El tirador de Belgrano: a 15 años del crimen, la familia de la víctima dice que la Justicia no hizo nada y que el Estado tiene una deuda con la ciudadanía

Alfredo Marcenac fue asesinado a balazos cuando caminaba por la avenida Cabildo al 1700, en Belgrano. El crimen, protagonizado por Martín Ríos, ocurrió el 6 de julio de 2006. Quince años después del homicidio, la familia de la víctima sostuvo que la Justicia no hizo nada por él ni por ellos, y el Estado está en deuda con la ciudadanía en cuanto al control de las armas de fuego.

“El dolor por la ausencia de Alfredo fue, es y será para siempre nuestro, pero la responsabilidad por este crimen y por tantas muertes provocadas por el descontrol de las armas de fuego en nuestro país fue, es y será del Estado y de sus funcionarios. Al respecto, es oportuno mencionar que pocos son los legisladores de los distintos bloques políticos que han mostrado interés y voluntad para ocuparse de este tema, central para la seguridad democrática”, reza un comunicado firmado por la familia Marcenac.

Hace cinco años, poco antes del décimo aniversario del brutal homicidio, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la decisión del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) porteño N°26 que había dictado el sobreseimiento de Ríos por su eventual inimputabilidad por cuestiones mentales, en un segundo juicio y ordenó el alojamiento de Ríos en el hospital neuropsiquiátrico del Servicio Penitenciario Federal (SPF).

“El 6 de julio de 2006, nuestro hijo fue asesinado por Ríos, legítimo usuario de armas de fuego, quien disparó contra un grupo de personas que caminaba por la avenida. Hirió también a otras 11 personas. Era el cuarto ataque de este asesino: la primera vez disparó contra un colectivo; la segunda, contra personas que estaban sentadas en una confitería, y la tercera, contra un tren. Todos los hechos fueron cometidos en la misma zona, pero no se investigaron o se investigaron mal”, se afirmó en la primera parte del comunicado conocido hoy.

Y agregaron: “Antes y después del crimen de Alfredo se puso de manifiesto la ausencia, ineptitud y la falta de responsabilidad del Estado para proveer seguridad y justicia a la ciudadanía. Antes, porque el Renar (el ex Registro Nacional de Armas) autorizó a un potencial asesino la tenencia de armas de fuego, sin evaluar sus condiciones psíquicas violentas, y la fiscalía no hizo ninguna investigación seria sobre los tres ataques anteriores que cometió el asesino. Y después del crimen, porque tanto la evaluación pericial como el proceso judicial estuvieron plagados de errores y trampas que permitieron que Ríos fuera declarado inimputable”.

Concluyeron los Marcenac: “Lo grave es que detrás de este hecho que parece ser individual se esconden dos problemas sociales muy graves que pueden afectar a muchas otras personas en nuestro país: la ausencia de políticas públicas en materia de armas de fuego y la incapacidad del sistema judicial argentino para impartir justicia. El primero, porque la falta de control de las armas de fuego ocasiona entre 7 y 8 muertos y más de 35 a 40 heridos por día. Y el segundo, porque deja desamparadas a las víctimas ante hechos graves como los homicidios, sin encontrar o condenar a los culpables. Porque cuando el control del Estado no funciona y el sistema judicial tampoco, el caos social y la justicia por mano propia se convierten en una amenaza preocupante y posible”.

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