Emergencia penitenciaria: reunión clave en el Gobierno para buscarle una solución a la superpoblación carcelaria

El ministerio de Justicia y Derechos Humanos realizó hoy la primera reunión de la Comisión de Emergencia en Materia Penitenciaria, informó el propio Ministerio en un comunicado. La reunión se realizó luego de dictarse la resolución 184/2019, que declaró la emergencia penitenciaria por tres años en todo el país, "a raíz del incremento de la población carcelaria, que supera en un 12% la capacidad operativa de alojamiento ideal, de 12.235 plazas", según indicaron.

El encuentro tuvo por objetivo analizar la situación actual del Servicio Penitenciario Federal (SPF) y ayudar a elaborar políticas públicas tendientes a resolver el déficit habitacional y mejorar las condiciones de privación de la libertad.

"Les pedimos que nos acompañen y aporten ideas para enfrentar este momento crítico. El acompañamiento es entender la emergencia penitenciaria, que viene de arrastre y tiene una curva creciente. Hay un plan, hay una visión, necesitamos que nos acompañen. Ustedes son los actores claves", señaló Santiago Otamendi, secretario de Justicia, que estuvo acompañado por el subsecretario de Asuntos Penitenciarios y Relaciones con el Poder Judicial, Juan Bautista Mahiques, y por Emiliano Blanco, titular del SPF.

"Creo que el Poder Judicial debe hacer un mea culpa. Hay situaciones desafiantes que hay que atender todos los días. Estamos en una situación de emergencia y tenemos que ponernos de acuerdo entre todos los actores del sistema y tirar para el mismo lado. La situación penitenciaria del país está así por responsabilidad de todos", dijo Mahiques.

Entre los temas tratados se destacan los proyectos de nuevas plazas, la necesidad de sumar móviles para el traslado de detenidos, la situación de la U28 que funciona en el Palacio de Justicia y la aplicación de medidas alternativas a la prisión.

Otamendi y Benegas detallaron distintas políticas que impulsa el Ministerio, como la aplicación de medidas alternativas a la pena privativa de la libertad para grupos vulnerables (mujeres embarazadas, adultos mayores, personas con problemas de salud o con discapacidad) mediante la utilización de dispositivos de vigilancia electrónica. Actualmente se han entregado 2.800 dispositivos: 817 a las justicias nacional y federal, 1.953 a las justicias provinciales y 30 al SPF.

Durante el encuentro se decidieron grandes inversiones en infraestructura carcelaria, como la construcción del Complejo Federal de Condenados de Agote en Mercedes, provincia de Buenos Aires; el Centro Federal Penitenciario Argentino de Coronda, en la provincia de Santa Fe; y las ampliaciones del Complejo Federal de Marcos Paz y de la Unidad 34. Entre todas sumarán 2.000 plazas.

Asimismo, se avanza en la relocalización del Complejo Devoto y su traslado al nuevo Complejo Penitenciario Federal V de Marcos Paz, que tendrá capacidad para 2.240 internos (suma 270 plazas a la capacidad actual) y se inaugurará en abril de 2021.

Entre las acciones concretadas se destacó el acuerdo con la provincia del Neuquén, por el que se decidió trasladar a los detenidos de la Prisión Regional del Sur (U.9) al Complejo Penitenciario de Senillosa, que derivó en un incremento de 394 plazas. También se avanza en la obra del Centro Federal Penitenciario de Cuyo, en la provincia de Mendoza, que cuenta con 352 plazas. Será inaugurado a fines de este año y tendrá un total de 1.072 plazas.

Además, se emprendieron acciones destinadas a localizar inmuebles para ser readecuados para el alojamiento de personas privadas de la libertad. En este sentido, se identificaron dos predios militares en desuso en las provincias de Santa Fe (en Fray Luis Beltrán) y Tucumán (Las Talitas), que sumarían 629 plazas.

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