En Córdoba. Denuncian presuntas presiones sobre víctimas y testigos del juicio a los policías acusados de matar a un chico
En el proceso por el crimen de Joaquín Paredes, de 15 años, durante la pandemia, hay seis efectivos acusados; cinco están en libertad y viven en Paso Viejo, la misma zona del norte de la provincia en donde residen quienes deben declarar contra ellos
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PARA LA NACIONGabriela Origlia
CÓRDOBA.- Quienes participan del juicio por el crimen del Joaquín Paredes, el adolescente de 15 años muerto por tiros de la policía en Paso Viejo, en el norte provincial, cuando estaba con amigos en una plaza del lugar, viven las audiencias con tensión. Son varios los que aseguran sentirse atemorizados y/o “cohibidos” para contar lo que recuerdan y saben ante la Cámara del Crimen de Cruz del Eje. En ese contexto, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación advirtió al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba que en el juicio oral “se estarían vulnerando derechos de las víctimas, testigos y familiares”.
En una nota presentada a Domingo Sesin, la Secretaría planteó que los hechos ocurridos durante las audiencias ante la Cámara ponen “en serio riesgo la legalidad misma del juicio, además de generar situaciones propias de violencia institucional cuando justamente se está juzgando ese tipo de conductas”.
La causa tiene a seis policías imputados: Enzo Ricardo Alvarado, Ronald Fernández Aliendro, Jorge Luis Gómez, Maikel Mercedes López, Iván Alexis Luna y Daniel Alberto Sosa Gallardo. López es el único acusado como autor material del homicidio. La resolución del caso quedará en manos de un jurado popular.
La Secretaría de Derechos Humanos viene acompañando el proceso y se presentó ante el tribunal oral como amicus curiae y “veedora”, acudiendo en ese carácter a todas las audiencias que se realizan.
Natalia Fernández Medina, una de las veedoras, presentó un informe al director nacional de Políticas contra la Violencia Institucional, Mariano Przybylski, en el que describió que hay “un gran operativo de seguridad dentro y fuera” de los tribunales que genera “amedrentamiento y sensaciones de amenaza a quienes están acompañando el desarrollo del juicio (familiares, jóvenes víctimas, organizaciones, etc.)”.
Contó que, el primer día, personal de Infantería “interceptó” cerca del edificio a un joven de 18 años “víctima y testigo, mientras se dirigía a comprar a un kiosco cercano, interrogándolo sobre qué hacía en el lugar y adónde se dirigía, mientras lo sujetaban de la remera, ahorcándolo, según refirió”.
En el reporte se señaló que desde el tribunal “no se han arbitrado medidas necesarias para generar un espacio cuidado que evite el cruce permanente” entre las víctimas, los familiares de las víctimas y los imputados, “generando situaciones de tensión e intimidatorias para con los familiares de Joaquín Paredes y los jóvenes”.
En esa línea dijo que la madre de Paredes “tuvo que soportar que uno de los imputados se acercara a ella para darle el pésame”.
También dio cuenta de que “ha quedado de manifiesto un trato desigual por parte de la policía, ya se trate de asistentes por parte de las víctimas o de los imputados”, por ejemplo, para el uso de los teléfonos celulares o la inhibición de expresiones que puedan incomodar y/o generar alguna tensión).
La veedora dedicó un párrafo al “tratamiento” de los testigos, en especial de los “jóvenes víctimas, algunos de ellos menores de edad”. Indica que son “llamados a declarar y pasan al recinto entre tres y cuatro horas después, quedando en ese lapso sin acompañantes y esperando con los policías afectados a la tarea en esa sala de espera”.
Además, pese a que habían solicitado que los efectivos imputados no estuvieran en la sala –cinco están en libertad y viven en la zona–, el tribunal “priorizó el derecho” de que se queden “por sobre la situación de vulnerabilidad” de los jóvenes.
En otro apartado, señaló “situaciones de maltrato por parte del tribunal y de los abogados defensores” a los testigos, con expresiones del tipo “‘¿cómo?’, ‘no se entiende’, ‘hable más fuerte’, ‘hable más claro’, ‘¿usted escucha bien?’, que no cesaron en ningún momento”.
“Al declarar el primer joven, el presidente del Tribunal le dio la orden: ‘siéntese derecho’ –añadió–. En algunas ocasiones, la fiscal intentó aclararle al tribunal que son ‘jóvenes’, que ‘quizás estén nerviosos’, que así es ‘su forma de hablar’. Los abogados querellantes plantearon atender las ‘diferencias culturales’”. Muchos de esos jóvenes son de origen rural y extracción humilde.
Por caso, el defensor público pidió adaptar las características de la audiencia para dar lugar a la posibilidad de expresión de los jóvenes “víctimas y testigos”.
Mencionó que en la tercera audiencia, la del 26 de julio, declaró un joven que fue víctima del hecho, menor de edad, y que antes lo había hecho su padre. La veedora pidió que el padre pudiera quedarse, pero “se negó tal derecho”; agregó que “en la mitad de su testimonio, este joven sufrió un ataque de angustia, con un llanto incontrolable que obligó al tribunal a llamar a su padre para que lo fuese a contener”.
Por Gabriela Origlia
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