El teléfono (y la perseverancia) de un periodista permitió romper una red de robo de celulares

El 8 de octubre pasado, al periodista Gabriel Levinas le robaron su iPhone 15 Pro Max en la zona de Once. Hizo la denuncia el mismo día en una comisaría de la Policía de la Ciudad en el barrio de Balvanera.

Pero no dejó las cosas ahí. Una semana después se presentó en una dependencia de la Policía Federal Argentina para advertir que la noche anterior el geolocalizador del móvil se había activado en la Terminal de Ómnibus de Retiro. Aportó el historial completo del registro del GPS de su iPhone desde el momento en que se lo robaron hasta que se activó en la terminal.

Poco después, el celular “comenzó a moverse”. En el mapa virtual lo vio pasar por Corrientes y Chaco para continuar hacia Formosa. Seguía en tiempo real el recorrido del teléfono que le habían robado. Ante la flagrancia, la Justicia ordenó interceptar un ómnibus de larga distancia que se dirigía hacia la ciudad de Clorinda, en la frontera con Paraguay. En la requisa no solo se encontró el teléfono del periodista, marchand y coleccionista de arte: también se secuestraron 17 iPhone último modelo y fueron detenidos los dos pasajeros que los tenían en su poder.

Ese 16 de octubre comenzó una investigación que derivó en el arresto de otros 17 sospechosos, acusados de integrar una “organización con fines delictivos, con permanencia en el tiempo y división de roles y funciones entre sus miembros”. La semana pasada, la jueza en lo criminal y correccional porteña Alejandra Provítola, a cargo de la investigación, ordenó 34 allanamientos simultáneos en los que fueron secuestrados 1134 teléfonos celulares de diferentes marcas y modelos, 200.000 dólares y casi 20.000.000 pesos. En la causa, el Ministerio Público está representado por la fiscal Paula Asaro.

“Profundizada la investigación, los funcionarios establecieron el funcionamiento de una megabanda criminal dedicada a la sustracción, transporte y comercialización de equipos de telefonía celular, tanto en nuestro país como también en territorio extranjero”, explicaron desde la Policía Federal en un comunicado de prensa, que resaltó el trabajo hecho por personal de la División Unidad Operativa Federal Formosa y por detectives del Departamento Inteligencia Contra el Crimen Organizado de la fuerza.

La banda, según consta en el expediente judicial, al que tuvo acceso LA NACION, operaba en la ciudad de Buenos Aires y en las provincias de Corrientes, Chaco y Formosa. “La actividad de la organización se desarrollaba en etapas concatenadas y simultáneas, repartiéndose los consortes los roles según las mismas”, sostuvo la jueza Provítola en una reciente resolución.

La primera etapa se centraba “en el desapoderamiento ilegítimo de teléfonos celulares de diferentes marcas y modelos, pero especialmente de último lanzamiento comercial, cometidos en la vía pública o en lugares de acceso público, especialmente en las zonas de Once y de la Facultad de Medicina”, explicaron fuentes de la investigación.

Los teléfonos celulares eran robados bajo las modalidades de “arrebato” o “pungueo”. Los golpes de la banda criminal se concretaban en momentos y lugares de alta circulación de personas en la vía pública.

Acopio y desbloqueo

Después, los teléfonos celulares sustraídos eran llevados a distintos comercios y viviendas de la ciudad de Buenos Aires, donde otros integrantes de la banda los acopiaban.

“Los delincuentes utilizaban distintas herramientas para abrir los móviles, desarmarlos o reacondicionarlos, desplegando distintas técnicas de manipulación informática sobre los mismos, con el objeto de lograr su desbloqueo o ‘blanqueo’. Utilizaban software y hardware de distintos años, marcas y modelos con los que podían desplegar actividades de contacto con las víctimas a partir de maniobras fraudulentas o engañosas (por chat o redes sociales) destinadas a obtener de los mismos sus códigos o claves de acceso para eliminar sus rastros de ilicitud y comercializarlos”, según se desprende del expediente judicial.

Los teléfonos que no eran puestos a la venta en la ciudad de Buenos Aires o en locales de la provincia de Buenos Aires eran enviados en ómnibus a Corrientes, Chaco y Formosa. No se descarta que muchos de los celulares robados hayan sido sacados del país por pasos fronterizos ilegales, para, eventualmente, reingresarlos desde Paraguay como equipos “reacondicionados”.

Para “trasladar” los teléfonos robados a Chaco, Corrientes y Formosa, los integrantes de la red delictiva contaban con la colaboración del encargado de una empresa de ómnibus de larga distancia y de los choferes que llevaban a los pasajeros con la “carga oculta”.

“En muchos casos los imputados se habrían contactado telefónicamente con el encargado de la empresa, que en connivencia y conocimiento de la actividad de la organización (luego recibía un porcentaje de las ganancias) autorizaba los viajes o traslados en los ómnibus que viajaban ida y vuelta de la ciudad o la provincia de Buenos Aires hacia el litoral del país con los equipos de procedencia ilícita en su poder. Para ello, aprovechaban los lugares, asientos o bancas vacías de los micros”, consta en el expediente. Así, no quedaban registros de quiénes eran los pasajeros que llevaban los teléfonos celulares robados.

“La prueba permite presumir que desde la Terminal de Micros de Clorinda, los sospechosos viajaban en auto hacia los pasos fronterizos con Paraguay para llevar teléfonos celulares robados en la ciudad de Buenos o para buscar móviles para traer de contrabando y venderlos en territorio argentino”, explicaron fuentes judiciales.

La investigación no terminó. Los detectives de la PFA que participan de la pesquisa buscan a ocho integrantes de la red de ladrones y traficantes que, por el momento, están prófugos de la Justicia.

Desde la Policía Federal afirmaron que también se determinó que una mujer ingresaba en la Argentina teléfonos celulares robados en Paraguay para ser distribuidos en Ingeniero Budge, partido de Lomas de Zamora, donde está la megaferia informal La Salada, donde los clientes, muchas veces, compran sin preguntar procedencia.

Los dos sospechosos detenidos el 16 de octubre pasado cuando viajaban en ómnibus hacia Clorinda con el teléfono celular de Levinas y otros 17 iPhone en su poder ya fueron procesados con prisión preventiva. En los próximos días, la jueza Provítola definirá la situación procesal de los otros imputados arrestados, explicaron fuentes de la causa.

“El rédito económico derivado de las maniobras hasta ahora detectadas, su rédito subyacente y el posterior se alzarían hasta ahora en una suma aproximada de más de 1.000.000 de dólares, conforme al valor de mercado promedio de los distintos efectos recuperados y del dinero en efectivo en distintas denominaciones y monedas incautado”, reza el expediente judicial.

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