El tribunal criticó a la fiscal del caso Lucía Pérez y pidió que se la investigue

MAR DEL PLATA.– Ni femicidio ni abuso sexual. La muerte de Lucía Pérez, uno de los casos que más expectativas y conmoción generó con respecto a la violencia de género, quedó en condenas para dos de los tres acusados, pero solo por venta de estupefacientes. Los jueces desestimaron la hipótesis más escabrosa, que hablaba de violación y un sufrimiento de la víctima hasta su deceso, y la atribuyeron a lo que denominaron la "versión Sánchez", en alusión a la primera fiscal de la causa. El Tribunal, al desacreditar la hipótesis del crimen de crueldad inusitada que motivó el primer Paro Nacional de Mujeres, en octubre de 2016, expuso una durísima crítica a la representante del Ministerio Público y pidieron que sea investigada por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público.

"La fiscal María Isabel Sánchez movilizó a un país. Y movilizó a un país a partir del dolor y del horror derivados de una mentira", afirmó en su voto del fallo el juez Facundo Gómez Urso, que la acusó de haber presentado pronto, y en conferencia de prensa, "un hecho atroz" que "no hizo más que provocar indignación".

"Expuso sin ningún tipo de tapujos que la menor Lucía Pérez, de 16 años, había fallecido producto de una agresión sexual inhumana provocada por un empalamiento anal, despertando de esa manera una serie de reacciones de lo más dolorosas, fundamentalmente para los padres de la menor, que hasta el día de hoy tienen que llevar a cuestas esta horripilante historia surgida de la propia imaginación de la doctora Sánchez", sostuvo el juez Aldo Carnevale al referirse a aquel informe que la fiscal hizo conocer a la prensa cuando la causa daba sus primeros pasos.

El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°1 marplatense, que completa Pablo Viñas, sostuvo que desde entonces "Lucía pasó a ser sinónimo de empalamiento" y se preguntó "¿quién puede quitarse semejante imagen de su cabeza?", al fundamentar el fallo con el que ayer condenaron a Matías Farías y a Juan Pablo Offidani a ocho años de prisión por la venta de estupefacientes y no por femicidio. El tercer imputado, Alejandro Maciel, fue absuelto.

Gómez Urso cuestionó, además, que Sánchez no haya ido al lugar del hecho ni a la comisaría a tomar las primeras medidas del caso. También, que la fiscal no haya recorrido la zona que vinculaba los domicilios de los tres imputados para confirmar o descartar datos, que no hubiese ido a ningún allanamiento ni a la autopsia y que se haya ido de vacaciones a los pocos días de haber promocionado un caso de "muerte de una adolescente de 16 años por empalamiento con un sufrimiento inhumano".

"Ni siquiera fue al debate oral a sostener su hipótesis", sostuvo el juez, que se preguntó: "Si un caso así no la impulsó a comprometerse personalmente, ¿cuál la impulsaría?".

Sánchez estaba de turno cuando el 8 de octubre de 2016 se conoció la muerte de la chica. Horas después convocó a medios locales y nacionales –había prensa de todo el país cubriendo el coloquio de IDEA– para describir un caso de violación seguida de muerte que relacionó con el dolor sufrido por la menor ante semejante violencia.

"Si la fiscal Sánchez se hubiese desempeñado con compromiso, vocación, profesionalismo, competencia e idoneidad este proceso no habría generado en la sociedad la expectativa de una condena ejemplar ni obligado a los operadores judiciales a dar explicaciones forzadas por algo que jamás sucedió como ella lo anunció", insistió Gómez Urso.

El mismo juez advirtió que si los hechos hubiesen ocurrido "del modo imaginado" por la fiscal "no caben dudas, y este tribunal ha dado muestras de ello", de que hubiesen impuesto "severas penas, notoriamente incrementadas por las circunstancias agravantes derivadas del 'relato' de Sánchez".

Los integrantes del tribunal se anticiparon a las críticas que reciben desde ayer y sostuvieron que "una absolución, en tal escenario [el planteado por la fiscal] se vería como una injusticia propia de jueces garantistas".

Los magistrados ordenaron que se remita copia del fallo a la Procuración General bonaerense para que revise si la fiscal Sánchez incurrió en incumplimiento de deberes de funcionario público. Y lo mismo solicitó a la Fiscalía General departamental, para que determine si cometieron similar delito la médica forense Claudia Carrizo y el auxiliar eviscerador José Luis Badami. A Carrizo, en el fallo, los jueces le atribuyeron una intervención "irreflexiva y poco profesional". A Badami lo calificaron como simplemente "impresentable".

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