En Buenos Aires, solo el 3 por ciento de las causas por venta de drogas llegan a juicio

La venta de drogas en los barrios es una de las principales preocupaciones de los vecinos bonaerenses, especialmente por la violencia que se derrama desde esos lugares conocidos como búnkeres. Pese a la repetición de golpes contra las bandas de minoristas de cocaína, no parece encontrarse un dique real para frenar la penetración narco. Por un lado, una parte importante de la explicación sobre el crecimiento de esas bandas tiene que ver con el aumento del consumo. A más demanda, mayor es el negocio. Pero hay otro hecho que tiene incidencia en la consolidación del mercado de sustancias psicoactivas ilegales: la escasa eficacia de las investigaciones.

En la provincia de Buenos Aires solo llegan a juicio el 3 por ciento de las causas iniciadas por infracción a la ley 23.737, que establece los delitos vinculados con la fabricación, transporte, venta y tenencia de drogas ilegales.

Un informe del Ministerio Público Fiscal bonaerense estableció que en 2023 fueron finalizadas 88.310 causas relacionadas con estupefacientes. De esos expedientes, 52.746 se habían iniciado como investigaciones por comercialización de drogas. De ese grupo, el 84,70 por ciento de los casos fue archivado porque no hubo forma de avanzar en la pesquisa ni personas a las que imputar.

Esas causas fueron cerradas basándose en el artículo 268 del Código Procesal de Buenos Aires, que indica: “En caso de que a juicio del fiscal no hubiere prueba suficiente sobre la existencia del hecho o la autoría de él, podrá proceder al archivo de las actuaciones, comunicando la realización de este acto al juez de garantías”.

En concreto, pudo haberse secuestrado drogas en un procedimiento, pero los policías que intervinieron no aportaron finalmente pruebas para sostener una acusación contra sospechoso alguno.

A ese 84,70% debe sumarse 11,85% de los casos que se cerraron durante 2023 cuando las fiscalías desestimaron las denuncias que habían llevado a la apertura de un expediente judicial.

Solo el 3,02 por ciento de los casos llegaron a una elevación a juicio, es decir que la instrucción en esos expedientes tuvo la suficiente solidez como para sostener una acusación ante un tribunal oral. Menos del uno por ciento de los expedientes tuvieron una resolución más expeditiva, con la aceptación de un trabajo comunitario en reemplazo de la expectativa de una pena, la resolución mediante un juicio abreviado o el sobreseimiento del imputado.

En definitiva, se inician muchos expedientes en Buenos Aires por infracciones a la ley 23.737 -abrieron 76.390 causas de esas características el año pasado, según el Ministerio Publico Fiscal bonaerense-, pero una mínima cantidad llega a una resolución positiva para la lucha contra las organizaciones narcocriminales. Y la pelea en el territorio bonaerense tiene un peso decisivo frente al narcomenudeo. Con solo ese 3 por ciento de investigaciones que llegan a juicio se mantenía en prisión al 31 de diciembre pasado a 7567 vendedores de drogas, una cifra importante ya que en todo el país los sistemas penitenciarios federales y provinciales tenían en ese momento algo menos de 13.000 detenidos por narcodelitos.

La baja eficacia de las investigaciones avala la sensación social de que aunque los puestos de venta de droga en los barrios puedan cerrarse unos días después de un operativo, rápidamente volverán a estar operativos.

Desde 2005 Buenos Aires adhiere a la ley 26.052, que permite la transferencia a las provincias de la responsabilidad de lucha contra los delitos considerados -probablemente en forma equivocada- menores en la temática de drogas ilegales. Hace casi 20 años, entonces, que las autoridades bonaerenses políticas, policiales y judiciales tienen directa responsabilidad en el enfrentamiento con el narcomenudeo. Pocos distritos aceptaron la propuesta de desfederalización de la lucha contra los narcos. Rosario, por ejemplo, solo se sumó este año, pese a ser noticia cotidiana hace una década por la violencia del narcomenudeo en sus calles. Esa ley 26.052 había sido impulsada en el Congreso por Buenos Aires.

Ahora habría un cambio de actitud. Hace algunos meses el gobernador Axel Kicillof planteó la intención de retirar a la policía provincial y los juzgados locales de la lucha contra las drogas, con la intención de volver atrás y dejar ese tema solo a fuerzas y fiscalías federales. Para hacerlo necesita los votos en la Legislatura provincial.

La idea central es que se insumen muchos recursos en casos que no avanzan por el colapso de los tribunales frente a la cantidad de expedientes. Frente a eso, la opción expuesta por el gobernador apunta a que solo la Justicia Federal trate temas de venta de drogas. Eso dejaría fuera de investigación toda denuncia de venta minorista de drogas, ya que los juzgados federales deberían optar entre atender esos casos en forma urgente o avanzar en investigaciones sobre redes más complejas. Además, recibirían todos los expedientes abiertos por tenencia para consumo personal, que terminan en archivo, pero que requieren de la actividad judicial.

El documento del Ministerio Público Fiscal bonaerense referido a 2023 señala, en ese sentido, que se cerraron 27.409 expedientes que tenían imputados a los que se había detenido con drogas para consumo personal. En 99 por ciento de esas causas quedaron archivadas.

El uno por ciento de las causas por tenencia para consumo personal que fueron elevadas a juicio tuvieron que ver con la presencia en el expediente de otros delitos no vinculados a la ley 23.737.

La tenencia de drogas para consumo personal fue despenalizada por la Corte Suprema en una causa que se inició en enero de 2006 en esa ciudad, con el arresto de consumidores de drogas, que portaban pocos cigarrillos caseros armados con marihuana. Fue llamado fallo Arriola. Pero no puede un policía en la calle tomar esa decisión, así que ante la presencia de sustancias ilícitas se decomisa la droga y se abre un proceso penal contra el infractor. El caso no prosperará al apelarse a la decisión de despenalizar la tenencia para consumo personal tomada por el máximo tribunal en 2009.

Desde ese fallo aumentó 300 por ciento el consumo de marihuana, según informes de Sedronar. El crecimiento del mercado de cocaína no se sabe, porque durante el gobierno de Alberto Fernández se cambió el sistema en la medición del consumo de esa droga para impedir la comparación con años anteriores.

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