Encontraron más de mil armas acopiadas en arsenales clandestinos en el conurbano
Fueron allanados el Ministerio de Seguridad de Buenos Aires y la escuela policial Juan Vucetich en búsqueda de documentación sobre pistolas y municiones
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LA NACIONGustavo Carabajal
La Justicia secuestró más de mil armas de guerra que estaban distribuidas en distintos arsenales clandestinos de La Plata, San Martín, Lomas de Zamora, Quilmes y la Ciudad de Buenos Aires.
Según fuentes policiales, durante los operativos también secuestraron una cantidad no determinada de municiones que tuvieron que ser transportadas en varios camiones de la fuerza de seguridad bonaerense.
Entre las armas secuestradas durante los 14 allanamientos realizados entre el martes a la mañana y la tarde de ayer, los investigadores judiciales encontraron proyectiles de mortero, fusiles de asalto, ametralladoras, escopetas, cargadores, miras láser y telescópicas y rifles.
Debido a que varias de las armas secuestradas tenían las numeraciones limadas y a que estaban acopiadas de forma ilegal, el fiscal de Berazategui, Daniel Ichazo, ordenó que cinco sospechosos quedaran aprehendidos. Entre los acusados figuran instructores de tiro y armeros.
Los cinco sospechosos fueron acusados de acopio ilegal de armas de fuego y municiones. Según el artículo 189, inciso 3, del Código Penal, se trata de un delito con establece penas de cuatro a diez años de prisión. Entre las pistolas encontradas había de calibre .380 y 9 mm.
Según fuentes de la investigación, los detectives de la División Lucha Contra el Crimen Organizado de la policía bonaerense tuvieron que ir acompañados por efectivos de los grupos tácticos y especiales de la fuerza de seguridad provincial.
Dichos efectivos de las fuerzas de élite de la policía bonaerense participaron en los allanamientos con la colaboración de tiradores tácticos ante la posibilidad de que alguno de los acusados opusiera resistencia.
Uno de los arsenales clandestinos funcionaba en San Martín. En el fondo de un galpón en el que se confeccionaban balas y municiones, mediante la fundición de metales, los policías encontraron un centenar de pistolas y armas largas.
Entre los objetivos allanados figuraban la sede del Ministerio de Seguridad bonaerense, La Plata y las escuelas de formación policial Juan Vucetich y Dantas, en el Camino Centenario, a la altura del kilómetro 17. En esos casos, los investigadores secuestraron documentación que pueda ser utilizada para determinar si algunas de las armas fueron robadas a policías que estaban de servicio o aspirantes.
Según fuentes de la investigación, los responsables de la pesquisa comenzarán a realizar la trazabilidad de las armas secuestradas con el objetivo de determinar cuáles fueron robadas y separar las que estaban registradas en la base de datos de la Administración Nacional de Materiales Controlados (ANMaC).
El acopio de ilegal de armas de fuego y municiones constituyó uno de los expedientes que se abrieron a partir de una serie de denuncias que pondrían al descubierto la fabricación clandestina de cartuchos, de balas y la recarga de las vainas.
Otra de las líneas de investigación apuntará a tratar de establecer e identificar a quiénes les vendían las armas los acusados y si algunas de las pistolas o fusiles aparecieron involucradas en robos y homicidios ocurridos en territorio bonaerense y en el resto del país.
Hipótesis judicial
El otro delito que se investigará, además del acopio ilegal, es el supuesto tráfico de armas.
Especialmente, la pesquisa se enfocará en determinar si en los teléfonos de los cinco sospechosos aparecen nombres en común con los celulares de los quince detenidos en una causa por el contrabando de armas desde la Argentina a Chile.
El 27 de mayo pasado, durante un operativo realizado por la Gendarmería en el kilómetro 899 de la ruta 7, en La Paz, Mendoza, fueron secuestradas 25 armas que estaban en la bodega de un colectivo que se dirigía a Chile.
Esas armas pertenecían a la banda que operaba a ambos lados de la cordillera de Los Andes y que fue desbarada a partir de una investigación encarada por el fiscal federal de Mendoza, Fernando Alcaraz, y el fiscal chileno, Ricardo Reinoso Vara.
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