregadas “en el término de treinta días por el Juez o Fiscal de Instrucción, definitivamente o en depósito, a sus propietarios, poseedores o legítimos tenedores”.

De no ser así, “deberán ser puestos a disposición del Tribunal Superior de Justicia, quien podrá entregarlos en depósito al organismo pertinente para su exclusiva afectación a una función o servicios públicos específicos”.

Las fuentes del TSJ admitieron a LA NACION que no controlan si en los autos que les llegan se hizo el trámite de dar con su dueño o con la aseguradora. “El espíritu de la ley es que no queden arrumbándose en depósitos y arruinándose”, insistieron.

Un laberinto

Hay una clasificación genérica para los “autos judicializados” que incluye tres tipos de delitos. El más básico es cuando el vehículo es usado para un delito, pero está bien registrado. Puede ser decomisado por el artículo 23 del Código Penal y su dueño, desapoderarlo del registro; en ese caso, la unidad puede quedar a disposición de la Justicia.

El segundo escalón es cuando hay alteración de dominio (adulteración de patente, motor y chasis), que es un delito provincial, según el artículo 289 bis del Código Penal. No involucra un cambio en la identificación, es decir, en la tarjeta verde o azul. Por supuesto, también lleva al decomiso de la unidad. Cuando hay dominio adulterado, la competencia es federal, por tratarse de una falsificación de documento público.

Los estudios para comprobar las adulteraciones son la verificación técnica sobre el motor y el chasis, o bien una prueba de revenido químico, que es más profunda. “Si hay indicios de adulteración, el auto no debería circular ni una cuadra”, insisten los entendidos.

Antes de usarse, debe darse la baja dominial y hacer el repatentamiento.

En la órbita federal, es la Corte Suprema de Justicia de la Nación la que recibe los autos decomisados, los verifica y los entrega con “destinaciones cruzadas” (no quedan en la misma jurisdicción donde fue el delito).

Fuentes federales explican que, por una acordada de 2006, todos los autos decomisados deben ser concentrados por el máximo tribunal; en 2018 hubo otra que no modifica lo sustancial y establece que cuando el dominio es adulterado, los tribunales de primera instancia deben contactar al verdadero dueño o compañía de seguro y, si no se retira, enviarlo a la Corte Suprema en un camión. Es decir, hay más tamices antes de que ser entregados.

Por ejemplo, en Córdoba, en una causa contra directivos del gremio de la basura (Surbac), hay 37 autos de alta gama secuestrados. De ese total, la Corte Suprema recibió y entregó a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) 12 camionetas VW Amarok.

Una ley de extinción de dominio –que en la Argentina no salió– ayudaría a ordenar el caos existente. La Justicia podría subastar los autos y poner ese dinero en un plazo fijo, de manera que si su titular queda absuelto en la causa penal que propició el decomiso puede recibir dinero efectivo en lugar del bien del que había sido desapoderado.

Es obligación que los vehículos judicializados, si circulan, estén identificados como tales. Desde la Justicia reconocen que la mayoría no lo cumple porque son “autos buchones”, como los llaman en la jerga.

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