En Tucumán. La Justicia federal investigará como desaparición forzada el asesinato de un peón rural a manos de policías
El crimen de Luis Armando Espinoza ocurrió en mayo de 2020, cuando en pleno aislamiento obligatorio por el Covid un grupo de uniformados reprimió a los concurrentes a una carrera de caballos clandestina; el cuerpo de la víctima fue encontrado siete días después en el fondo de un barranco, en Catamarca; hay nueve efectivos implicados
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LA NACION
La Cámara Federal de Casación Penal resolvió que será la Justicia Federal de Tucumán la que investigará, como desaparición forzada de persona, el asesinato de Luis Armando Espinoza, un jornalero muerto por policías de esa provincia en mayo de 2020, durante la fase más dura del aislamiento obligatorio por la pandemia de coronavirus, cuyo cuerpo fue desacartado en un barranco de alta montaña en la vecina Catamarca. El de Espinoza se convirtió en uno de los casos emblemáticos de la brutalidad de las instituciones de seguridad a la hora de hacer cumplir estrictamente la cuarentena tras el estallido del Covid.
Espinoza, un trabajador rural de 31 años y padre de seis hijos, fue asesinado de un tiro el viernes 15 de mayo de 2020 durante un violento operativo policial por una carrera de caballos clandestina en la localidad de Melcho, departamento Simoca, en el sur de Tucumán. La policía de Monteagudo, alertada por el vigía ciudadano de la localidad, Fabio Santillán, llegó hasta el lugar donde se realizaba la cuadrera para hacer cumplir a rajatabla el aislamiento social preventivo y obligatorio (ASPO) decretado por el Gobierno. Los uniformados la emprendieron a golpes contra los concurrentes; al peón rural -según declaró su hermano, herido en la represión- lo arrastraron hasta un monte, se escuchó una detonación y nadie supo más de él allí.
Mientras crecía la indignación en la provincia, se hacían rastrillajes para encontrar a Luis Armando y el juzgado penal de Morteros ponía el foco sobre nueve policías que habían participado del operativo. Cinco días después, el juez provincial Mario Velázquez ordenó que los efectivos involucrados en el asesinato de Espinoza queden detenidos en la cárcel de Villa Urquiza, en la capital tucumana. El pedido de prisión preventiva, por el término de un año, alcanzó al subcomisario Rubén Montenegro; al oficial auxiliar José Morales, de cuya arma reglamentaria salió el disparo que terminó con la vida de Espinoza; a los sargentos René Ardiles y Víctor Salinas; a los cabos Carlos Romano, José Paz, Claudio Zelaya y Miriam González, y al agente Esteban Rojas González.
El 22 de mayo, dos días después de las detenciones, el cuerpo sin vida de Espinoza fue encontrado en la base de un acantilado de 150 metros, en Andalgalá, Catamarca, cerca del límite interprovincial con Tucumán, donde los policías lo arrojaron para intentar ocultar el crimen.
La defensa de uno de los policías imputados solicitó, oportunamente, que la causa pasara a la Justicia federal. El juzgado federal N°2 de la provincia se opuso, y la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán rechazó el planteo a fines de abril de 2021. Pero el fiscal general del distrito, Antonio Gustavo Gómez, apeló ante la Cámara Federal de Casación Penal. En su presentación, explicó que, en el caso se investigaba la responsabilidad de funcionarios policiales en la desaparición forzada de Espinoza, tipo penal que es de competencia federal.
Finalmente, los camaristas Juan Carlos Gemignani, Gustavo Hornos y Eduardo Riggi, integrantes de la Sala III de Casación, hicieron lugar al recurso del fiscal general Gómez, declararon la competencia del fuero federal y remitieron las actuaciones al Juzgado Federal N°2 de Tucumán para que asuma la investigación por la desaparición forzada de Espinoza, según informó el Ministerio Público en su portal institucional fiscales.gob.ar.
Señalaron que en la causa se investigaba “la participación de miembros de las fuerzas de seguridad en hechos de extrema e inusitada trascendencia, que, incluso, podrían ser enmarcados como una grave violación de los derechos humanos” y afirmaron que “la naturaleza de los derechos lesionados y el carácter de los delitos en trato justifican con creces la intervención de la justicia federal”.
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