En una comisaría del conurbano, mujeres sometidas como en un "campo de concentración"
LA NACION
Las 28 mujeres que fueron víctimas de abusos sexuales y vejámenes en la comisaría de La Tablada sufrieron consecuencias "nefastas y traumáticas" tras haber estado detenidas en un sitio y en condiciones similares a las de un "campo de concentración", según lo determinó la Justicia al procesar con prisión preventiva a nueve policías acusados de estos hechos.
Fuentes judiciales informaron a la agencia de noticias Télam que la jueza de Garantías N°1 de La Matanza, Mary Mabel Castillo, coincidió con la acusación planteada por los fiscales que impulsaron la causa, Fernando López y María Julia Panzoni, de la Ayudantía Fiscal especializada en delitos de Gravedad Institucional de aquel departamento judicial bonaerense.
Los fiscales requirieron el procesamiento con prisión preventiva de nueve policías acusados de los delitos de "severidades, abuso sexual con acceso carnal agravado por ser cometido por funcionario de la fuerza policial y vejaciones agravadas", cometidos entre septiembre de 2019 y enero último, en la seccional 3a. de La Matanza, con jurisdicción en La Tablada.
"Habré de compartir lo sostenido por la fiscalía en cuanto a que resultan más que notorias las consecuencias nefastas y traumáticas que los hechos denunciados provocaron en ellas", sostuvo la jueza.
En la resolución, a la que tuvo acceso Télam, Castillo agregó que hubo "situaciones de humillación, abuso, discriminación y destrato, entre otras vivencias que generaron –en mayor o menor medida– sentimientos de indefensión, temor y angustia, siendo la piedra angular de tales diagnósticos, asimilables a los episodios narrados en autos".
La magistrada tuvo en cuenta las declaraciones de los integrantes de los equipos de Inspecciones y Salud Mental de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) que entrevistaron a las víctimas.
"Y ello encuentra asimismo sustento en los testimonios juramentados de los miembros de la CPM, quienes, en alguno de los casos, han sido las primeras personas en tener contacto directo con la situación y las víctimas, al acercarse a la comisaría en cuestión, entrevistarse con las femeninas alojadas, escucharlas y observar las condiciones en que aquellas se encontraban", sostuvo.
Al respecto, uno de los integrantes de la CPM afirmó que al salir del lugar tuvieron "la sensación de que había sido como haber estado en un campo de concentración" y que en 12 años que llevaban recorriendo cárceles y comisarías para inspeccionar el estado de alojamiento "hacía tiempo" que no veían ese "nivel de torturas y vejámenes".
Otra integrante de la CPM declaró que hace ocho años se dedica a escuchar personas privadas de su libertad, pero que lo que había visto en La Tablada "fue terrible, por la magnitud del hecho y la continuidad en las vejaciones".
Según las fuentes consultadas por Télam, el principal acusado es el subcomisario Lionel Gómez, que estaba a cargo de la seccional cuando se produjeron los hechos y fue imputado como "coautor" de los delitos de "severidades, vejaciones y abuso sexual con acceso carnal agravado por ser cometido por funcionario de la fuerza policial reiterados –ocho hechos–, todos ellos en concurso real entre sí".
Dos subinspectores, Javier González y Ángel Reales, fueron acusados como coautores de las severidades y partícipes secundarios de las vejaciones y de los ocho casos de abuso sexual agravado.
A la oficial subayudante Maida Celeste la imputaron como coautora de las vejaciones, en concurso real con los abusos sexuales.
El oficial inspector Cristian Aliaga está acusado de ser partícipe secundario de vejaciones, en concurso real con las violaciones.
Mientras que el comisario Leandro Maidan, el oficial Ariel Pasquale, la oficial Silvina Suárez y la sargento Johana Romero, del Grupo Apoyo Departamental (GAD), fueron señalados como coautores de vejaciones agravadas.
Por su parte, la jueza Castillo negó el pedido de excarcelación de las defensas y dictó la prisión preventiva por la "existencia de riesgos procesales" dada "la posibilidad de que los imputados, en libertad, influyan para que otros coimputados o testigos declaren falsamente o se comporten de forma desleal o reticente en el proceso".
Esa decisión la tomó también por "la objetiva y provisional valoración de las características del hecho, es decir, la pluralidad de víctimas, la calidad de funcionarios policiales, de los sujetos activos y la gravedad de los hechos que se les endilga, caracterizados por un abuso desmedido e ilegal de sus facultades en detrimento y violación de los derechos de las personas detenidas bajo su guarda".
Los voceros dijeron que cuatro de los acusados se encontraban en funciones al momento de ser detenidos, el 13 de mayo pasado, y que los restantes ya habían sido desafectados en enero de este año, cuando la CPM y la Defensoría General de La Matanza denunciaron los hechos y el Ministerio de Seguridad bonaerense dispuso la intervención de la seccional.
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