Enviaron al Congreso un proyecto para cerrar la “puerta giratoria” judicial que beneficia a delincuentes

A partir del impulso de la ministra Patricia Bullrich, el Gobierno planteó a los legisladores una concreta serie de reformas para dotar de mayores herramientas para enfrentar al delito, tanto a bandas complejas como a ladrones callejeros cuya libertad de movimientos afecta cada día a vecinos.

Cuatro proyectos de ley fueron enviados ayer al Congreso para modificar el Código Penal y el Código Procesal con la intención de generar “una nueva ley antimafias, y establecer la creación de un Registro Nacional de Datos Genéticos y la incorporación del concepto de reiterancia a fin de reducir los porcentajes delictuales; además, de modificaciones a la unificación de condenas y concurso de delitos; legítima defensa y cumplimiento del deber”, según se detalló en un comunicado del Ministerio de Seguridad.

La idea de reemplazar la reincidencia por la reiterancia apunta a dar un golpe inmediato al delito urbano. Es que la reincidencia requiere de dos condenas firmes, una situación que choca con la larga extensión en el tiempo de los procesos penales y favorece la llamada “puerta giratoria”, ya que un delincuente puede gozar de beneficios judiciales –excarcelación, por ejemplo–, pese a acumular expediente si es que no tiene penas confirmadas en segunda instancia. En el proyecto de ley, que lleva la firma del presidente Javier Milei; el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y los ministros Bullrich y Mariano Cúneo Libarona, se establece que esos casos se considerarán reiterancia y, en consecuencia, se eliminará la posibilidad de seguir el proceso en libertad.

El cambio propuesto en el artículo 17 del Código Procesal señala que “las medidas restrictivas de la libertad solo podrán fundarse en la existencia de peligro real de fuga, de obstaculización de la investigación o de reiterancia delictiva, consistente en la imputación en una causa penal en forma coexistente con otro u otros procesos en los que la misma persona hubiera sido imputada”.

Esa modificación es sustentada por el Gobierno al señalar que numerosos homicidios de alto impacto social fueron cometidos por personas que estaban imputadas en varias causas en trámite. Y se agregó entre los argumentos para presentar la iniciativa en el Congreso que “la falta de regulación de la reiterancia provoca que alguien puede cometer una gran cantidad de delitos o más mientras tramita su causa penal y llega a la sentencia, y esos hechos no pueden ser tomados en cuenta siquiera para negarle la excarcelación”.

Y establece, además, que en el momento de las condenas se sumen las penas definidas por diferentes tribunales, hasta llegar a un máximo de 50 años de prisión.

Ley antimafias

Otro de los proyectos enviados al Congreso hace referencia a la situación de violencia criminal que se vive en la ciudad de Rosario para generar por un lado el concepto de mafia por encima de la tipificación de asociación ilícita y, por otra parte, crear las herramientas legales para definir “zonas sujetas a investigaciones especiales”, donde estarían habilitadas medidas procesales de urgencia.

Entre esas alternativas que se considerarían estará la facultad de detener a personas por hasta 48 horas en la averiguación de un delito, con autorización de fiscalías, realizar requisas en los establecimientos penitenciarios federales, con autorización del Ministerio de Seguridad, y efectuar “allanamientos con orden judicial extendida para un área determinada o para domicilios encadenados o vinculados con otro sobre el que ha existido una orden original, cuando las circunstancias del caso no permitieran requerir una nueva orden sin perder el objetivo de búsqueda”.

En un comunicado de prensa, se indicó también que “otro punto muy importante es que la pena por delito más grave que le corresponda a quien cometió el hecho también se aplicará a todos los miembros de la organización solamente por pertenecer a ella. Se considera que todos son partícipes necesarios para llevar a cabo el acto delictivo final”. En ese sentido, el financista o lavador de dinero de una banda podría recibir la pena por un homicidio cometido por un tirador de la banda.

Una iniciativa adicional se presentó para fortalecer el Registro de Datos Genéticos, que no solo contaría con muestras de agresores sexuales, sino también de toda persona procesada en una causa penal. En ese caso se intenta replicar la experiencia de Mendoza.

También se impulsó una reforma en los conceptos de legítima defensa y de homicidio en cumplimiento del deber para extender las condiciones en las que una víctima de delito o un policía puedan hacer uso de un arma sin recibir pena.

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