En una ciudad donde se naturalizó la violencia, alertan sobre la falta de reacción política

“Es peligroso que se haya naturalizado el problema de la violencia en Rosario”. La frase de Daniel Erbetta, ministro de la Corte Suprema de Santa Fe, resonó como un llamado de atención en medio de un nuevo recrudecimiento de los crímenes en esta ciudad, donde la falta de reacción política y social genera que los disparos y los crímenes –172 asesinatos en lo que va del año- se transformen en una “maldita costumbre”, como definió uno de los familiares de Lucas Vega, el chico de 13 años que jugaba en las inferiores de Rosario Central y fue asesinado por sicarios el lunes en la esquina de su casa.

La expansión de este negocio de la violencia amenaza insertarse en ámbitos que no tienen que ver sólo con la venta de drogas, sino también con conflictos sindicales, algo que desde hace tiempo preocupa a sectores empresarios, porque la mano de obra para los disparos es la misma.

Esta semana los ataques contra el grupo Razzini y la balacera a las oficinas de La Virginia generaron la reacción de los miembros del Foro Regional Rosario, el Grupo Trascender y la Fundación Apertura. Los ataques se produjeron después de que fueran detenidos 19 personas –luego fueron liberadas, pero quedaron imputadas en la justicia- ligadas al sindicato de Camioneros que impedían el ingreso a los empleados de La Virginia por una interna sindical.

“Hay una ausencia total del Estado y mucho miedo”, admitió en diálogo con LA NACION Carlos Cristini, presidente del Foro Regional Rosario, que fue uno de los primeros en el sector que alertó sobre la expansión de las actividades mafiosas por fuera del universo criminal en esta ciudad.

En el horizonte no parece asomar una solución, porque no hay políticas públicas que muestren ni siquiera un síntoma para generar un cambio. El Ministerio de Seguridad de Santa Fe parece ausente de la crisis, corrido de la escena, como si hubiese descargado el problema sólo en la policía provincial, cuya estructura está debilitada desde años, con cuadros poco formados y con muchos uniformados que aparecen cercanos a los grupos narcos, como mostraron con claridad los juicios al narco Esteban Alvarado y anteriormente a la de la banda de Los Monos, donde casi la mitad de los juzgados fueron efectivos de la fuerza de seguridad.

Una muestra de cómo funciona este esquema de violencia con complicidades aceitadas dentro de la fuerza policial es la detención el jueves pasado de la esposa de Daniel Corbellini, el poderoso exjefe de la Policía de Investigación durante la gestión del Frente Progresista. Esta expolicía fue imputada por ordenar ataques a balazos para cobrar préstamos de una financiera del centro de Rosario. Corbellini fue mencionado en varios tramos de la causa de juego clandestino que provocó un fuerte impacto político, luego de que el senador peronista Armando Traferri nunca pudo ser imputado por supuesto cobro de coimas al resguardarse en sus fueros legislativos y a su vez acusó a los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery, quienes lo investigaban.

En diálogo con LA NACION, Erbetta consideró que uno de los problemas en Rosario fue que “desde hace años se perdió control político de la policía, y cuando esa fuerza se autogobierna, se descontrola”.

“En la Justicia tenemos una cantidad de policías condenados como no hay antecedentes en la historia argentina. Son datos objetivos, no es especulación. Había unidades de la policía que trabajaban para una organización que lideraban Los Monos y sectores que trabajaban para la que encabezaba Alvarado”, aseguró el ministro de la Corte Suprema de Santa Fe.

“Una mayor autonomía policial tiene como contracara menor poder de los gobiernos para controlar efectivamente a las fuerzas de seguridad. Esta situación se desarrolla por dos procesos distintos. Por un lado, el poder político deja de lado su capacidad de ejercicio del control policial y ‘deja hacer’, esperando que los resultados sean positivos. Cuando no se logran los resultados esperados, la solución es el cambio abrupto de un jefe policial”, describe Lucía Dammert, una reconocida socióloga que investiga el crimen organizado y actualmente se desempeña como jefa de asesores del gabinete del presidente chileno Gabriel Boric.

Esta mirada parece calcada de lo que sucedió en la policía en Rosario. En abril cambiaron por novena vez el jefe de la Unidad Regional II en lo que va de esta gestión provincial, sin encontrar al salvador con uniforme, que es muy difícil que aparezca. A nivel nacional, el ministro de Seguridad Aníbal Fernández hizo lo propio con el comandante Ricardo Castillo, a quien designó en mayo pasado al frente del contingente de Gendarmería desplegado en Rosario.

El gobernador santafesino Omar Perotti basó su campaña electoral en la “paz y el orden”, dos consignas que la realidad dejó a un costado. La presión que ejerció Perotti para que envíen gendarmes funcionó, pero no dio resultados por los índices de criminalidad: 796 denuncias por extorsiones en el último semestre, más de 400 balaceras en ese periodo, 172 crímenes en lo que va del año, y cárceles desde donde se maneja el negocio ilegal.

Según datos del Ministerio de Seguridad de la Nación, actualmente en Rosario hay 3143 efectivos federales, de los cuales 756 están abocados a la prevención en cinco barrios calientes de Rosario, al mando del comandante Castillo, quien está a cargo del comando unificado desde el 6 de mayo pasado.

En los últimos días, el ministro de Seguridad Aníbal Fernández y Castillo explicaron en el Senado cómo trabajan las fuerzas federales en Rosario, argumentos que recibieron el cruce de los senadores de Juntos por el Cambio Carolina Losada y Dionisio Scarpín. “Es un desastre y mostraron que no hay un plan para parar la violencia en Rosario”, afirmó Losada a LA NACION.

Desde la llegada de Castillo a Rosario el trabajo de Gendarmería cambió. Pasó de estar centrado en la zona céntrica, como reclamó Perotti a la Casa Rosada antes de las elecciones del año pasado, a patrullar las zonas más calientes, donde la policía está ausente. Por primera vez se conformó una mesa de análisis criminal, que centraliza la información de las cuatro fuerzas federales y de los centros de monitoreo del 911 y las cámaras del municipio, que en total suman unas 1500. Los resultados, de acuerdo a los indicadores de violencia, por ahora no son positivos.

El 89 por ciento de los crímenes, según el Observatorio de Seguridad Pública, son por enfrentamientos entre grupos criminales. La raíz de la violencia está en un mercado mafioso en expansión, que como recalca el intendente de Rosario Pablo Javkin, se “maneja desde las cárceles”.

Hoy la mayoría de los líderes narco están presos en prisiones federales, como Marcos Paz y Ezeiza. Las segundas líneas están alojados en el penal de Piñero, en las afueras de Rosario, donde el jueves pasado detuvieron a una mujer que pretendía ingresar siete celulares a los pabellones.

En los mensajes de los celulares que se secuestran en las investigaciones aparece ese rasgo característico de un mercado de la muerte rústico y degradado a nivel económico. En una imputación que realizó la fiscal Valeria Haurigot hace dos semanas se trasluce cómo se mueve este tipo de sicarios. Bruno Gabriel P., de 24 años, que quedó detenido, fue convocado casi de forma diaria para realizar “trabajos” para bandas, como la de Alan Funes, preso actualmente en el penal de Ezeiza.

Esta postura displicente de los sectores estatales y una oposición que tampoco exige demasiado frente al fenómeno de la violencia responde al desinterés social: una marcha contra la inseguridad, como ocurrió el 26 de julio pasado, no logró juntar más de 200 personas. Sólo se movilizan los familiares directos de las víctimas -que en su mayoría son de los barrios de la ciudad alejados del centro-, a diferencia de lo que ocurrió con las masivas manifestaciones de agosto de 2016 bajo el lema Rosario Sangra.

Esta semana el grupo que reúne a familiares de víctimas de la inseguridad pintó la siluetas de los fallecidos frente a la gobernación de Rosario para que las marcas de la violencia y el dolor sean más visibles ante una ciudad que naturalizó un fenómeno que dejó este año 172 muertos.

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