Empezó el juicio por la causa de Itatí, pero la fiscalía negocia con arrepentidos

Uno de los más importantes juicios por tráfico de drogas comenzó ayer con una particularidad que hace incluso más emblemático este caso: una parte importante de los acusados mantiene negociaciones con la fiscalía para declararse culpables y conseguir una reducción de las condenas. Uno de los principales imputados, en cambio, mantendría su posición de dejar su destino al debate en el tribunal, por lo que las audiencias se prolongarían más de un año con la presencia de 240 testigos.

Aquello que se escuche alrededor de la actividad de Natividad Roger Terán podría tener un peso especial no solo en esta causa, sino en las investigaciones y los análisis sobre la penetración narco en la Argentina y su capacidad de corromper a funcionarios. Terán fue detenido mientras se desempeñaba como intendente de Itatí. La pesquisa judicial empezó a volver visible una organización criminal que se apoyaba en cargos públicos para transformar a esa zona correntina en un centro de acopio de marihuana y el eje de distribución de drogas a siete provincias.

Además de Terán y del viceintendente Fabio Aquino, fueron llevados ante el tribunal otros 34 imputados. El debate, que se desarrolla en la sala AMIA del edificio de Comodoro Py 2002 de Retiro, comenzó con la lectura del requerimiento de elevación a juicio formulado por el fiscal Carlos Stornelli, en el que se sostuvo la existencia de una organización que se valió de cobertura municipal y de fuerzas de seguridad para cometer delitos. "Estén muy atentos a la lectura de la acusación", les dijo a los imputados el juez del Tribunal Oral Federal (TOF) 3, Javier Ríos, que encabezó el debate acompañado por sus colegas Andrés Basso y Fernando Machado Pelloni.

En tanto se cumplía la primera parte de la lectura de la acusación -se pasó a un cuarto intermedio hasta el miércoles próximo-, un grupo de imputados profundizaba las tratativas con el Ministerio Público Fiscal para acordar penas a cambio de confesar en un juicio abreviado.

Se trata de Teodoro López, Juan Vicente Galeano, Sergio Alfonzo, Alejandro Piris, Mario Molina, Eduardo Correa, Franco Rodríguez, Federico Marín y Jorge Espinosa. Fuentes judiciales informaron a Télam que las posibilidades de negociación con el fiscal Juan García Elorrio finalizarán una vez que termine la lectura de la acusación y quede formalmente iniciado el juicio, que podría durar más de un año por la cantidad de testigos.

El abogado Guillermo Rojas Buselatto, defensor del acusado Carlos Bareiro, dijo a Télam que continúan las conversaciones, pero que quienes se niegan a admitir culpabilidad son Terán, Aquino, el abogado Omar Serial y el comandante de Gendarmería Gabriel Alcaraz.

La investigación comenzó en 2014 y el llamado "Operativo Sapucay" se realizó en 2017 por orden del juez de la causa, Sergio Torres, quien inició la investigación para saber cómo se abastecían las bandas de narcomenudeo porteñas y que desde ese punto de partida llegó a Itatí.

Tras ese procedimiento quedaron identificadas tres organizaciones que trasladaban varias toneladas de marihuana desde allí a siete provincias, lideradas por Carlos Bareiro, Federico "Morenita" Marín y Luis "el Gordo" Saucedo, quien aún permanece prófugo.

En tanto, entre los 24 agentes de seguridad acusados se encuentran efectivos de la Prefectura Naval Argentina, jefes policiales y agentes de esa localidad correntina, miembros de la Policía Federal Argentina y el segundo comandante del destacamento local de la Gendarmería Nacional. Según la investigación, habrían jugado distintos roles que permitieron el ingreso de los estupefacientes desde Paraguay hacia Itatí y su salida desde allí a la ciudad de Buenos Aires y a otros destinos como Santa Fe y Córdoba.

Según la acusación fiscal, la banda "se valió de personas en cargos públicos" para lograr moverse con total impunidad, como fue el caso del intendente de Itatí y su vice Aquino. En el requerimiento de elevación a juicio, se remarcó que ambos "se encargarían de coordinar parte de las maniobras destinadas a la movilización de los narcóticos y de oficiar a favor de los miembros de la asociación para lograr su impunidad", y también se dedicarían a "movilizar el dinero obtenido como consecuencia del accionar delictivo".

Un jefe narco permanece prófugo

Luis Saucedo era inspector municipal en Itatí desde 2012 y cobró hasta 2016 un subsidio del plan Programa Hogar destinado a la compra de garrafas sociales. Hoy está prófugo y es señalado como uno de los principales jefes narco. Es apuntado incluso como el cabecilla de la organización a la que habrían respondido el jefe y el vicejefe comunal de esa ciudad correntina. La banda de Saucedo manejaba una flota de 23 automóviles de alta gama, entre ellos dos Mercedes-Benz (modelos Sprinter y Compressor), un BMW 116I, tres Ford Ranger y cinco Toyota Hilux, entre otros. El Gordo o Lucho, como llaman a Saucedo en Itatí, vivía en una casa de dos plantas en la ribera del río Paraná, frente al edificio de la Aduana.

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