Escándalo. Allanan un desarmadero de autos en el conurbano y encuentran un patrullero de la policía de Entre Ríos
La situación es cada vez más complicada para los policías entrerrianos investigados por integrar una banda delictiva que cobraba coimas y traficaba con autopartes utilizando como centro operativo el puesto de control vial de la ruta 12 a la altura de Ibicuy.
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PARA LA NACIONPaola Robles Duarte
La escandalosa trama de presuntos actos de corrupción en las filas de la policía de Entre Ríos sumó un nuevo capítulo. Después de que el jueves pasado la Gendarmería allanara el puesto caminero de Ibicuy en una causa por el presunto cobro de coimas a automovilistas y el robo de autopartes de vehículos secuestrados, y de que aparecieran nexos con un narco de Moreno que provee y vende drogas en el este provincial, ahora se reveló que en un procedimiento relacionado con este caso, apareció una patrulla de la fuerza de seguridad en un desarmadero ilegal del Gran Buenos Aires.
El jueves pasado Gendarmería Nacional llevó a cabo un operativo en el puesto de control de la Policía de Entre Ríos ubicado en el kilómetro 119 de la Ruta Nacional N°12. Pero esta no fue la única medida dispuesta durante aquella jornada por el juez federal de Victoria, Federico Martin. También se produjeron allanamientos en la provincia de Buenos Aires, en lugares considerados posibles depósitos y domicilios de personas involucradas en la red de policías y civiles que fue develándose a partir de decenas de horas de escuchas telefónicas que constan en la causa.
¿Cuál es la trama de ilícitos que investiga hace más de un año la justicia federal? Se trata de una organización criminal presuntamente integrada por policías de Entre Ríos (quienes cumplían funciones en el puesto caminero de Ibicuy, utilizando el lugar como desarmadero), civiles que se encargaban de retirar las autopartes de los vehículos retenidos (uno de ellos presta servicios a la comisaría de Ibicuy y otros dos son oriundos de la provincia de Buenos Aires) y un efectivo retirado de una fuerza federal, quienes habrían cometido por un tiempo aún indeterminado delitos contra la propiedad, cohecho (sobornos), tráfico ilegal de autopartes, y malversación de los recursos públicos, entre otros ilícitos que forman parte de la investigación en curso.
Según pudo confirmar RADIO 2820 durante la tarde de aquel jueves, se secuestraron alrededor de 60 vehículos, que fueron pesquisados y en los que se encontraron faltantes significativos, confirmando la hipótesis judicial respecto de la existencia de un desarmadero en el puesto caminero.
La camioneta
También fue allanado un taller mecánico que funcionaría como desarmadero en el conurbano bonaerense, donde presuntamente se realizaba la extracción de las autopartes en el marco de la red establecida con el resto de los integrantes de la banda. En el mencionado taller se encontró una camioneta de la Policía de Entre Ríos –propiedad de la Brigada de Abigeato– que fue secuestrada por la Gendarmería y se encuentra a resguardo en el destacamento interviniente.
Además, en el domicilio de uno de los mecánicos se encontró “un pequeño arsenal”, por lo que fue detenido luego de haber sido indagado por los hechos imputados.
Pero no deja de ser inquietante el dato de la camioneta de la Policía de Entre Ríos: ¿Qué hacía en un taller mecánico investigado en el marco de una causa federal por cohecho y venta ilegal de autopartes –entre otros delitos– en la que se encuentran implicados –e imputados, pese a la comunicación oficial de la Jefatura de la Policía de Entre Ríos– en una presunta organización criminal?
Fuentes policiales confirmaron a LA NACION que el mismo jueves, el jefe de Policía de Entre Ríos, Gustavo Maslein, recibió un exhorto judicial en el que se le requirió información respecto a los motivos por los cuales la camioneta de Abigeato se encontraba en el taller mecánico de provincia de Buenos Aires. La respuesta habría sido, palabras más palabras menos, “la camioneta estaba en espera para ser reparada”. Lo que lejos de explicar la extraña situación, suma aún mayor desconcierto: ¿Acaso no existen talleres mecánicos que pudieran reparar el desperfecto que tuviera el vehículo? ¿Justo está en la fila de espera en un taller que forma parte de una investigación judicial por una catarata de delitos? Seguramente las respuestas a estas preguntas serán develadas con el avance la causa.
Por lo pronto la situación procesal de Cristian Omar Villanueva y Luis Armando Zabala, jefe y subjefe del puesto caminero está sujeta a las próximas decisiones que tome el juez Martin, quien por lo pronto, dispuso que la investigación se encuentre bajo secreto de sumario. Desde el Ministerio de Gobierno y Justicia de Entre Ríos informaron oportunamente que se le dio intervención a Asuntos Internos y se inició el correspondiente sumario a los mencionados policías.
La causa originaria
Las medidas solicitadas por el Ministerio Público Fiscal Federal de Gualeguaychú desde el mes de mayo, derivan de una investigación por la cual fue desarticulada una banda presuntamente regenteada por Vicente Teodoro Pineda, alias Tigre, “que tenía su base de operaciones en el partido bonaerense de Moreno y había extendido su zona de influencia hacia la provincia de Entre Ríos como proveedor de cocaína y marihuana a pequeñas estructuras –incluso un puesto de venta en una unidad penal– y con su propio negocio minorista”, según informaron fuentes del caso.
De acuerdo a lo que consta en la investigación, el Tigre Pineda tenía distintos mecanismos de distribución de cocaína y marihuana a distintas personas que luego vendían la droga en kioscos de narcomenudeo en Gualeguay y Gualeguaychú.
A su vez, era dueño de la estación de servicio La Posta, de la calle Urquiza 2467, de Gualeguaychú, que funcionaba como una pantalla para la venta minorista de estupefacientes.
Según difundió a fines de octubre Página Judicial, la estructura tenía una sofisticada organización: Pineda estaba en la cúspide de la pirámide, encargado de proveer la droga desde Buenos Aires; a su vez, los empleados de la estación de servicio colaboraban en la administración del negocio en Entre Ríos con roles específicos, ya que uno de ellos se encargaba de recaudar el dinero para entregárselo al jefe y otro atendía el minimercado en el que, además de gaseosas y comestibles, se vendían estupefacientes, del mismo modo que el lavadero no era un lugar solo de aseo de vehículos.
Había también quien se encargaba de recibir la droga; los acopiadores, que eran también fraccionadores, y los distribuidores dedicados a la venta al menudeo o a la reventa.
Una estructura independiente, en tanto, le compraba drogas a Pineda y las revendía en la unidad penal de Gualeguay, adonde eran introducidas a través de los más ingeniosos mecanismos, según se ha podido determinar. Esta situación también abre otra sospecha entre los investigadores respecto de la intervención de agentes penitenciarios.
La esposa de Pineda era la encargada de recaudar el dinero de la venta de drogas, para luego entregárselo al Tigre. El dinero era introducido en el circuito legal a través de transacciones que incluían la compra de terrenos, vehículos y un esquema clandestino de préstamos. La pantalla del lavado era la estación de servicio.
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