En Córdoba. Expertos proponen crear una agencia provincial de prevención de la violencia con armas de fuego

CÓRDOBA.- La Unicameral aprobó la nueva ley de seguridad de Córdoba que, entre otros puntos, propicia la participación ciudadana, crea guardias locales de prevención y convivencia para asistir a la policía y habilita la participación de las empresas de seguridad privada en un sistema integrado, a través de servicios tercerizados y con guardias que podrán usar “armas menos letales”, previa a una autorización del Ministerio de Seguridad.

De momento no se incluyó la creación de una Agencia Provincial de Prevención de la Violencia con Armas de Fuego, que fue sugerida por el Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (Ilsed), aunque podría ser instrumentada en la órbita del Ministerio de Seguridad o por una ley complementaria.

Martín Angerosa, integrante del Instituto y miembro fundador de la Red Argentina para el Desarme (RAD), explicó a LA NACION que hicieron la presentación en la comisión legislativa que trató la iniciativa impulsada por el gobernador, Martín Llaryora, y que, aunque no fue incorporada a la norma aprobada, entiende que “puede ser viable” porque la nueva ley plantea la “reaparición” del programa “Córdoba sin Armas”.

En la provincia de Buenos Aires y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hay proyectos para la creación de agencias como la propuesta en Córdoba; en Santa Fe existía una, pero fue eliminada por la nueva administración, según indicó Angerosa.

La idea es que, de ser creada, la agencia sea el órgano encargado de las políticas provinciales de prevención y reducción de la violencia con armas de fuego, “en concordancia” con las acciones de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC).

Debe ir acompañada del “Sistema Provincial Automatizado de Identificación Balística”, como base de datos única de evidencia balística, donde el registro no se limita a las armas institucionales, sino que incluye la totalidad de las armas de fuego. También se establecen procedimientos “claros para el control y registro patrimonial” y, en caso de baja patrimonial, para la destrucción de armas de fuego en poder el Estado.

“No se trata de la fiscalización y registro, sino del desarrollo de estrategias integrales para abordar la violencia mediante el uso de armas de fuego”, detalla Angerosa. Conceptualmente, eso se ajusta a los lineamientos consensuados en el marco del Programa de Acción de las Naciones Unidas para Prevenir, Combatir y Erradicar el Tráfico Ilícito de Armas Pequeñas y Ligeras, del que la Argentina es parte, y está en sintonía con las iniciativas de la Red Internacional de Acción sobre Armas ligeras y de la Red Argentina para el Desarme.

Sobre los porqué de la propuesta, los puntos clave son dos: la “deficiencia institucional” existente para encarar el problema de manera integral y la “magnitud” del problema de la violencia con armas de fuego.

El representante de Ilsed tiene la convicción de que el déficit institucional para abordar el problema no puede ser suplido con propuestas inscriptas en la “demagogia punitiva”, como aquellas que intentan establecer como no excarcelables los delitos de tenencia o portación ilegítima de arma de fuego. Esas iniciativas, entiende, “no ofrecen aporte alguno a la reducción del circuito de armas de fuego ilegales ni inciden sobre la problemática criminal en su conjunto”.

En general, indica, las armas que se utilizan en hechos delictivos tienen, entre otros, dos orígenes: las que son robadas de hogares y la falta de control estatal sobre las armas propias y las incautadas. Angerosa añadió que una de las “fuentes fundamentales” de armas transferidas al mercado ilegal y usadas para cometer delitos son los depósitos judiciales o de los arsenales de la policía o que se encuentran bajo su custodia.

Nueva ley

La ley de seguridad aprobada por el oficialismo cordobés y algunos “aliados” incluye la creación del Instituto de Planificación y Formación para la Seguridad y Convivencia, que tendrá entre sus funciones “proponer programas de capacitación de los integrantes de las fuerzas provinciales de seguridad, de las Guardias Locales de Prevención y Convivencia y de las empresas prestadoras de servicios de seguridad privada”.

Los municipios podrán adherir a las “guardias de prevención”, que podrán “disuadir, prevenir y hacer cesar la comisión de todo tipo de faltas, infracciones o contravenciones provinciales, municipales o comunales, y servir de auxiliares a la Policía”.

Desde la vigencia de la ley será “obligatorio” para los funcionarios públicos y asesores la presentación anual ante el Ministerio de Salud de un certificado negativo de consumo de estupefacientes, que deberá ser expedido por una institución médica que acredite la realización de exámenes de presencia de metabolitos de drogas psicotrópicas ilegales. También se crean nuevas fiscalías en la capital cordobesa y en el interior provincial.

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